"Un juez está investigando si una directora general de la Generalitat
presionó a peritos del caso del 3%, a fin de conocer sus informes y controlarlos antes de que llegaran al magistrado
que lleva esta causa. El Departament de Governació negó ayer los hechos
y atribuyó la situación a un conflicto laboral por la reestructuración
de un área.
Los informes que emitieron versan sobre la adjudicación de obras en varios ayuntamientos catalanes.
Uno de los peritos, que han declarado ante la Guardia Civil, afirmó
que una directora general de la Conselleria de Governació le dijo:
“Siempre será mejor que lo controlemos nosotros que que lo controlen los
otros, así lo podremos controlar mejor”.
Como es sabido, el juzgado de instrucción número 1 de El
Vendrell y la Fiscalía Anticorrupción indagan la adjudicación de obra
pública en Catalunya, bajo la sospecha de que las adjudicaciones se
efectuaron a empresas que realizaran donaciones a las fundaciones de
CDC.
En el marco de esta causa, el juez ha designado a varios
peritos para que emitieran informes sobre los procesos de licitación.
Las alarmas saltaron cuando uno de ellos remitió su análisis conteniendo
el siguiente párrafo: “Este informe se emite con total independencia,
imparcialidad y confidencialidad por parte del firmante, a pesar de los
requerimientos de información recibidos”. Se da la circunstancia de que
esta persona es funcionario de Administració Local de la Generalitat, y
que las peticiones eran de sus superiores jerárquicos.
Este funcionario compareció ante la Guardia Civil y
declaró que la directora general de la que dependía le indicó que no
debía emitir ningún informe al juzgado que no fuera validado por ella, y
que “siempre será mejor que lo controlemos nosotros que lo controlen
los otros”. El perito le negó, siempre según su testimonio, la
información, y entonces su jefa le expuso que ocupaba un puesto de libre
designación “y que lo mínimo que se le podía exigir era lealtad”.
Con
posterioridad, solicitó una excedencia que le fue denegada, lo que
interpretó como una represalia porque era la primera vez que ocurría,
por lo cual ha interpuesto un recurso contencioso administrativo en los
juzgados de Barcelona.
Otra funcionaria de la Conselleria de Governació de la
Generalitat, que asimismo fue designada perito, también declaró ante la
Guardia Civil para explicar que la misma superior le indicó que no debía
enviarse ningún informe al juzgado sin que ella lo hubiera visto y que
se le recordó esto varias veces.
También añadió que se negó y que
posteriormente a estos sucesos fue destituida de su ocupación en la
Generalitat, cese que recurrió judicialmente y que ha sido suspendido.
En este sentido, añadió que su abogada también recibió presiones para
que dejara de representarla.
La Guardia Civil elaboró un atestado con los testimonios de
los funcionarios al juzgado de El Vendrell que se encarga de la causa
del 3%, y este remitió las diligencias a otro juzgado de la misma
localidad, el número 2.
Una portavoz del Departament de Governació negó ayer
que se hubieran producido presiones a peritos y atribuyó los sucesos a
un conflicto laboral, suscitado cuando el cargo de Administració Local
procedió a una reestructuración del personal de su área. Asimismo,
añadió que la directora general afectada se ha puesto a disposición del
juez para aclarar estos acontecimientos y que confían en la justicia." (La Vanguardia, 26/07/17)
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