"El poder acumulado durante años en
primera línea de la política fue utilizado por Ignacio González para
tratar de frenar las investigaciones que le amenazaban. En las
grabaciones del caso Lezo hay conversaciones con altos cargos del
Gobierno, intentos de influir en los nombramientos de la Fiscalía o por
cambiar a los jueces que iban tras él. La Fiscalía Anticorrupción y la
Guardia Civil se refieren en sus escritos a esa utilización del poder en
busca de impunidad como una práctica propia del "crimen organizado".
Los agentes le siguieron durante meses, le intervinieron el teléfono y
colocaron micrófonos en su despacho. Gracias a esa vigilancia,
detectaron que González estaba intentando librarse de las
investigaciones a base de influir en miembros del Gobierno, jueces y
fiscales.
Así lo reflejan los informes incorporados al sumario del caso
Lezo, en el que se reúnen todos los indicios que prueban que la antigua
mano derecha de Esperanza Aguirre actuaba como el líder de una
organización mafiosa. Tanto es así que el juez Eloy Velasco le envió a
prisión por seis delitos, uno de ellos pertenencia a organización criminal.
Sus intentos de frenar las investigaciones se centraron
primero en el caso Ático. Las conversaciones revelan que González empezó
a mover sus hilos en Málaga, donde se instruye la causa, pero su
desesperación ante la falta de avances le llevó a ampliar el foco de sus
influencias hasta intentar conseguir la ayuda del ministro de Justicia,
Rafael Catalá, y presionar para el nombramiento del nuevo Fiscal
General del Estado, con la intención de que éste nombrara a fiscales
cómodos en Anticorrupción y en la Audiencia Nacional.
La Guardia Civil alude a una circular de la Fiscalía General del Estado
sobre la reforma del Código Penal y las organizaciones criminales. En
la instrucción fiscal se recoge como indicador de crimen organizado que
los investigadores detecten "influencia sobre cargos públicos o personas
que desempeñen su función en la esfera política, medios de comunicación
social, funcionarios de la Administración Pública, y/o de la
Administración de Justicia o sobre la actividad económica mediante la
corrupción".
"Si quieren guerra, vamos a tenerla"
Las primeras conversaciones captadas por los agentes se remontan a
agosto de 2016. González habla con el empresario Enrique Cerezo, sobre
cómo frenar la causa. Tras comentar si la única alternativa es “pegarle dos tiros a la juez”,
intentan trazar una estrategia que pase por presionar al fiscal del
caso. El empresario recomienda esperar a septiembre para hablar con él,
pero acuerdan ya cómo le abordarán: “Estamos teniendo más paciencia de
la que teníamos que tener, porque si quieren guerra, vamos a tener
guerra”.
Su estrategia parece no funcionar y vuelven a
hablar en octubre, una conversación en la que dejan claro que sus
gestiones no dan resultados. Es a partir de este punto cuando ambos
abren el campo de sus influencias y apuntan al ministro de Justicia,
Rafael Catalá, como la persona que les puede ayudar a cerrar la
investigación del Ático.
El empresario relata en una
conversación que habla a menudo con Catalá “por el tema del Estadio”, y
que el ministro le ha prometido que se estaba ocupando de las gestiones
que le habían pedido. “Me dijo lo mismo, que lo estaban mirando”,
explica Cerezo, que añade que suelen hablar sobre el caso del Ático. De
hecho, comenta que es el propio ministro quien saca el tema durante sus
encuentros: “No se lo tengo que decir, siempre lo recuerda él”.
En ocasiones, González se felicita de sus gestiones. En un SMS dice que el ministro de Justicia le contestó a su felicitación por el nombramiento.
“A mí me puso el otro día un mensaje encantador (…) A ver si
terminamos con los líos y tal, bueno vale macho, pues lo que quieras,
ja, ja”. Cuando trascendió la existencia de ese mensaje, el titular de
Justicia intentó justificarse diciendo que se refería a la “convulsa”
situación política, pero parece que González no lo interpretó así.
