Un fiscal anticorrupción frente a la Fiscalía General

"(...) Un fiscal anticorrupción frente a la Fiscalía General (Diatriba de Carlos Jiménez Villarejo) 

Este monólogo se grabó el pasado viernes 24 de febrero, quizás a la misma hora a la que el juez Manuel Ruiz de Lara declaraba ante el Consejo General del Poder Judicial aún no sabe exactamente por qué.

“Yo, en el ejercicio de mi profesión como fiscal en asuntos delicados, me he sentido siempre… En la persecución de Jordi Pujol con motivo de la quiebra de Banca Catalana, hicimos lo que había que hacer, ya sé que aquellas cosas no estaban bien vistas por algunas instancias, pero en todo caso, la instancia del Ministerio Fiscal, cuyo fiscal general era Luis Burón Barba, fue siempre muy respetuoso con nosotros, más allá de que otras entidades y los partidos estuvieran disconformes, algo que me era absolutamente indiferente. Y por tanto hicimos lo que había que hacer".

“Cada vez que yo iniciaba una investigación por temas relacionados con la comisión de delitos relacionada con el ejercicio de la función pública, por ejemplo por consejeros de los gobiernos de Pujol, como Lluís Prenafeta, Macià Alavedra y otros muchos, en general tuve por parte del fiscal general de aquella fecha, del PSOE, una resistencia completa.

 Resistencia que se traducía muchas veces en la prohibición de actuar, mediante la presentación de denuncias ante los juzgados de instrucción competentes. De tal manera que hubo actuaciones muy importantes que se pudieron llevar a cabo, pero otras que eran igual de importantes y se tuvieron que quedar en un cajón de la Fiscalía porque el Fiscal General lo prohibió. Entonces gobernaba Felipe González".

“Hubo disposiciones de los fiscales generales prohibiéndome actuar y ejercer las acciones penales correspondientes. Yo reaccionaba haciendo uso de un precepto que todavía subsiste en el estatuto del Ministerio Fiscal que es una especie de cláusula de conciencia en la cual yo expresaba por escrito mi disconformidad con la orden recibida.

 Eso se llevaba a la Junta de Fiscales de sala, que es el máximo órgano consultivo del Fiscal General, y allí, naturalmente y mayoritariamente, la junta apoyaba al Fiscal General de turno y mi propuesta quedaba completamente desasistida, y por lo tanto no se llevaba adelante".

“Eso ocurrió varias veces, lo cual quiere decir que el principio de jerarquía que hay en el Ministerio Fiscal lo he vivido como una imposición, con órdenes a favor de determinados políticos, no sólo de aquellos que en ese momento gobernaban sino también políticos con los que el Gobierno tenía determinadas alianzas, como era el caso en aquella época de la Convèrgencia de Pujol y sus buenas relaciones con el PSOE o posteriormente con el PP".

“Este es un panorama de aquella época. Yo sí sé qué significa la presión del Fiscal General del Estado por razones estrictamente políticas, impedir que un fiscal siga adelante y lleve un asunto que no sólo había investigado yo, sino también otro fiscal a mis órdenes en el ejercicio de sus funciones de forma muy rotunda, muy seria y muy rigurosa. Sin embargo, no se pudieron llevar jamás al juzgado porque el Fiscal General lo prohibió. Lo que estamos viendo estos días, por tanto, no es nuevo para mí, tengo experiencia sobrada”.

“Cuando llego a la Jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, otro tanto de lo mismo. Pero en aquel momento hubo de todo, es decir, recuerdo una instrucción del fiscal Eligio Hernández, cuando todavía no se había despenalizado la objeción de conciencia –sé de lo que estoy hablando, algo que no tiene que ver con el tema económico, ni con dirigentes bancarios ni nada por el estilo–, se ordenó a los fiscales que se pidiera la prisión provisional y el cumplimiento de la pena para aquellos que habían sido condenados a una pena inferior a dos años, cuando igual que ahora existía la posibilidad de no ingresar en prisión cuando la pena no superaba los dos años.

 Hubo una orden del fiscal Eligio Hernández para que se pidiera el ingreso en prisión. En aquel caso yo reuní a la Junta de Fiscales de Barcelona, que se declaró por unanimidad en contra de la orden del Fiscal General, y simplemente no lo cumplimos. 

Punto. En aquel momento estábamos en los inicios de la Transición y empezábamos a recobrar colectivamente la sensación de que estábamos al servicio de determinados ideales de progreso y de libertad”.

“Cuando fui Fiscal Anticorrupción, el tema de la diferencia de criterio e incluso de conflicto fue constante, no era una excepción. Cuando a mí me hablan de la autonomía del Ministerio Fiscal y de que el Fiscal General del Estado es propuesto por el Gobierno tengo que decir que, incluso después de la primera reforma estatutaria que se hizo en el año 81, parecía que se regulaba la autonomía del Fiscal General y por lo tanto de los fiscales que dependía de él, pero la verdad es que esto no ha funcionado nunca.

 Los fiscales generales, en general, han tenido una actitud, no diría de subordinación, pero sí de complacencia con el Ejecutivo de turno. Bastaba ver los contactos que yo tuve con el Fiscal General durante los ocho años que estuve en la Fiscalía Anticorrupción recién creada. 

