Como la senyera, con Pujol, la estelada está sirviendo para tapar la podredumbre que emana de demasiadas instituciones catalanas...

"La trama empezó a destaparse en junio de 2014 a raíz de la denuncia de Montserrat Gassull, entonces concejala de ERC en Torredembarra (Tarragona). 

Esta edil puso en conocimiento de la dirección de su partido las graves irregularidades detectadas en este consistorio pero su partido hizo caso omiso de sus denuncias lo cual provocó que abandonara esta formación y decidiera denunciar los hechos supuestamente delictivos ante la administración de justicia. 

Para ERC este caso resultaba terriblemente incómodo en un momento en que se estaba fraguando la coalición Junts pel Sí con CDC y prefirió mirar para otro lado para salvaguardar el proceso soberanista.

Las denuncias de Gassull, tramitadas en el juzgado de instrucción n.1 de El Vendrell, motivaron la llamada Operación Petrum, desarrollada en varias fases, en el marco de lo que la prensa denominó caso 3%. El citado juzgado investigó el pago de comisiones ilegales a la constructora Teyco, propiedad de la familia Sumarroca, fundadores de CDC y del entorno íntimo de Jordi Pujol, que implicó a diversos ayuntamientos gobernados por Convergència.

 Las investigaciones motivaron la detención de Andreu Viloca, tesorero del partido y administrador de la fundación convergente CatDem y el registro de la sede de CDC. Viloca que permaneció mes y medio en prisión preventiva fue liberado tras abonar su partido la fianza de 250.000 euros y, a diferencia de Bárcenas, continuó en el cargo.

La actual Operación Termyca resulta una derivada de este caso que ahora se ha centrado en las actividades de la consultoría Efial que operaba en 80 municipios, la mitad de los cuales en Catalunya y gobernados por Convergència. Una empresa que, por así decirlo, rizaba el rizo en las prácticas privatizadoras y externalizadoras de las administraciones locales.

 Por ejemplo, se encargaba de la gestión de las concesiones y contratos municipales en el núcleo duro competencial de los ayuntamientos. Un foco de corrupción que, al parecer, acababa en cuentas corrientes del Principado de Andorra. La investigación tiene una inquietante derivada política, pues se ha hecho público que el Ayuntamiento de Girona, en la época en la que era alcalde Carles Puigdemont, adjudicó a dedo seis contratos a Efial por valor de 113.000 euros, relacionados con un bien público como el agua.

Conspiraciones y complicidades

El hecho de que las investigaciones del juzgado de instrucción n. 1 de El Vendrell contaran con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción y la Oficina Antifraude de Catalunya, ahora bajo sospecha tras la revelación de las conversaciones entre su director Daniel de Alfonso y el ministro en funciones del Interior, Jorge Fernández Díaz, sirvió de pretexto para que el ejecutivo catalán atribuyera estas investigaciones a una conspiración españolista orquestada por el ministro.

Neus Munté, vicepresidenta de la Generalitat, compareció ante los medios para acusar a Fernández Díaz de ser el “autor intelectual” del operativo y vincularlo al congreso de refundación de su partido que se inicia este viernes 8 de julio.

 Una argumentación calcada a la que Jordi Pujol utilizó con éxito en el caso Banca Catalana y que sirvió de pauta para exculparse de los múltiples casos de corrupción que acompañaron su largo mandato, hasta su autoinculpación que provocó un terremoto en el partido que está en el origen de la refundación.

 Las manifestaciones de Munté están en abierta contradicción con el hecho que la iniciativa de las investigaciones corresponda a un juzgado y un juez catalán, Jordi Bosch. Además resulta incongruente que, si la operación ha sido impulsada por Fernández Díaz, estén siendo investigados numerosos ayuntamientos del PP en Madrid y el resto de España. Tampoco dio una explicación satisfactoria a la circunstancia que Daniel de Alonso accediera al cargo a propuesta de Convergència.

El escándalo ha motivado el espeso silencio de ERC, visiblemente incómodo por un turbio asunto que vuelve a empañar su pacto con CDC en un tema de especial sensibilidad política y del que ERC había hecho bandera política. También llama la atención la postura del PSC.

 Su secretario general, Miquel Iceta, tras consultar con la sección de su partido en Girona, donde gobiernan juntos CDC y PSC, manifestó que ésta le había asegurado que no existía ninguna irregularidad y que, por tanto, no apoyaría una comparecencia parlamentaria de Puigdemont para dar explicaciones sobre el caso. Incidentalmente, hemos de apuntar a la “transversalidad” de los socialistas catalanes que gobiernan en Barcelona con Ada Colau, con Convergència en Girona, con Ciutadans en Lleida y con PP y Unió en Tarragona. Una transversalidad que muchos atribuyen no a su centralidad política, sino a su interés por ocupar cargos.

Ahora bien, el dato que resulta más relevador es comprobar cómo entre amplios sectores del electorado independentista han funcionado a la perfección las explicaciones de Munté, quien precisamente ha sido propuesta por Artur Mas, para codirigir la refundada Convergència.

La refundación del partido del catalanismo conservador, recientemente reconvertido al independentismo, no parece que vaya asumir la más mínima responsabilidad por la corrupción estructural que le rodea y que cuenta con la complicidad de importantes sectores de la clase política y la sociedad catalana. 

Como la senyera, con Pujol, la estelada está sirviendo para tapar la podredumbre que emana de demasiadas instituciones catalanas. En este tema existen bien pocas diferencias entre el comportamiento de la sociedad catalana y española, donde la unidad nacional en un caso y la independencia en el otro están siendo utilizadas eficazmente para tapar la corrupción."                   (Antonio Santamaría, El Viejo Topo, 10-07-16)