Muchos inquilinos de estas casas tenían derecho a opción de compra, pero al venderlas en bloque se les impidió ejercitarlo: “La EMSV les negó la condición de interesados en el procedimiento en contra de los establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común (apartado IV.5), al que se remite, en los procedimientos de adjudicación de tales viviendas el Reglamento” municipal.
Otra irregularidad que detecta la Cámara de Cuentas es que, tras comprar las casas, la EMSV no “estableció una comisión o instrumento adecuado de seguimiento y control para asegurar el cumplimiento por la compradora de las obligaciones en las que esta se ha subrogado y que exceden de las obligaciones que tienen los promotores privados de viviendas de protección pública, cuyo control corresponde a otras instituciones de la Comunidad de Madrid”.
La venta a un fondo buitre (el grupo Magic Real State/Blackstone) de 1.860 viviendas
que el Ayuntamiento de Madrid tenía mayoritariamente alquiladas a
familias con escasos recursos presenta graves irregularidades.
Información privilegiada, ausencia de concurrencia y publicidad, falta
de transparencia y un “quebranto” millonario para las arcas municipales
constituyen solo una parte de las presuntas ilegalidades halladas por la
Cámara de Cuentas de Madrid
en una operación que, desde que se consumó en 2013, tiene en pie de
guerra a los inquilinos con su nuevo casero, que ha desahuciado a varias
decenas de familias que no han podido afrontar las nuevas condiciones
impuestas.
El informe, preliminar y sometido a alegaciones, elaborado por el
órgano fiscalizador de las entidades públicas madrileñas y al que ha
tenido acceso EL PAÍS, detalla una decena de irregularidades en la venta
de estas casas por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).
La operación se cerró por 128,5 millones, unos 32 millones menos de lo
que, según estudios que poseía el Consistorio, valían esos inmuebles,
siempre según el informe.
Sin justificación fehaciente alguna, y
saltándose además el procedimiento, el Ayuntamiento, gobernado entonces
por la alcaldesa Ana Botella,
rebajó el precio de adjudicación inicial (127,5 millones) en casi más
de dos tras alegar los compradores que la morosidad en los pagos del
alquiler era superior a la indicada por el municipio; y, además, en el
mismo lote, le escrituró por tres millones otros 89 inmuebles (garajes,
locales y trasteros) a pesar de que once de ellos se introdujeron a
última hora en la operación y no figuraban en la relación de bienes
pactadas inicialmente. La entonces concejal de Urbanismo, Paz Fernández,
hoy retirada de la política, ha declinado pronunciarse sobre este
asunto hasta que el informe sea definitivo, y eludió facilitar las
alegaciones que ha presentado ante la Cámara para refutarlo.
El informe de la Cámara de Cuentas describe a lo largo de 65 páginas
hechos que en algunos casos pueden revestir carácter delictivo. La
Cámara analiza en este informe la desinversión que hizo el Ayuntamiento
en los años 2012 y 2013 al vender un total de 6.844 inmuebles que le
reportaron 261,8 millones de euros.
Entre ellos, las citadas 1.860
viviendas, alquiladas dentro de programas de ayuda a jóvenes sin
vivienda y familias con recursos limitados). Muchos de estos inquilinos
tenían contratos con la EMVS que estipulaban un derecho de opción de
compra pasados siete años en unos casos y 10, en otros.
El informe revela que todas esas casas (que formaban un total de 18
promociones) se vendieron en bloque vulnerando la ley y sin darle
siquiera a los arrendatarios la posibilidad de ejercer su derecho de
opción de compra. El Ayuntamiento de Ana Botella justificó la decisión
en la necesidad de equilibrar las cuentas de la EMVS.
