"Los miembros de la comunidad académica estamos
asistiendo a un escándalo sin precedentes, con la presidenta de la
Comunidad de Madrid perseguida por un caso de corrupción que afecta de
manera nodular a su condición de cargo institucional, de representante y
de figura pública.
El futuro de la universidad pública y la ciencia en
España estará condicionado por cómo se resuelva esta crisis, que va más
allá del caso concreto y el nivel estrictamente gubernativo. No podemos
quedarnos esperando que otros lo hagan por nosotros, dejando que una vez
más la política se vacíe de contenido y vivamos degradados en la
judicialización de nuestra convivencia.
El comportamiento de Cristina Cifuentes es reprobable por motivos
sobrados, pero especialmente porque instituye la impunidad. El mensaje
que está enviando es que una conducta inmoral, fraudulenta y hasta
delictiva tiene réditos y puede eludir las sanciones públicas e incluso
las judiciales. Es en definitiva una llamada a la generalización de la
corrupción por todo el cuerpo social, y en un asunto vital como la
formación para la sociedad del conocimiento.
Al comienzo de la crisis la universidad salió a la calle
a protestar por los recortes: lo hizo en masa, como comunidad, y supo
mostrar a los destructores de lo público su rechazo colectivo a la
austeridad impuesta para fines espurios, denunciando la creciente
dificultad de acceso de las capas menos favorecidas a la educación
superior. Pero la universidad y los centros públicos de investigación
venían arrastrando una serie de conflictos internos de gran calado, que
permanecían invisibles, o más bien invisibilizados durante décadas.
Al
igual que otros sectores, la I+D+i española ha tratado de soportar la
crisis como ha podido; pero en este caso, detrás de lo que parecía
simplemente ajustarse de forma colectiva a los recortes, se ha producido
un reparto muy desigual de los costes y esfuerzos, según criterios tan
poco científicos como la jerarquía y la antigüedad, y exacerbando la
endogamia heredada.
Las autoridades universitarias y
científicas han centrado sus quejas en la falta de financiación, pero en
buena medida se han acomodado a relatos autocomplacientes sobre la
excelencia.
En nuestras plantillas universitarias y científicas seguimos
teniendo los salarios más bajos y las peores condiciones laborales de
Europa, con una explotación sistemática de los investigadores precarios y
profesores bochornosamente mal remunerados (al punto de dejarlos sin
paga durante las vacaciones o a cobrar la tercera parte de un profesor
funcionario por el mismo trabajo) con la aquiescencia de los rectorados y
departamentos; los sindicatos por su parte tampoco han denunciado
convenientemente la amortización de las plazas de profesorado jubilado
(que aumentan las cargas de trabajo docente y de tareas administrativas
en paralelo a la reducción de las plantillas de este tipo de personal).
Las movilizaciones de asociados e investigadores precarizados han tenido
que hacerse también desde la precariedad de organización y apoyos.
Al estallar -gracias a la prensa vigilante- el “caso Cifuentes”, han
tenido que ser los estudiantes, minorizados en la representación,
marginados en la gestión universitaria y primeros perjudicados por toda
esta pantomima, quienes con su iniciativa han impedido que la
universidad en cuestión dé carpetazo rápido al asunto. El problema es el
resto de los miembros de la universidad, de la Rey Juan Carlos de
Madrid y de todas las demás del Estado.
¿Qué tiene que suceder para que
los profesores universitarios y científicos españoles, que dedican su
actividad social a señalar los problemas y retos de la sociedad y
estudiar las soluciones mejores, admitan que su propio entorno laboral
merece al menos la misma atención crítica que los asuntos a los que
dedican su actividad profesional?
Las
interpretaciones que hasta ahora han circulado no dan en el clavo ni
muestran ambición explicativa suficiente. Dejarlo todo en unas cuantas
“manzanas podridas” excepcionales es de un eufemismo miope: las
prácticas de corrupción y tráfico de influencias que sustentan este caso
son bien conocidas por cualquier académico. No son una excepción sino
prácticas corrientes.
Lo que sucede es que nadie habla de ellas en
público y muchos prefieren no admitir su proliferación. No se resolverán
además con más financiación: si hoy aumentasen los presupuestos en
docencia e investigación, volverían a beneficiar a determinados sectores
acomodados, y no lograrían reorientar las tendencias impuestas en la
educación superior hacia modelos de gestión privada que además esconden
favoritismos injustificados.
Es necesario romper el
cerco de manipulación interesada, de silencio cómplice y de aquiescencia
pasiva que mantiene a la comunidad académica bajo un poder oligárquico.
Y tiene que ser ahora. No hay duda que con el PP se han traspasado
algunas de las propias líneas rojas de este modus operandi,
y en estos años de su gobierno la corrupción académica ha sido elevada a
un sistema institucional de actividades ilegales al servicio del diseño
de carreras académicas fraudulentas para futuros cargos de la
administración y figuras políticas y de la empresa privada.
Pero el
formato es muy anterior: ni siquiera arranca del Plan Bolonia instaurado
hace una década. Resulta muy socorrido identificar las irregularidades
en la gestión de la I+D con la lógica de privatización del
neoliberalismo; pero antes de la privatización, estuvo, ha estado y está
la patrimonialización de lo público.
Es ese aprovechamiento oligárquico
y patrimonial de lo público por agentes individuales y colectivos lo
que primero degrada los bienes comunes, sirviendo en bandeja los
argumentos a favor de la privatización.
