"Intentar frenar una investigación en un caso de
corrupción desde la Fiscalía Anticorrupción no es solo un contrasentido;
es intolerable. La rebelión de un puñado de fiscales ha dejado al
descubierto lo que hasta ahora era una bien fundada pero al fin y al
cabo mera sospecha.
El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, se
opuso, en contra de la opinión de los subalternos que llevaban el caso, a
parte de los registros y diligencias que el miércoles desembocaron en
la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, y otras 11 personas.
La llamada Operación Lezo
pudo seguir su curso en contra del criterio de Moix gracias al apoyo
casi unánime de la Junta de Fiscales a la que tuvieron que acudir sus
subalternos. Las diligencias, en definitiva, han destapado un importante
caso de corrupción política protagonizado, de nuevo, por dirigentes del
Partido Popular, pero han puesto al descubierto de manera descarnada
hasta qué punto el Partido Popular se vale de su presencia en el
Gobierno y su control de la fiscalía para tapar los gravísimos casos de
corrupción que le asedian.
Es difícil inculcar en la ciudadanía respeto y
confianza en la fiscalía cuando esta es, al mismo tiempo, manipulada por
intereses partidistas. El Gobierno de Mariano Rajoy ni siquiera se toma
la molestia de aparentar otra cosa.
Nombra en la cúpula del ministerio
público a juristas afines y en febrero, cuando los casos de corrupción
le acorralan en los tribunales, permite que el controvertido fiscal jefe
Anticorrupción, Manuel Moix, releve de sus puestos a los fiscales más
incómodos, a los que justamente han perseguido los delitos de corrupción
política del PP que tanto alarman a los ciudadanos.
Entre las destituciones de febrero, cuando el caso
del presidente murciano Pedro Antonio Sánchez estaba en plena
efervescencia, estuvo la de Manuel López Bernal. Este fiscal fue el que
destapó el escándalo que ha forzado (tardíamente, como siempre) la
dimisión de Sánchez.
El propio López Bernal ha denunciado intimidaciones
e intentos de injerencia política y ha manifestado públicamente la
desprotección en la que quedan, por tanto, muchos fiscales. Flaco favor
al Estado de derecho le hacen los que debilitan la independencia de
criterio del ministerio público, cuya misión principal es la de
perseguir el delito y no dedicarse, en contradicción manifiesta, a
ocultarlo.
La credibilidad de la Fiscalía General del Estado se
ha evaporado por completo. Ante el escándalo destapado por la rebelión
de fiscales, aquella ha alegado que el problema ha estado en meras
“discrepancias técnico-jurídicas”. Es un argumento difícil, cuando no
imposible, de creer, dados los precedentes.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el fiscal
general del Estado, José Manuel Maza, están obligados a comparecer en el
Parlamento para dar las explicaciones precisas a la oposición y a toda
la ciudadanía. No será la primera vez que lo hacen. Su capacidad de
convicción es, por fuerza, limitada. El PP, en su avidez de controlar
las instituciones y tapar sus casos de corrupción, alimenta la
desconfianza y amenaza seriamente la salud democrática de este país." (Editorial, El País, 21/04/17)
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