Fueron de constante desacuerdo sobre mis disposiciones y mi criterio sobre cómo había que perseguir y a quién había que perseguir por determinado tipo de delitos. La oposición del Fiscal General expresada a veces oralmente, a veces por escrito. Si lo hacía por escrito, yo volvía a ejercer el uso de esa cláusula de conciencia que he citado antes, y la llevaba a la junta de sala que apoyaban al Fiscal General de entonces, que era Jesús Cardenal”.

“Pese a todo, hubo veces en que se llegó ir hacia adelante, como por ejemplo la identificación de Josep Piqué cuando la crisis de Ertoil, la filial de Ercros. Fue investigado por nosotros, por la Fiscalía Anticorrupción. Primero por el Supremo y luego por nosotros como Fiscalía Anticorrupción. 

No hubo manera de avanzar en la investigación hasta que finalmente la juez de la Audiencia Nacional lo archivó. Yo sé que, en la sala del Supremo, el acuerdo para tomar declaración como imputado a Josep Piqué, entonces ministro, fue prácticamente unánime con el voto en contra de uno de la totalidad de los fiscales.

 Nunca llegó a ser llamado como imputado ante el Tribunal Supremo, puesto que era aforado al ser ministro. Al fiscal que llevó este asunto le costó muchos disgustos, todo hay que decirlo. No quiero revelar su nombre porque necesitaría su consentimiento. El haberse mantenido en su posición de rigor y de exigencia, sobre todo acerca de las responsabilidades de Piqué y su relación con la venta de Ertoil, le costó muchos disgustos: de orden personal, de maltrato en el orden profesional, etc”.

“Yo, como fiscal jefe, siempre he defendido mi criterio con plena autonomía, lo cual no quiere decir que no haya tenido fuertes enfrentamientos con los fiscales generales de turno. Insisto, fueran del PSOE, fueran del PP, me es indiferente”.“Como fiscal anticorrupción coincidí con los gobiernos de Aznar, y la relación fue ciertamente muy conflictiva. 

Hasta el punto de que finalmente aprovechó la reforma que se hizo exprofeso para establecer un plazo a los fiscales jefes, que hasta esa fecha no existía, para mi cese. Se aprobó, y la consecuencia de esa reforma que fijaba un plazo de cinco años para la fiscalía ya fueran provinciales, territoriales o especiales, supuso el cese de quien entonces era fiscal de Madrid, Bermejo, el mío y, quizás aprovechando el viaje, alguno más que no daba la talla como fiscal, pero el resto de fiscales fueron confirmados. 

Se aprovechó la reforma para excluir ciertos cargos que habíamos acreditado un currículum profesional largo, sin duda como fiscal anticorrupción en mi caso, y absolutamente impecable y con seriedad en el desempeño de nuestras funciones”.

“Le voy a poner un ejemplo: la oposición frontal que hizo el Fiscal General, entonces Jesús Cardenal, a que la Fiscalía asumiera la investigación del delito que se atribuía a César Alierta por conducta evidentemente delictiva durante el periodo en que era presidente de Tabacalera, antes de ser presidente de Telefónica. Si la causa se abrió finalmente fue por medio de una asociación de Consumidores y Usuarios de la Banca (ADICAE), que instó la apertura de la causa mediante la acción popular. Se abrió la causa en un juzgado de instrucción de Madrid y se permitió a la Fiscalía Anticorrupción actuar en el ejercicio de la acusación pública.

 La causa se abrió en Madrid y se admitió a trámite la querella de la acusación popular. El fiscal Alejandro Luzón, que acaba de actuar brillantemente en el asunto de las tarjetas black, hizo un estupendo papel. Lo llevó hasta el final. Bien, la Audiencia de Madrid absolvió a Alierta por prescripción del delito, no por no haberlo cometido. Luzón recurrió en el Tribunal Supremo y este se sacó de la manga otro argumento a favor de la prescripción del delito para mantener la absolución de Alierta, cuando ya se había conocido la verdad sobre la comisión de su conducta delictiva”.

Carlos Jiménez Villarejo en una conferencia de Alternativa Progresista Ciudadana. 2014 / Youtube

“Podría ponerle muchos más ejemplos porque la tirantez fue constante entre el Fiscal General y los intereses de la Justicia”.

“Que a mí me hablen de lo que está ocurriendo ahora no me descubre nada, me parece que es la consecuencia de una historia que desgraciadamente para España no quiere acabar y que es el negar la absoluta autonomía e independencia del fiscal en el ámbito de sus funciones, en el ámbito de la justicia penal”.

“Mientras esto no sea posible, me parece absolutamente aberrante que se pretenda conferir la instrucción de los procesos penales al fiscal. Pretender que un fiscal instruya un caso de investigación criminal contra alguien, sobre todo alguien que ocupa una posición de poder político o económico, sin tener plena autonomía para el ejercicio de sus funciones, y a la vez depender de la jerarquía del fiscal general, es absolutamente incompatible”.

“Se han producido unos ceses en el último consejo fiscal con renovación de fiscales y nombramientos que ya se veían venir para quienes estaban un poco cerca de las instituciones. Hay evidentemente una intromisión del Ejecutivo de turno en el ejercicio de las funciones constitucionales del Ministerio Fiscal. Se han traducido en el cese de Juan Calparsoro, fiscal jefe superior del País Vasco, el cese del fiscal de Murcia, Manuel López Bernal, y Javier Zaragoza en la Audiencia Nacional”. (...)"               (Cristina Fallarás,CTXT, 01/03/17)