"Josep Manel Bassols, uno de los constructores investigados en el caso del 3%,
contaba con un informante de gran ayuda en la Generalitat que le
transmitía información confidencial sobre Ayuntamientos catalanes.
Así
lo recoge el sumario del caso, que revela cómo Bassols conseguía a
través de Isabel Muradàs —entonces subdirectora en el Departamento de
Gobernación— datos económicos sobre los municipios en los que aspiraba a
conseguir adjudicaciones. Muradàs también era, y aún lo es, teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Girona.
En
un mensaje enviado el 30 de abril de 2012 al correo electrónico de
Muradàs en la Generalitat, Bassols la invita a comer y le pide un favor
por adelantado: “Me interesaría saber si el Ayuntamiento de Llinars del
Vallès está tan bien como dicen sus presupuestos, licita una obra de
4.836.04 euros!”.
Cinco semanas antes, el 24 de marzo, el constructor había enviado otro mailparecido: “Podrías informarme sobre el Ayuntamiento de Tarragona?”. Días más tarde, el 9 de abril, Muradàs le contestó enviándole “un archivo digital tipo Word denominado Tarragona2010.doc, compuesto por cuatro páginas”, según recoge el sumario, “que desglosa la estructura económica de los presupuestos, los ingresos y gastos corrientes, el ahorro presupuestario, la inversión, la deuda y el remanente de tesorería” de la ciudad.
El Departamento de Gobernación de la Generalitat tiene, por sus funciones de control del sector público, gran cantidad de información sobre la situación económica de los Ayuntamientos. Un informe de la Guardia Civil considera que la actuación de Muradàs “puede constituir un delito de tráfico de influencias”. No ha trascendido si la teniente de alcalde de Girona ha sido citada a declarar.
Muradàs no atendió ayer a este diario pese a las repetidas llamadas y mensajes enviados para recabar su versión. El Departamento de Gobernación, en el que ocupó el cargo entre octubre de 2011 y enero de 2013, aseguró que no tiene constancia de los hechos.
El sumario del caso 3% muestra la descarnada lucha que, entre bastidores, se libra en el sector de la construcción con todo lo relacionado con la obra pública. Una lucha en la que se echa mano de todo tipo de recursos —contactos personales y políticos, favores, invitaciones— para conseguir una mejor posición de salida en los concursos públicos.
Las agendas y otros documentos incautados por la Guardia Civil a Bassols —que fue alcalde de Anglès por CiU y ha sido detenido tres veces en dos años— revelan su intensa actividad comercial en la provincia de Girona, relativamente pequeña y en la que prácticamente todos los cargos públicos se conocen.
Bassols lo utiliza supuestamente en beneficio de la empresa Oproler, de la que es delegado en Cataluña. El dueño de la constructora, Sergio Lerma, es otro de los investigados y el sumario del caso aporta numerosas evidencias de cómo consiguió un trato de favor de las Administraciones controladas por Convergència (CDC, hoy PDeCAT) a cambio de supuestos pagos al partido.
El caso de Muradàs es el único en el que se evidencian prácticas irregulares en torno a Bassols en sus relaciones con políticos de Girona —sí las hay, en cambio, en obras adjudicadas por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona—. Muradàs militaba en Unió (socio de CDC hasta 2015) y lo hace ahora en Demòcrates de Catalunya, escisión de Unió proclive a las tesis independentistas.
El informe de la Guardia Civil recoge otros movimientos de Bassols de los que aparentemente no logró rédito, entre ellos reuniones con un diputado y un senador de Convergència. Bassols apuntó en su agenda, que luego mandó a su jefe Sergio Lerma, que esas citas tenían como objetivo hacer “gestiones y seguimiento” de adjudicaciones municipales.
EL PAÍS ha hablado con los dos políticos incluidos en la agenda, quienes niegan haber tratado de esos asuntos con el constructor. “Fueron charlas de cortesía, como tantas otras que tenemos”, coinciden.
