"La Guardia Civil ha acreditado documentalmente y con
todo lujo de detalles el pago de comisiones ilegales a Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC) a cambio de la adjudicación de obra
pública.
El sumario del caso 3% recoge con
detalle cómo en al menos seis casos se produce una secuencia temporal
que vincula estrechamente tres elementos: reuniones en la sede del
partido, donaciones a la fundación CatDem y adjudicaciones a la empresa
donante.
El tesorero de Convergència, Andreu Viloca, es uno de
los imputados en la trama. Según el juez de El Vendrell (Tarragona) que
investiga el caso, era mucho más que el responsable de finanzas del
partido. Según se desprende de su agenda y otros documentos intervenidos
en la causa, Viloca mantenía un control exhaustivo de las
adjudicaciones de administraciones controladas por CiU, unas "funciones
que parecerían totalmente ajenas a su ámbito de actuación", señala el
juez.
Las donaciones de las empresas constructoras, subraya el juez, servían para "catalizar, a modo de recompensa, la concesión de determinadas obras públicas". Esos pagos se convirtieron, abunda, en "parte esencial de la financiación de CDC", tal como recoge el auto de prisión de Viloca.
El juez ha levantado este viernes, parcialmente, el secreto de sumario del caso 3%, lo que ha permitido conocer al detalle el material incautado (documentos, listados, agendas, correos electrónicos) intervenidos por la Guardia Civil a lo largo de más de dos años de investigación.
La Guardia Civil ha examinado a fondo esos documentos y ha podido acreditar de forma detallada ese entramado en "un total de seis supuestos". La participación de Viloca era la "clave de bóveda" de la trama de adjudicaciones por donaciones que, "de manera irregular, acabarían nutriendo y dotando de apoyo económico a CDC".
Los casos analizados se refieren solamente al periodo 2011 y 2012 y se basan en la documentación hallada a Viloca durante el registro de su despacho, en agosto de 2015.
Uno de los casos alude a la adjudicación de un servicio de recogida de basura y limpieza por el Ayuntamiento de Olot (CiU) en 2011. El anuncio de licitación se publicó en el DOGC el 11 de abril. Un día después, Viloca mantuvo una reunión con Jordi Duran (Urbaser). En mitad de los acuerdos del pleno municipal de Olot, ambos se volvieron a encontrar.
Y justo un día después de esa segunda reunión, la Fundación ACS —del grupo constructor del mismo nombre, entonces propietario de Urbaser— hizo una donación de 60.000 euros a la Fundación Fòrum Barcelona, una de las dos usadas por el partido para recibir donaciones que en realidad eran, presuntamente, mordidas por obra pública.
Otro caso llamativo tiene que ver con la construcción de un ambulatorio en Mataró (Barcelona). La obra se adjudicó a una UTE formada por Grupo Soler y Oproler. Salió a concurso el 3 de octubre de 2011. Dos semanas antes, Viloca y Lerma se habían reunido en la sede de Convergència, según consta en su agenda electrónica.
Y apenas tres días después del anuncio, Viloca hizo un apunte significativo en su agenda: "Llamar a Rosell", en alusión al que entonces era número dos de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, también imputado en la trama. Además de la agenda, en el registro los investigadores descubrieron que Viloca había destruido documentos con una trituradora." (El País, 25/02/17)
"El juez del ‘caso 3%’ investiga la entrega de un sobre en Convergència.
Marino V., empleado de la constructora Isolux-Corsán, entregó un sobre en la sede de Convergència el 11 de marzo de 2014. La Guardia Civil le vigilaba por el caso Adif, que destapó sobornos a funcionarios de ese ente público. La víspera, indicó a su secretaria que preparase un documento sobre adjudicaciones y lo metiera en un sobre sin remitente.
Los agentes pensaban que iba a entregar dinero a un cargo de Adif. Para su sorpresa, entró en la sede de Convergència. La Guardia Civil conecta ahora ese hallazgo con el pago de comisiones en efectivo en el caso 3%.
La entrega fue muy rápida. Los agentes alertaron al fiscal, que no vio posibilidad de ir más allá. El contenido del sobre no pudo averiguarse. La Guardia Civil, sin embargo, ha atado cabos al conectar aquel episodio con el caso 3%,que indaga el presunto pago de comisiones ilegales a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a cambio de la adjudicación de obra pública.
Muchas de estas supuestas mordidas se camuflaban a través de donaciones a las fundaciones del partido —CatDem y Fòrum Barcelona—, pero los investigadores también siguen el rastro de posibles pagos en efectivo. Por ello la visita de Marino V. a la sede de CDC adquiere especial relevancia.
El 10 de marzo de 2014, Marino V. —que tenía el teléfono intervenido por orden judicial— da instrucciones a Inma, otra empleada de Corsán, para que haga “unas modificaciones en un documento relacionado con Bimsa”, según las diligencias de la Guardia Civil.