"Influir parriba, pabajo"
Con una vía de comunicación abierta con el responsable de Justicia,
González intentó también influir en los nombramientos del Ejecutivo. Se
puso en contacto con el exvocal del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) Enrique Arnaldo Alcubillas para tratar de averiguar quién iba a
ser el nuevo fiscal General del Estado. Este le asegura que está tratando de presionar para el nombramiento.
La designación del fiscal General no influía directamente en las
investigaciones que amenazaban a González, pero su plan pasaba por
descender de ahí al resto de nombramientos. “Hay que mover la pieza
principal y luego las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la
Nacional y la Fiscalía Anticorrupción”, señala Alcubillas, que recibe la
aprobación del expresidente madrileño. Comentan que “es una garantía”
que Catalá siga al frente de Justicia porque eso agilizará los cambios, y
González remata la conversación con un “a ver si damos un paso en la
buena dirección joder”.
Ese paso se produce una
semana más tarde, el 11 de noviembre. El Gobierno propone a José Manuel
Maza como nuevo fiscal General del Estado, lo que provoca la alegría de
González y Alcubillas. “¡Estamos muy contentos!”, dice Alcubillas en una
conversación grabada ese mismo día, en la que define a Maza como “una
persona con criterio y valiente” que reclamará “el conocer los asuntos
antes de perseguir implacablemente y sin sentido a la gente”. González
también muestra su alegría por el nombramiento y apremia a seguir
“pabajo, parriba (sic)”. “Vamos a ver si lo celebramos, a ver si
seguís”, emplaza a su interlocutor.
González se mueve
entonces para lograr que coloquen en Anticorrupción a fiscal que cree
que le puede ser más beneficioso. Se reúne con el exministro Eduardo
Zaplana y le expresa sus deseos de que Manuel Moix sea nombrado para esa plaza porque
“es un tío bueno y serio”. Añade que el “ya lo intentó en su día” -se
entiende que auparle a Anticorrupción- y más tarde comenta que intentará
trasmitirle al ministro de Justicia sus preferencias: “Voy a ver si se
lo puedo hacer llegar”.
Esa reunión que Zaplana y
Gonzalez mantiene en un Hotel de Madrid revela los contactos del
expresidente madrileño con miembros del Poder Judicial. Relata que come
habitualmente -siempre en un reservado, aclara- con Enrique López, ahora
ascendido a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, y explica
que va a tratar de servirse de su influencia porque es “quien mueve a
todos éstos es ese círculo”. Lo que pretendía era apartar al juez Eloy
Velasco del juzgado de Instrucción Número 6 de Madrid, desde el que
investigaba los casos Púnica y Lezo.
"Tenemos el Gobierno y el Ministerio de Justicia"
Lo revela él mismo en esa conversación, donde recuerda a Zaplana que
Velasco no tiene esa plaza de la Audiencia Nacional en propiedad: “Aquí
que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular coño”. El
expresidente madrileño se ve con posibilidades de conseguirlo porque,
dice en esa reunión, “tenemos el Gobierno y el Ministerio de Justicia”.
La última conversación que incorporan los agentes a su informe data del
pasado diciembre y se produce de nuevo entre Cerezo y González. Vuelven
a hablar de la investigación del Ático y González muestra su
desesperación al no saber cómo avanza el caso, si Suiza ha contestado ya
a “las comisiones rogatorias de los cojones”. Llega a decir que va a ir
directamente a hablar con el ministro de Justicia para pedirle
explicaciones: “yo tengo ganas de echarme un día a la cara a Rafa,
porque Rafa yo creo que lo sabe”.
La Guardia Civil es
prudente respecto a los logros de González. "Se desconoce el resultado
de estos contactos y si realmente pueden llegar a reportarle
beneficios", recogen en un informe, y añaden que eso no impide que el
expresidente de la Comunidad de Madrid cometiese un delito al tratar de
influir en la justicia en su propio beneficio. La UCO concluye que sus
movimientos “permiten apreciar la existencia de crimen organizado” y
recuerdan que Anticorrupción coincide con ellos, como los fiscales
reflejan en su querella inicial del caso Lezo. " (eldiario.es, 29/05/17)
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