"Arpegio es la clave. La empresa pública (que Cristina Cifuentes quiere ahora cerrar) es la llave de la que se sirvió el exconsejero Francisco Granados
para abrir la caja de los fondos públicos de la Comunidad de Madrid.
La
Fiscalía Anticorrupción lo tiene claro y, en un demoledor informe
fechado el 11 de mayo e incorporado al sumario del caso Púnica,
desvela las maniobras de Granados y otros consejeros de Arpegio para
hacerse con el "botín" del "reparto ilícito de suelo público y la
adjudicación amañada de obra civil a cambio del pago de dádivas
concertadas".
Ese botín, según el ministerio público, asciende a 3.000 millones de euros.
La Fiscalía habla además de "evidencias documentales" y de la
declaración de testigos para confirmar "la voracidad para obtener
beneficios personales".
La investigación ha revelado que Granados llevaba años "abusando sistemáticamente
de sus cargos para detraer caudales públicos en cooperación con
empresarios concertados" y que encontró en Arpegio el lugar idóneo para
hacerlo. La Fiscalía sitúa la fecha de inicio (sin contar sus pasos
previos en la alcaldía de Valdemoro) es diciembre de 2004, cuando fue
nombrado por Esperanza Aguirre consejero de
Presidencia.
De él dependía la Dirección General de Cooperación con la
Administración Local, "una de las que mayor presupuesto público
manejaba". El control de esta dirección, por otro lado, "reforzó su
poder de influencia sobre los alcaldes de los municipios madrileños, al
colocarse en un posición de supremacía frente a los mismos".
Un
día después de ser nombrado consejero de Presidencia, "Granados
estableció a la carta la estructura orgánica", adscribiendo a la misma a
la empresa Arpegio, que pertenecía a la consejería de Medio Ambiente. "Con la entrega de Arpegio a Granados",
este "pasaría a controlar y dirigir interesadamente la venta de suelo
público, el reparto de parcelas a través de los consorcios urbanísticos y
la gestión, tras la crisis del sector inmobiliario, de los fondos
públicos que financiaron los planes Prisma 2006-2007 y 2008-2011". La
Fiscalía cuantifica en 3.000 millones el dinero público que fue
controlado por Granados.
"Esto le permitió conseguir, a través de
comisiones entregadas por los empresarios beneficiados con las
adjudicaciones, ingentes cantidades de dinero público", señala el
ministerio público. Arpegio es una de las piezas del caso, sin duda la más complicada. La Guardia Civil y la Fiscalía están analizando miles de documentos y a mediados de mayo realizaron nuevos registros e imputaciones
(autorizadas por el juez) para avanzar en sus pesquisas.
"La
investigación está revelando que el capital defraudado sirvió para
engrosar patrimonios particulares de todos los participantes en los
hechos". Se está analizando la venta de parcelas, la gestión de los 22
consorcios gestionados por Arpegio (que adjudicaron suelo por importe
superior a 2.000 millones de euros) y la licitación de las obras del
plan Prisma, dotadas con 1.000 millones. Todo "se llevó a cabo bajo la
esfera de dominio y decisión de Granados".
La
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya tiene
identificados a los 24 miembros que pasaron por el consejo de
administración de Arpegio. Granados fue el presidente de la empresa
entre abril de 2005 y diciembre de 2007. "Pese a que fue cesado y
Arpegio regresó a la Consejería de Medio Ambiente, Granados se aseguró
para él, o para delegados a sus órdenes, la presidencia de las mesas de contratación
de las obras del Plan Prisma y la gestión de los consorcios que
adjudicaron suelo en la Comunidad".
La Fiscalía está cetrando sus
pesquisas en dos ámbitos: los planes Prisma (obras en los municipios
financiadas por la Comunidad) y los consorcios urbanísticos, que el
Gobierno regional gestionaba junto a los municipios donde se ubicaban.
Los planes Prisma
La
Audiencia Nacional ha citado como investigados (la nueva figura
jurídica de la imputación) a todos los miembros de la mesa de
contratación de Arpegio. Se trata de Pilar Roca Suárez-Inclán, directora de la Asesoría Jurídica entre 2006 y 2009; Pedro Bernad Moreno, director de Proyectos de Arpegio; Pilar Rubio Izquierdo, directora de Proyectos del Plan Prisma; Eduardo Larraz Riesgo, ex consejero delegado entre 2004 y 2008; Ignacio Palacios Arazuri,
quien fuera jefe de gabinete de Granados y vocal del consejo de
administración de Arpegio entre 2004 y 2008 (imputado ya en otras piezas
del caso), y María Dolores Nogal González, abogada y secretaria de la mesa de contratación (y la presidenta del comité de empresa).
Todos
fueron elegidos el 23 de febrero de 2006, cuando Arpegio recibió el
encargo de la Comunidad de Madrid de gestionar el primer plan Prisma. En
marzo de 2008 también se sumó a esa mesa Miguel Ángel Ruiz, el ya exviceconsejero de Medio Ambiente, que acaba de dimitir.
A la lista se suma también Francisco Esquivias Ferriz, secretario del consejo de Arpegio. En la mesa también estaba Jaime González Taboada, actual consejero de Medio Ambiente y coordinador general del PP de Madrid. Como es aforado, el juez Eloy Velasco decidió de momento no citarle.
La
Fiscalía sostiene que Granados, desde su Consejería de Presidencia,
potenció a Arpegio, otorgándole dos encomiendas de gestión, una por cada
edición del plan Prisma. "Con esta maniobra se redujo de manera muy significativa
el control por la Comunidad. Estas encomiendas se realizaron de forma
abusiva y fraudulenta.
