"La 'Operación Nazarí' está resultando ser algo
más que una simple operación judicial contra lo que sucedía en el
urbanismo de Granada.
La investigación llevada a cabo por la Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) demuestra que lo que ha sucedido
en el seno del Ayuntamiento granadino en la última década y media se
parece más a una trama corrupta de una "organización criminal"
que a simples tratos de favor puntuales hacia determinados promotores
urbanísticos.
A ese concepto le dedica un apartado entero el sumario de
la causa destapado el pasado 7 de noviembre, qu este periódico ha venido
desgranando.
Los hechos que llevaron a la dimisión forzada de José Torres Hurtadocomo alcalde de Granada señalan, según la UDEF, que el propio exedil era el líder de un engranaje perfectamente articulado
para beneficiar a los principales empresarios de la construcción
granadina utilizando cualquier herramienta que hiciese falta para llevar
a cabo dicha tarea.
Una organización jerárquica que nada tenía que ver
con la que en teoría tenía el área municipal de Urbanismo, presiones y
amenazas hacia los funcionarios que pretendían señalar lo que se estaba
haciendo mal o convenios redactados sabiendo que eran ilegales, son las
tres principales características de la trama que se esconde tras la
'Operación Nazarí'.
Torres Hurtado conocía todo lo que pasaba en Urbanismo
El exalcalde de Granada, Torres Hurtado, compareció ante la jueza
titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, María Ángeles
Jiménez Muñoz, explicando que él no sabía nada cuando en realidad la investigación demuestra todo lo contrario.
No solo sabía lo que ocurría sino que lo permitía.
Aunque el que fuera primer edil de la capital sostuvo en su declaración
que prefería no interferir en las decisiones de sus concejalías,
incluyendo la de Urbanismo, lo cierto es que sí que lo hacía a través de
dos personas que eran de su máxima confianza.
Isabel Nieto como concejala por un lado y Manuel Lorente
como gerente y posterior director de obras. Ambos eran los siguientes
eslabones de la cadena que manipulaba a su gusto el área de Urbanismo.
De hecho Lorente ha sido hasta este año uno de los funcionarios que más
años han estado en el Ayuntamiento de Granada por lo que su conocimiento
sobre todo lo relativo a las tareas municipales era más que evidente.
Aunque dimitió como gerente en 2008, continuó ocupando un alto cargo en
el Consistorio como director de obras que era el mismo que había
ostentado prácticamente desde su ingreso en Urbanismo en el año 1986.
Él es a quienes todos señalan como el máximo responsable del área. No había decisión de calado que no pasase por su supervisión y prueba de ello la dan tanto el exdirector de Urbanismo, Jacobo de la Rosa,
como otros funcionarios como el asesor jurídico, Manuel Navarrete o
Beatriz Sánchez Galiana, técnica en la dirección de Licencias que estaba
a las órdenes de Emilio Martín Herrera, estrecho colaborador de
Lorente.
Torres Hurtado sostiene que él no tenía
trato con Manuel Lorente más allá de las visitas a las obras que solía
realizar cuando era alcalde cada miércoles. Pero según el sumario,
miente. Miente porque habrían mantenido varias reuniones dirigidas por
el exalcalde y en las que estaban siempre presentes el propio Lorente y
la delegada de Urbanismo, Isabel Nieto.
Porque como se traduce del
sumario, no había decisión que no conocieran los tres
aunque el propio Torres Hurtado en ocasiones solo hiciera acto de
presencia para dar fe de los convenios en las juntas de Gobierno local
que él como alcalde presidía.
Según la investigación,
Torres Hurtado era tan consciente de lo que ocurría en Urbanismo que
cuando se presentó a sus segundas elecciones municipales de 2007, tuvo
claro que si ganaba de nuevo, su concejal de ese área, Luis Gerardo
García Royo, dejaría de serlo.