Es también el
caldo de cultivo de una cultura que acosa a quienes intentan resistirse
a su poder de imposición o seducción, y que se hace manifiesta a cada
tanto, desde la selección y promoción del profesorado hasta el
funcionamiento de las agencias de evaluación (justo en este mismo
período la ANECA, agencia de ámbito nacional, ha impuesto un sistema de
acreditaciones cada vez más cuestionado a nivel internacional y que
aguarda aún una auditoría externa por posibles irregularidades) pasando
por los rectorados con sobrerrepresentación de profesorado funcionario y
llegando hasta las secretarías de educación de los gobiernos autónomos y
ministerios estatales, las cuales han abandonado cualquier perspectiva
acerca de los fines colectivos y sociales de la universidad y el CSIC
que no comporte su subordinación a medidas arbitrarias de corto plazo o a
subrepticios intereses privados.
La universidad se
está convirtiendo en el trampolín para todas las “puertas giratorias”
futuras de los corruptos. Está en juego impedir que tras el discurso que
ensalza el capital humano lo que predomine en nuestra sociedad sea el
capital social, las relaciones personales, el mundo de la deferencia
hacia el poderoso y las irregularidades, por no hablar de la impunidad
que heredamos de la dictadura para tantas otras cuestiones.
No debemos consentir nada de esto. Reclamamos la dimisión inmediata de
Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid, antes y
sin tener que esperar a ninguna investigación. El esclarecimiento de
responsabilidades penales seguirá su curso, pero como ciudadanos
exigimos responsabilidades políticas máximas ya, y entre ellas también
la dimisión del equipo rectoral de la URJC por las dudas que ha sembrado
en la gestión de este escándalo.
Pero no podemos
aceptar que la solución a esta enorme crisis quede reducida a poner un
parche más a un gobierno acorralado por la corrupción.
Y como
profesionales tampoco nos vamos a dejar tentar por una nueva respuesta
corporativa, que en nombre de la defensa de lo público vuelva a
postergar durante años los problemas acuciantes que arrastra este sector
clave para el futuro pero que en la práctica viene expulsando del país a
una generación entera de investigadores y docentes de calidad.
Hay que empezar por admitir que todos hemos convivido con esa cultura
del favor, de la relación personal, la jerarquía impuesta de manera
arbitraria, de la irregularidad para favorecer a este candidato o
perjudicar a aquel, de la lucha banderiza de grupos organizados: una
cultura de la endogamia y la corrupción que a menudo se sitúa por encima
de adscripciones ideológicas y es reproducida de forma cotidiana por
muchos en la universidad, a pesar de la resistencia de tantos otros, que
en cambio no suelen contar a su favor con los vínculos exteriores que
vienen asegurando y extendiendo su hegemonía.
Pero hemos dicho ¡Basta!
No queremos continuar conviviendo con esas prácticas, no estamos
dispuestos a que la mancha de la corrupción, la irregularidad y la
ilegalidad campen por sus respetos en las universidades y centros de
investigación: es hora de hablar públicamente de los conflictos de
calado que atraviesan el espacio académico, cuyo silencio impide el buen
uso de los servicios públicos.
Estamos hartos del secreto a voces sobre
la desigualdad en el trato y el favoritismo, de la corrupción que no
deja huella documental, de la falta de transparencia y la imposibilidad
de obtener justicia al denunciar abusos y de la represalia como amenaza y
respuesta.
Estamos hartos de la impunidad y convocamos a todos los
profesores e investigadores a expresar repulsa por la situación de la
I+D+i, en contra de la corrupción y a favor de la democratización de la
gestión del capital humano en nuestras universidades y centros de
investigación. Hay muchas maneras de hacer esto: este manifiesto es solo
una de ellas, que aspira a dar inicio un ciclo de reflexión crítica y
movilización que incluya en primer término los problemas de
funcionamiento interno del mundo académico en todo el estado.
Necesitamos abrir una nueva etapa. Apoyar esta lucha es no querer ser
cómplice de otro gran fraude en la historia de la universidad pública
cuyas secuelas pueden arrastrase durante años, cargando de nuevo sobre
los más jóvenes por venir.
Firman lo siguientes profesores universitarios:
Pablo Sánchez León (Universidad del País Vasco), Aránzazu Sarría Buil (Université Bordeaux-Montaigne), Leopoldo A. Moscoso (Sociólogo y politólogo. SPO-Consulting), Ariel Jerez Novara (Universidad Complutense de Madrid), Germán Cano Cuenca (Universidad de Alcalá de Henares), José María Portillo Valdés (Universidad del País Vasco), Luis Martín-Cabrera (University of California, San Diego), Luis Moreno-Caballud (University of Pennsylvania), Francisco Maturana (Universidad Complutense de Madrid), Igor Sádaba (Universidad Complutense de Madrid), José María Imizcoz (Universidad del País Vasco), Juan Carlos Moreno García (CNRS, Université Paris-Sorbonne), Alejandro Pérez-Olivares (Université de Lyon), Alfredo González Ruibal (INCIPIT-CSIC). Brice Chamouleau (Université Paris 8), Pablo Pacheco Ferrer (doctorando, UDIMA), Ramiro Feijóo Martínez (Washington University in St. Louis, España), Marisa González de Oleaga (UNED), Germán Labrador Méndez (Princeton University), Ángel Gordo (Universidad Complutense de Madrid), Jaime Pastor (UNED, profesor colaborador honorífico), Esther Pascua Echegaray (UDIMA), José María Iñurritegui (UNED), Mariana Ruiz de Lobera (Socióloga), Pablo López Calle (Universidad Complutense de Madrid), Julio A. Pardos Martínez (Universidad Autónoma de Madrid) y Alain J. Santos Fuentes (Universidad del País Vasco)." (eldiario.es, 17/04/18)
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