"El Partido Popular se está sirviendo
de un instrumento heredado de su mayoría absoluta, el control del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para ocupar con afines la
cúpula judicial, a pesar de gobernar en minoría y mientras proliferan
grandes investigaciones por corrupción en su contra.
En un plazo de ocho días, los vocales del CGPJ propuestos por el PP en
2013 han votado a favor de ubicar en dos de los puestos más importantes
de la Audiencia Nacional a Concepción Espejel y Enrique López,
magistrados que comparten haber sido apartados a la vez por sus propios
compañeros de los tribunales que están juzgando y juzgarán casos de
corrupción del PP, con el argumento de su proximidad a la formación
política en el Gobierno.
En el método empleado para elegir a Concepción Espejel
no ha habido rodeos por tratarse de un nombramiento discrecional.
Aspiraban seis magistrados y el bloque mayoritario ha optado, entre los
jueces conservadores, por aquella a la que la secretaria general del PP llamó “querida Concha”, durante discurso con motivo de una condecoración.
Solo Vicente Guilarte, propuesto como vocal por el PP, ha optado por
Carmen Lamela, una candidata que desde el bloque progresista se
apreciaba de consenso. Los otros 11 conservadores, incluido el juez que
el Gobierno de Mariano Rajoy designó para presidir el Poder Judicial,
Carlos Lesmes, han votado a Concepción Espejel.
La magistrada Manuela
Fernández de Prado, con 25 años de experiencia "ininterrumpida" en la
Audiencia Nacional, como ha recordado Jueces para la Democracia (JpD),
ha recibido el apoyo de 8 vocales progresistas. JpD ha calificado de
"demoledor" el mensaje que se envía a los jueces con el nombramiento de
Espejel.
La presidenta de la Sala de lo Penal está
facultada para abocar a pleno las resoluciones que considere,
arrebatando así la decisión a una sección determinada y poniéndola en
manos del conjunto de magistrados de esa Sala, de mayoría conservadora.
Espejel, hasta ahora presidenta de la Sección Segunda, integrará la Sala
de Gobierno de la Audiencia Nacional, influirá con sus decisiones sobre
el reparto de los asuntos entre unas secciones y otras y presidirá ella
misma la Primera. También influirá en los señalamientos de juicios, una
cuestión aparentemente administrativa, pero que puede resultar
determinante en qué magistrados integren un tribunal, según su
disposición en ese momento.
Ingeniería administrativa para López
La elección de Enrique López ha necesitado de otra ingeniería más
complicada que en el caso de Espejel. La Sala de Apelaciones de la
Audiencia Nacional era una exigencia de los organismos internacionales
desde casi su fundación. El Partido Popular hizo un amago de creación al
final del mandato de Aznar, pero no ha sido hasta los últimos meses
cuando éste se ha concretado.
En medios jurídicos
cunde la indignación por los elegidos para ocupar un tribunal con tanto
poder y de tanta exigencia jurídica apenas tengan experiencia en poner
sentencias. La Sala de Apelaciones revisará en sus fallos todos los que
haya dictado previamente la Sala de lo Penal de los casos que comiencen a
instruirse a partir del próximo 1 de junio.
El
criterio impuesto desde el Gobierno para que López y Velasco hayan
llegado a la Sala de Apelaciones es que los magistrados que integren el
tribunal tengan la especialidad en penal. En la polémica abunda que
esa especialidad solo se les reconoce a aquellos que superaron una
oposición menor hace veinte años, frente a otros que aprobaron una mucho
más exigente y anónima en 2011, pero que fue anulada en parte por el
Tribunal Supremo.
El número uno de esta convocatoria
fue Ramón Sáez, magistrado progresista de gran experiencia, exvocal del
CGPJ a propuesta de IU y ponente en los últimos tiempos del fallo que
absolvió en la Audiencia Nacional a los manifestantes que rodearon el
Parlament de Cataluña en mayo de 2011. El CGPJ debió convocar después
una nueva oposición, pero nunca llegó a hacerlo.