Y cumplió su promesa pues tras vencer en
las urnas, García Royo tuvo que dejar su puesto a
Isabel Nieto para que esta desbloquease los convenios pendientes con uno
de los principales promotores involucrados en esta trama: José Julián
Romero. Pues Nieto aparece en el sumario de la causa como un
cargo municipal sin tapujos a la hora de llevar a cabo determinadas
medidas dentro de su condición de delegada.
Desde desoír a quienes le
advertían de la ilegalidad de determinados contratos a amenazarlos
verbalmente. Algo que sucedió en más de una oportunidad tal y como
relata el exdirector de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, que en su
declaración recuerda cómo cuando tuvo que acudir como testigo a una
causa contra Lorente y Martín Herrera, ésta le dijo que "menos mal que
estos no eran de Almanjáyar porque si lo fueran lo mismo te podían dar
una puñalada en una esquina".
Este tipo de presiones y
amenazas eran una práctica habitual según la investigación de la UDEF.
Quienes no seguían las directrices marcadas desde lo alto de la
"organización criminal" debían atenerse a consecuencias. En todo caso si
no lo hacían, el propio área de Urbanismo que entre Torres Hurtado,
Isabel Nieto y Manuel Lorente habían tejido, se reorganizaba a su
parecer para puentear a determinados funcionarios.
De ese modo había quienes hacían informes jurídicos favorables sin estar facultados para ello,
como es el caso de Emilio Martín Herrera, que entre otros cargos fue el
subdirector de Edificación. El objetivo era poder evitar a quienes
molestaban por emitir informes negativos. No obstante este tipo de
actividades se repitieron mucho durante los años en que Torres Hurtado
estuvo al frente de la alcaldía.
2007, un año clave
Aunque la investigación policial concluye que la trama corrupta podría
llegar incluso hasta el año 2001 cuando gobernaba en Granada un
tripartito con el PSOE a la cabeza, los expedientes que se investigan
parten sobre todo de la época del PP en el Ayuntamiento de la capital.
Aunque de la primera legislatura, la que va desde 2003 a 2007, el que
era concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García Royo, no repitió para la
segunda porque frenaba muchos convenios que debían salir adelante para
los intereses particulares de Torres Hurtado, Lorente y los promotores
urbanísticos señalados en la causa. Por eso en septiembre de aquel año,
el exalcalde nombra a Isabel Nieto como concejal del área empezando la
época más intensa de los expedientes que se investigan en la 'Operación
Nazarí'.
A lo primero que se tuvo que enfrentar Nieto
fue al informe presentado en noviembre de 2007 por el asesor jurídico
municipal, Manuel Navarrete, sobre el edificio Penta. En ese informe
explicaba que el silencio practicado por Emilio Martín Herrera en años
anteriores sobre la reclamación de unos terrenos que se habían cedido sin el consentimiento de sus legítimos propietarios,
había provocado que la Comisión Provincial de Valoraciones tasase en 13
millones de euros la multa que debía pagar el Ayuntamiento de Granada
por no haber solucionado este problema. Aquello se trató de solucionar
pagando con otros terrenos pero ese convenio quedó también en el aire.
Aquel informe de Navarrete fue el primero que molestó a Isabel Nieto.
Desde ese momento se empezó a puntear a los distintos funcionarios,
empezando por el propio letrado y siguiendo por el exdirector de
Urbanismo, Jacobo de la Rosa.
Ambos hicieron en 2008
otro informe en el que señalaban el desfase de más de 23 millones de
euros en las cuentas del Ayuntamiento por avales que no se les habían
cobrado a los diferentes promotores.
En este asuntó se
evidenció que la trama ya había crecido demasiado porque según
Navarrete, en su declaración ante la policía, desde Urbanismo no le
querían facilitar determinados expedientes y si lo hacían habían pasado
antes por las manos de Isabel Nieto. Pero es que además de aquel informe
en el que la ciudad de Granada perdía 23 millones de euros, no solo
tuvo conocimiento la propia concejal sino Torres Hurtado.
