24.1.18

Un estudio oficial cuantifica en 90.000 millones la factura de la corrupción

" El senador territorial y portavoz de Compromís, Carles Mulet, calificó de "irresponsables" y "malos gestores" a los representantes del Gobierno español que ocultan, o por lo menos en una respuesta parlamentaria aseguran desconocer, el coste que para el erario público ha tenido la corrupción urbanística en nuestro país, "por lo que, entendemos, poco o nada han hecho para recuperar todo este dinero que no llega a los ciudadanos y les supone de facto un impuesto añadido a su día a día, para que acabe por la puerta de atrás en manos de corruptos y corruptores".

       Estudios de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), sin embargo, cifran en 90.000 millones de euros al año el coste de estos delitos en España. Más de la mitad, el 4,5% del PIB procede de sobrecostes por deficiencias de control según expertos de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Ello supone 500 euros por ciudadano, implica recortes a nuestro estado del bienestar y "no puede ni debe quedar impune, por lo que el Gobierno tiene la obligación moral de tratar de cuantificar y recuperar ese dinero, por mucho que buena parte de los casos afecten a su partido político", ha agregado Mulet.

     Según Compromís "los ciudadanos exigen el fin de las cajas B, de noticias tan sonrojantes como que las obras en la sede del PP se pagaron en negro o que, en la trama Gürtel estuviera implicado siempre presuntamente, el Gobierno de Francisco Camps", por eso "defraudan tanto respuestas como que es imposible facilitar una información por el hecho que no disponen del dato solicitado por los senadores de la coalición".

    Mulet ha reclamado al resto de formaciones políticas un gran pacto para aislar a quienes se financian irregularmente, a prevenir los casos de corrupción en en Estado y para tratar de recuperar hasta el último céntimo defraudado pues "el PP es el responsable directo del saqueo de las arcas públicas; una política salvaje que ha precarizado el mercado laboral, con medidas como el rescate bancario que ha dado dinero público a la banca y no ha hecho el más mínimo intento para recuperarlo y, sobre todo con sus innumerables casos de corrupción, en especial la urbanística, donde existen centenares de casos, no únicamente del PP sino que afecta también al PSOE y partidos locales. 

En estos casos, no es que se haya mirado constantemente a otra parte, sino que en la mayoría de casos se ha procedido a entorpecer la investigación judicial. 

No hay propósito de enmienda, de asumir responsabilidades y tomar medidas para que nunca más vuelva a ocurrir, ni tampoco ningún interés en recuperar el dinero robado".

     Mulet ha relacionado esta respuesta con el juicio de la trama Gürtel. "Por si alguien tenía alguna duda, la primeras declaraciones de la parte no política implicada en la trama Gürtel ha "cantado" y apunta directamente a la cúpula política del PP valenciano, de momento a su número dos en la época dorada aplaudida por Rajoy, a Ricardo Costa, pero recordemos que está en el banquillo todo un vicepresidente del Gobierno valenciano como Rambla, y que se teme que de nuevo se apunte a Camps como ideólogo, muñidor y principal responsable.

 El relato explica que la trama Gürtel simplemente era la versión valenciana de una corrupción institucionalizada en el PP a nivel general, una estructura dedicada a delinquir económicamente para mantenerse en el poder", ha dicho.

          Según el portavoz de Compromís en la Cámara Alta, "este año veremos juicios y más juicios de las tramas corruptas del PP valenciano, y cómo los actuales responsables, con la señora Isabel Bonig a la cabeza se intentaran desvincular de su pasado, cuando ella era parte del equipo de Francisco Camps, al que mucho vemos el verdadero señor X de la corrupción, corrupción institucionalizada que no creemos no era conocida y permitida por Rajoy.

 Por lo que cortar ahora políticamente cabeza secundarias no es ninguna solución, porqué no se recupera el dinero robado, y porqué estamos hablando de una presunta organización criminal llamada PP que en cualquier país democrática estaría ilegalizada por dedicarse a robar sistemáticamente", ha concluido."             (Información, 19/01/18)

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