Bimsa es la mayor adjudicataria de obra pública del Ayuntamiento de Barcelona y la semana pasada fue registrada en la nueva fase del caso 3%. Su presidente, en el momento de los hechos y bajo el mandato del alcalde Xavier Trias, era Antoni Vives, que la pasada semana fue detenido y luego puesto en libertad.
“No tiene que aparecer [en el documento] ninguna referencia nuestra. Haces una fotocopia. Y entonces lo metes en un sobre que no ponga nada… Y se entregue donde… Bueno ya sabes dónde, ¿no?”, le indica Marino V., que parece no saber el porqué de esas maniobras y actúa por indicación de un directivo de Corsán, Ramon A. Minutos después, le llama de nuevo y precisa que debe añadir “unas notas” en las que diga: “Te adjunto licitaciones de Bimsa, correspondientes al año 2013 y 2014. Adjudicadas y pendientes de adjudicar”. E insiste en que nadie firme el sobre. “Pon simplemente un abrazo y ya está”. “Ya me ocupo”. “Como siempre”, le contesta Inma.
Las conversaciones entre empleados de Isolux-Corsán se repiten ese día, siempre sobre los tratos entre la constructora y el partido. Marino V. pregunta en otra llamada si Ramon A. ha hablado “con el susodicho”, en referencia, presuntamente, a un dirigente de Convergència cuyo nombre no llega a pronunciar.
Al día siguiente, 11 de marzo, Marino V. acude a la antigua sede de la extinta Convergència, en la calle Còrsega de Barcelona, y “entrega un sobre” a “una persona que se encontraba dentro de la sede”, según el informe de la Guardia Civil, que adjunta las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del sex-shop contiguo a la sede.
Entre su entrada (con sobre) y su salida de CDC (sin él) apenas transcurre minuto y medio. La Guardia Civil llamó al fiscal del caso para preguntarle si debía intervenir, pero este decidió que no era necesario porque Marino V. ya no estaba en el local ni llevaba encima el sobre.
En el caso Pujol, el presidente de la compañía, Luis Delso, también declaró como imputado por haber pagado 14 millones de euros a Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente catalán, por un negocio en México. Los investigadores sospechan que esos pagos camuflaban también comisiones irregulares.
La entrega del sobre se produce en marzo de 2014. En los meses anteriores, la constructora había logrado varios contratos millonarios tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Barcelona. Entre ellos destaca un centro de salud en el barrio de la Mina de Barcelona (6,2 millones) y un edificio de viviendas sociales (6,7 millones). Ese mismo mes, el día 25, el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) adjudicó a la empresa otro edificio de viviendas por 3,9 millones.
El abogado de Marino V. y de Isolux-Corsán explicó ayer a este diario que no le consta que los investigadores interrogaran al empleado por el contenido del sobre." (El País, 10/02/17)
Las donaciones de las empresas constructoras, subraya el juez, servían para "catalizar, a modo de recompensa, la concesión de determinadas obras públicas". Esos pagos se convirtieron, abunda, en "parte esencial de la financiación de CDC", tal como recoge el auto de prisión de Viloca.
El juez ha levantado este viernes, parcialmente, el secreto de sumario del caso 3%, lo que ha permitido conocer al detalle el material incautado (documentos, listados, agendas, correos electrónicos) intervenidos por la Guardia Civil a lo largo de más de dos años de investigación.
La Guardia Civil ha examinado a fondo esos documentos y ha podido acreditar de forma detallada ese entramado en "un total de seis supuestos". La participación de Viloca era la "clave de bóveda" de la trama de adjudicaciones por donaciones que, "de manera irregular, acabarían nutriendo y dotando de apoyo económico a CDC".
Los casos analizados se refieren solamente al periodo 2011 y 2012 y se basan en la documentación hallada a Viloca durante el registro de su despacho, en agosto de 2015.
Uno de los casos alude a la adjudicación de un servicio de recogida de basura y limpieza por el Ayuntamiento de Olot (CiU) en 2011. El anuncio de licitación se publicó en el DOGC el 11 de abril. Un día después, Viloca mantuvo una reunión con Jordi Duran (Urbaser). En mitad de los acuerdos del pleno municipal de Olot, ambos se volvieron a encontrar.
Y justo un día después de esa segunda reunión, la Fundación ACS —del grupo constructor del mismo nombre, entonces propietario de Urbaser— hizo una donación de 60.000 euros a la Fundación Fòrum Barcelona, una de las dos usadas por el partido para recibir donaciones que en realidad eran, presuntamente, mordidas por obra pública.
Otro caso llamativo tiene que ver con la construcción de un ambulatorio en Mataró (Barcelona). La obra se adjudicó a una UTE formada por Grupo Soler y Oproler. Salió a concurso el 3 de octubre de 2011. Dos semanas antes, Viloca y Lerma se habían reunido en la sede de Convergència, según consta en su agenda electrónica.