Dada la gravedad del asunto, se tomaron medidas. No se les reclamó los
avales a los promotores sino que se reordenó la gerencia de Urbanismo al
año siguiente. Manuel Navarrete fue apartado del área de modo que no pudiese molestar y Jacobo de la Rosa se quedó al margen de las decisiones
porque desde ese momento hubo una dirección en Urbanismo y otra en
Licencias que pasó a ser controlada por la mano derecha de Lorente,
Emilio Martín Herrera.
Así quedaba claro que la organización no tendría
más obstáculos con los "no afines", según aparece en el sumario, y que
en todo caso se les podría ningunear desde ese momento en las decisiones
que se tomasen para llevar a cabo convenios ilegales.
Los tres promotores beneficiados
Si había una trama que operaba para beneficiarse de las obras que
tuvieran lugar en Granada, era porque había una serie de protagonistas
por la parte privada de la promoción urbanística. Ellos eran por orden
de importancia: José Julián Romero, Roberto García Arrabal y Enrique Legerén.
Los tres fueron los grandes beneficiados de Urbanismo según se
desprende del sumario de la 'Operación Nazarí' y los tres tuvieron
relaciones entre ellos en determinados asuntos con el fin de obtener
beneficio mutuo.
José Julián Romero es el principal
de los promotores urbanísticos por antigüedad. De Romero, se sabe que
hasta la llegada de la crisis económica, él era el principal promotor de
la ciudad. Casi todas las obras de importancia desde mediados de la
década de los 90 hasta el año 2008, llevan la firma de José Julián.
Además, según una fuente que ha preferido mantener su anonimato, el
empresario ha llegado a chantajear a diferentes políticos y en concreto,
en una ocasión, llegó a amenazar a uno de ellos al decirle que "si tú quieres ser alcalde de esta ciudad tendrás que hacer lo que yo te diga".
Por si fuera poco, era amigo íntimo de Manuel Lorente según la
investigación.
De hecho llegaron a hacer algún viaje juntos como el que
tuvo lugar en 2007 en Japón y que incluso llegó a los tribunales por la
supuesta presencia de detectives contratados para confirmar que Lorente y
Romero eran conocidos.
Por su parte Roberto García Arrabal ha resultado ser el sucesor de José Julián.
Ambos incluso llegaron a tener alguna sociedad conjunta aunque según el
propio García Arrabal nunca han podido entenderse por tener formas de
ser muy diferentes.
No obstante Roberto García Arrabal ha sido hasta la
fecha el promotor de los principales edificios que se ha construido en
Granada en la última década. Desde el centro comercial Serrallo hasta el
Pabellón Mulhacén o el edificio Progreso. Los tres investigados dentro
de la 'Operación Nazarí'.
En último lugar está
Enrique Legerén. El que fuera presidente de los constructores granadinos
y actual tesorero de la directiva que los engloba en la Asociación de
Constructores y Promotores (ACP), es el único de los empresarios que no
fue detenido el pasado mes de abril.
No en vano su relación con la causa
también es estrecha por haberse beneficiado con SierraPark,
la empresa que tiene con José Julián Romero, de la concesión del
expediente de los aparcamientos públicos de la ciudad de Granada gracias
a la mediación de Manuel Lorente.
En resumen la
organización que encabezaba José Torres Hurtado contaba con una extensa
red de acuerdo con los intereses urbanísticos privados. El sumario de la
'Operación Nazarí' destapa el perjuicio que los trece años en la
alcaldía de Torres Hurtado ha provocado para las arcas municipales. Sin
embargo tal y como se ve, no es lo único grave de la investigación.
Las
amenazas, los tratos de favor, la reorganización dentro de Urbanismo y
las relaciones personales de los imputados entre sí, dibujan una "organización criminal" que se ha mantenido en el tiempo tal y como recoge la UDEF en su instrucción. Esta es, en al menos una parte, la forma en que el Urbanismo de Granada construyó su propia corrupción." (eldiario.es, 20/11/16)
No hay comentarios:
Publicar un comentario