Con este traspaso ilegal de competencias,
Granados se aseguró posiciones de control sobre todo el proceso de
adjudicación". ¿Cómo? "Se confirió a Arpegio la competencia para la
aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, por
naturaleza indelegables en Arpegio". También se burló la legalidad de la
mesa de contratación.
La legislación determina que los componentes
deben ser funcionarios públicos, excepto en las empresas públicas, lo
que ayudó a que la mesa se llenase de políticos y cargos de confianza.
Por último, "las actuaciones de Arpegio tampoco estaban sometidas a la fiscalización de la intervención".
En toda esta trama, la Fiscalía reserva un papel especial junto a Granados a Eduardo Larraz Riesgo,
consejero delegado de Arpegio entre febrero de 2004 y septiembre de
2008. Estuvo en la mesa de contratación del Plan Prisma y en los
consejos de administración de varios consorcios.
"Existen indicios de
que intervino en tratos de corrupción, concertándose con los
contratistas o con sus intermediarios para asegurarles su selección en
los procesos de adjudicación". Los investigadores señalan que
"coincidiendo con el presunto cobro de comisiones se produjo un
enriquecimiento de su patrimonio".
La Fiscalía cita una información de El Confidencial publicada en junio de 2013,
que reveló que Larraz tuvo un empresa 'offshore' en Islas Vírgenes
Británicas con cuentas en Suiza. "Existen sospechas de que los fondos
depositados en cuentas suizas proceden del cobro de comisiones ilegales
en su etapa como consejero de Arpegio, que, si bien han sido objeto de
regularización fiscal, no se conoce su origen, pues las ha vinculado a
actividades profesionales que no han especificado".
En Suiza llegó a tener 1.653.000 euros.
"En conjunto, él y su esposa llegaron a aflorar bienes por valor de
3.364.968 euros", entre los que se incluyen 90 lingotes de oro de medio
kilo y 56 de un kilo, según adelantó el diario El Mundo.
Los 22 consorcios urbanísticos
La
UCO también está analizando los 22 consorcios urbanísticos gestionados
por Arpegio, de los que nueve son residenciales. "Nos llama la atención
que, teniendo la competencia la Consejería de Medio Ambiente, aparezca
en todo momento Arpegio gestionándolos". Los consejos de estos
consorcios, que han promocionado 40.000 pisos,
estaban formados por consejeros de Arpegio y los concejales de los
municipios donde se ubicaban. Los consejos nombraban a los miembros de
las mesas de contratación.
"Los indicios de corrupción se dirigen también hacia ellos,
quienes a través de sus propios intermediarios cobraron comisiones de
las empresas que resultaron adjudicatarias de las parcelas para
construir vivienda pública", señala la Fiscalía.
"La investigación
ha revelado que existió un reparto concertado previo de dichas
parcelas, entre Arpegio y el respectivo ayuntamiento, de manera que cada
una de estas entidades decidió el adjudicatario de las parcelas que le
habían tocado en reparto.
A su vez, las parcelas sobre las que decidía
el ayuntamiento, presuntamente fueron repartidas entre diferentes grupos
políticos del consistorio". En este punto la Fiscalía implica a políticos del PSOE y de IU
en este reparto de la tarta. "Se sospecha que este se produjo en
proporción a las cuotas de participación en el consejo del consorcio".
Otro de los principales investigados en el caso, el empresario David Marjaliza,
ya declaró en sede judicial (tiene un acuerdo de colaboración con la
Fiscalía Anticorrupción) que él se llevo suelo de algunos de estos
consorcios tras pagar su respectiva comisión, de entre 3.000 y 6.000
euros por vivienda.
Marjaliza también falicitó los nombres de algunas de
las empresas que supuestamente pagaban comisiones
a cambio de conseguir obras del Prisma, como Begar, Teconsa, Licuas,
Virton, Avintia y Dico. En algunos casos, facilitó incluso el nombre de
los intermediarios de esas sociedades con los que negociaba los pagos.
Otra
de la piezas clave en este entramado es el que fuera secretario de los
consejos de administración de los consorcios urbanísticos, José Luis Jaraba Pérez,
también imputado y socio de la sociedad Jaraba & Tamame Asociados.
Esta empresa facturó a Arpegio 1.119.093 euros entre 2003 y 2012. La UCO
ha registrado Arpegio y el despacho de Jaraba para recabar más
documentación, "al existir sólidos indicios de que tuvo que utilizarse facturación simulada cruzada para desviar capital de los propios consorcios".
"El dominio sobre Arpegio reportó a Francisco Granados y a otros investigados pingües beneficios
que afloraron en las cuentas suizas, compras de viviendas,
participación en sociedades patrimoniales, permaneciendo todavía en su
mayor parte en ignorado paradero", sentencia el ministerio público, que
para concluir da un importante tirón de orejas al Gobierno regional hoy
presidido por Cristina Cifuentes: "Hemos comprobado en
otros requerimientos a la Comunidad que existe todavía una cierta
autoprotección sobre aquellos que han ejercido funciones públicas en el
Gobierno y orgánicas en el partido regional".
"El juzgado conoce
las dificultades para obtener información fiable de la Comunidad. La
última documentación recibida de Arpegio volvió a presentar
inconsistencias y carencias, que nos hace pensar que existe más información que la que se transmite.
Las razones expuestas nos conducen a pensar que se hace difícil confiar
que haya una colaboración espontánea y leal por parte de la Comunidad". (David Fernández ,José María Olmo, Beatriz Parera , El Confidencial, 11/06/17)
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