Bassols también cuenta a Lerma sus gestiones con cargos del Ayuntamiento de Girona, que, según su versión, le situarán en una posición privilegiada ante unos supuestos cambios que prepara el Consistorio en su sistema de contratación. Unos cambios que nunca llegaron a producirse, según todas las fuentes consultadas. Una de estas gestiones fue invitar a un partido de fútbol en el campo del Barça al entonces alcalde y hoy presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont." (El País, 16/03/17)
Cinco semanas antes, el 24 de marzo, el constructor había enviado otro mailparecido: “Podrías informarme sobre el Ayuntamiento de Tarragona?”. Días más tarde, el 9 de abril, Muradàs le contestó enviándole “un archivo digital tipo Word denominado Tarragona2010.doc, compuesto por cuatro páginas”, según recoge el sumario, “que desglosa la estructura económica de los presupuestos, los ingresos y gastos corrientes, el ahorro presupuestario, la inversión, la deuda y el remanente de tesorería” de la ciudad.
El Departamento de Gobernación de la Generalitat tiene, por sus funciones de control del sector público, gran cantidad de información sobre la situación económica de los Ayuntamientos. Un informe de la Guardia Civil considera que la actuación de Muradàs “puede constituir un delito de tráfico de influencias”. No ha trascendido si la teniente de alcalde de Girona ha sido citada a declarar.
Muradàs no atendió ayer a este diario pese a las repetidas llamadas y mensajes enviados para recabar su versión. El Departamento de Gobernación, en el que ocupó el cargo entre octubre de 2011 y enero de 2013, aseguró que no tiene constancia de los hechos.
El sumario del caso 3% muestra la descarnada lucha que, entre bastidores, se libra en el sector de la construcción con todo lo relacionado con la obra pública. Una lucha en la que se echa mano de todo tipo de recursos —contactos personales y políticos, favores, invitaciones— para conseguir una mejor posición de salida en los concursos públicos.
Las agendas y otros documentos incautados por la Guardia Civil a Bassols —que fue alcalde de Anglès por CiU y ha sido detenido tres veces en dos años— revelan su intensa actividad comercial en la provincia de Girona, relativamente pequeña y en la que prácticamente todos los cargos públicos se conocen.
Bassols lo utiliza supuestamente en beneficio de la empresa Oproler, de la que es delegado en Cataluña. El dueño de la constructora, Sergio Lerma, es otro de los investigados y el sumario del caso aporta numerosas evidencias de cómo consiguió un trato de favor de las Administraciones controladas por Convergència (CDC, hoy PDeCAT) a cambio de supuestos pagos al partido.
El caso de Muradàs es el único en el que se evidencian prácticas irregulares en torno a Bassols en sus relaciones con políticos de Girona —sí las hay, en cambio, en obras adjudicadas por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona—. Muradàs militaba en Unió (socio de CDC hasta 2015) y lo hace ahora en Demòcrates de Catalunya, escisión de Unió proclive a las tesis independentistas.
El informe de la Guardia Civil recoge otros movimientos de Bassols de los que aparentemente no logró rédito, entre ellos reuniones con un diputado y un senador de Convergència. Bassols apuntó en su agenda, que luego mandó a su jefe Sergio Lerma, que esas citas tenían como objetivo hacer “gestiones y seguimiento” de adjudicaciones municipales.
EL PAÍS ha hablado con los dos políticos incluidos en la agenda, quienes niegan haber tratado de esos asuntos con el constructor. “Fueron charlas de cortesía, como tantas otras que tenemos”, coinciden.
Bassols también cuenta a Lerma sus gestiones con cargos del Ayuntamiento de Girona, que, según su versión, le situarán en una posición privilegiada ante unos supuestos cambios que prepara el Consistorio en su sistema de contratación. Unos cambios que nunca llegaron a producirse, según todas las fuentes consultadas. Una de estas gestiones fue invitar a un partido de fútbol en el campo del Barça al entonces alcalde y hoy presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont." (El País, 16/03/17)
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