Por
tanto, entre los doce que ostentan la única especialidad en penal
reconocida están Enrique López y Eloy Velasco. Una vez convocada la
plaza, solo restaba que ambos se presentaran para aplicar el criterio de
selección y que fueran los elegidos.
En el caso de Velasco, su ascenso
implica que deja de instruir los casos de corrupción más graves que
afectan al PP y cuya investigación está abierta: la pieza del caso
Púnica que investiga su financiación irregular en Madrid y la Operación
Lezo, con el expresidente autonómico Ignacio González en el centro.
Segundo ascenso con una renuncia de por medio
La insistencia del PP con Enrique López se remonta a la pelea que
durante años mantuvo por ubicarle en el Tribunal Constitucional, a pesar
de la oposición frontal del PSOE, que alegaba no reunía los méritos
exigidos.
En 2013, con la mayoría absoluta del PP, llegó el momento de
su desembarco en el Constitucional, pero un año después el magistrado se
vio obligado a dimitir tras ser sorprendido conduciendo borracho su moto y sin casco por el centro de Madrid. La Ley permitía su reingreso inmediato en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En dos años y medio, López ha vuelto a ascender, ahora a la nueva Sala
de Apelaciones, de la que resta por elegir a su presidente. Será, como
en el caso de Espejel, una elección discrecional. Hasta entonces, el
presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro,
presidirá provisionalmente el tribunal. Navarro aparece en la
fotografía que ilustra esta información detrás de Espejel, aplaudiendo
como Cospedal. En aquel entonces era presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias.
En los próximos meses cabe un
nuevo movimiento que afecta a otra ubicación clave en el sistema
judicial español, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que se
encarga de investigar a los cargos políticos y otros aforados.
Dos
puestos están vacantes ya, uno más lo estará en las próximas semanas y
en noviembre se marcharán cuatro magistrados eméritos, tres de ellos
progresistas. Si la mayoría conservadora del CGPJ impone a sus
candidatos en las tres plazas a cubrir, la Sala de lo Penal del Alto
Tribunal se escorará todavía más a la derecha.
Marchena, el 'cerebro' en la sombra
El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, es considerado
desde el sector progresista de la judicatura la cabeza pensante detrás
de todos los movimientos de piezas que se están produciendo en el sector
judicial.
Según fuentes del caso, Marchena llamó al teléfono móvil del
juez Eloy Velasco mientras tomaba las primeras declaraciones de
detenidos en la Operación Lezo para advertirle de que iban a intentar
apartarle del caso por el puesto que desempeñó su mujer en la Comunidad
de Madrid en tiempos de Ignacio González. Como consecuencia de ello,
Velasco preguntó a González y su defensa si querían que se apartara.
Una de las plazas pendientes de convocar el Tribunal Supremo es la de José Manuel Maza, el primer fiscal general del Estado reprobado en la historia de la democracia española,
tan solo seis meses después de ser nombrado por el Gobierno.
Maza no
era la primera opción para el Ejecutivo, que pretendía renovar en el
puesto a Consuelo Madrigal. Sin embargo, la negativa de ésta a designar
puestos claves en el Ministerio Público hizo cambiar de postura al
ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Uno de esos
puestos era el de la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, para el que
fue elegido Manuel Moix. Antes de nombrarlo, Maza fue advertido por la
teniente fiscal de Anticorrupción y por la Unión Progresista de Fiscales
de que iba a nombrar alguien a quien el principal acusado de la
Operación Lezo, Ignacio González, alababa en las intervenciones
telefónicas y del que sabía que iba a ocupar el puesto tres meses antes.
Maza ignoró el aviso. La pasada semana Moix fue reprobado en el mismo
pleno que Maza y el ministro Catalá, el pasado 16 de mayo." (Pedro Águeda, Público, 25/05/2017)
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