Y apenas tres días después del anuncio, Viloca hizo un apunte significativo en su agenda: "Llamar a Rosell", en alusión al que entonces era número dos de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, también imputado en la trama. Además de la agenda, en el registro los investigadores descubrieron que Viloca había destruido documentos con una trituradora." (El País, 25/02/17)
"El juez del ‘caso 3%’ investiga la entrega de un sobre en Convergència.
Marino V., empleado de la constructora Isolux-Corsán, entregó un sobre en la sede de Convergència el 11 de marzo de 2014. La Guardia Civil le vigilaba por el caso Adif, que destapó sobornos a funcionarios de ese ente público. La víspera, indicó a su secretaria que preparase un documento sobre adjudicaciones y lo metiera en un sobre sin remitente.
Los agentes pensaban que iba a entregar dinero a un cargo de Adif. Para su sorpresa, entró en la sede de Convergència. La Guardia Civil conecta ahora ese hallazgo con el pago de comisiones en efectivo en el caso 3%.
La entrega fue muy rápida. Los agentes alertaron al fiscal, que no vio posibilidad de ir más allá. El contenido del sobre no pudo averiguarse. La Guardia Civil, sin embargo, ha atado cabos al conectar aquel episodio con el caso 3%,que indaga el presunto pago de comisiones ilegales a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a cambio de la adjudicación de obra pública.
Muchas de estas supuestas mordidas se camuflaban a través de donaciones a las fundaciones del partido —CatDem y Fòrum Barcelona—, pero los investigadores también siguen el rastro de posibles pagos en efectivo. Por ello la visita de Marino V. a la sede de CDC adquiere especial relevancia.
El 10 de marzo de 2014, Marino V. —que tenía el teléfono intervenido por orden judicial— da instrucciones a Inma, otra empleada de Corsán, para que haga “unas modificaciones en un documento relacionado con Bimsa”, según las diligencias de la Guardia Civil.
Bimsa es la mayor adjudicataria de obra pública del Ayuntamiento de Barcelona y la semana pasada fue registrada en la nueva fase del caso 3%. Su presidente, en el momento de los hechos y bajo el mandato del alcalde Xavier Trias, era Antoni Vives, que la pasada semana fue detenido y luego puesto en libertad.
“No tiene que aparecer [en el documento] ninguna referencia nuestra. Haces una fotocopia. Y entonces lo metes en un sobre que no ponga nada… Y se entregue donde… Bueno ya sabes dónde, ¿no?”, le indica Marino V., que parece no saber el porqué de esas maniobras y actúa por indicación de un directivo de Corsán, Ramon A. Minutos después, le llama de nuevo y precisa que debe añadir “unas notas” en las que diga: “Te adjunto licitaciones de Bimsa, correspondientes al año 2013 y 2014. Adjudicadas y pendientes de adjudicar”. E insiste en que nadie firme el sobre. “Pon simplemente un abrazo y ya está”. “Ya me ocupo”. “Como siempre”, le contesta Inma.
Las conversaciones entre empleados de Isolux-Corsán se repiten ese día, siempre sobre los tratos entre la constructora y el partido. Marino V. pregunta en otra llamada si Ramon A. ha hablado “con el susodicho”, en referencia, presuntamente, a un dirigente de Convergència cuyo nombre no llega a pronunciar.
Al día siguiente, 11 de marzo, Marino V. acude a la antigua sede de la extinta Convergència, en la calle Còrsega de Barcelona, y “entrega un sobre” a “una persona que se encontraba dentro de la sede”, según el informe de la Guardia Civil, que adjunta las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del sex-shop contiguo a la sede.
Entre su entrada (con sobre) y su salida de CDC (sin él) apenas transcurre minuto y medio. La Guardia Civil llamó al fiscal del caso para preguntarle si debía intervenir, pero este decidió que no era necesario porque Marino V. ya no estaba en el local ni llevaba encima el sobre.
Viajes de placer
Isolux-Corsán aparece en al menos dos sumarios judiciales por el supuesto pago de comisiones. En el caso Adif, la investigación ha acreditado cómo la constructora abonó viajes de placer a pistas de esquí a directivos de Adif. Uno de esos viajes se hizo apenas 12 días antes de que se adjudicaran los trabajos bajo sospecha —un tramo de vía del AVE en Barcelona—.En el caso Pujol, el presidente de la compañía, Luis Delso, también declaró como imputado por haber pagado 14 millones de euros a Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente catalán, por un negocio en México. Los investigadores sospechan que esos pagos camuflaban también comisiones irregulares.
La entrega del sobre se produce en marzo de 2014. En los meses anteriores, la constructora había logrado varios contratos millonarios tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Barcelona. Entre ellos destaca un centro de salud en el barrio de la Mina de Barcelona (6,2 millones) y un edificio de viviendas sociales (6,7 millones). Ese mismo mes, el día 25, el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) adjudicó a la empresa otro edificio de viviendas por 3,9 millones.
El abogado de Marino V. y de Isolux-Corsán explicó ayer a este diario que no le consta que los investigadores interrogaran al empleado por el contenido del sobre." (El País, 10/02/17)
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