Pero al poco de
llegar el nuevo casero, y a medida que iban expirando los contratos
firmados con la EMVS, las condiciones del alquiler cambiaron al alza,
con incrementos de hasta un 43%, según explica la presidenta de la
Asociación de Familias Afectadas por la venta de las Viviendas de la
EMVS, Arancha Mejías. “Se pasó de pagar en torno a 400 euros,
dependiendo de los metros cuadrados de la casa, a unos 700. Y se elevó
el precio de la comunidad. Y llegaron los desahucios: solo en la
promoción de Carabanchel, una quincena”, asevera Mejías.
El informe arroja conclusiones demoledoras: “Han sido los interesados
en la compra [de estas viviendas], los que han fijado el precio de
venta y [este] ha sido aceptado” sin más por la EMVS, subrayan los
redactores del documento. En la venta de estos inmuebles, la EMVS
“prescindió de las instrucciones internas de contratación” fijadas por
su Consejo de Administración en 2008 y los enajenó “sin la existencia de
pliegos de condiciones de la venta y sin establecimiento previo del
valor del mercado del bien a enajenar”.
Es decir, el precio se puso “por
un acuerdo negociado entre el comprador” y la EMVS pero sin que
existiesen “tasaciones previas que fijaran dichos valores” ni un
“estudio o informes de viabilidad técnica y jurídica de la operación”.
Y, además, saltándose las “normas de contratación e incumpliendo los
criterios de racionalidad, economía y eficacia que debe presidir la
gestión de los intereses públicos”.
El Consejo de Administración de la EMVS aprobó el 11 de junio de 2008
las instrucciones internas que había que seguir para la compraventa de
inmuebles públicos. Estas normas se incumplieron, según el informe de la
Cámara de Cuentas.
“La venta de las 18 promociones se ha realizado sin
que haya un informe técnico de valoración en el que se cifre el valor
objetivo y cierto de mercado de los elementos objetos de enajenación,
aunque teniendo en cuenta las limitaciones, en cuanto al precio, por ser
viviendas de protección pública.
Ello puede ser indicativo, de una
deficiente o mala gestión en la administración y valoración de los
intereses públicos a los que la venta, en todo caso, ha de responder”,
concluye el informe.
La EMVS es una sociedad mercantil de titularidad municipal, con
gestión privada que se rige por unos estatutos aprobados por el pleno
del Ayuntamiento el 28 de febrero de 1997 y modificados luego en febrero
de 2005 y noviembre de 2013. Es mercantil, pero dado su fin social y
carácter público está sujeta a una normativa diferente a las empresas
estrictamente privadas, destaca el informe.
La Cámara de Cuentas ha instado a la exalcaldesa Ana Botella y al
anterior gerente de la EMVS, Fermín Oslé, a que ofrezcan explicaciones
sobre las graves irregularidades detectadas en esta macrooperación de
venta de casas protegidas. Botella ha eludido contestar personalmente a
la Cámara y se ha adherido a las alegaciones presentadas por los
miembros de su anterior equipo de gobierno.
Poco después de caer en manos de este fondo buitre las casas, los
vecinos afectados acudieron a los tribunales. El asunto cayó en el
Juzgado 38 de Instrucción de Madrid, que lo sobreseyó provisionalmente
sin practicar las pruebas que le pedían los damnificados y con las que
intentaron demostrar las irregularidades de la compraventa y sugirieron
un trato de favor municipal al grupo empresarial beneficiario, vinculado
societariamente con empresas para las que trabaja el hijo mayor de la
exalcaldesa, José María Aznar Botella, según argumenta la presidenta de
los afectados y ha denunciado la denominada Asociación Corruptil en un
escrito presentado ante el juzgado 48 de Madrid, que investiga
malversación de caudales en otra operación de compraventa de casas públicas del IVIMA ejecutada por la Comunidad de Madrid. Este es el primer informe oficial que se hace sobre la macrooperación de la EMVS.
Este informe, sometido en la actualidad alegaciones, se refiere solo a
la EMVS, aunque el Gobierno del expresidente Ignacio González también
enajenó 2.935 viviendas protegidas del IVIMA, en fechas coincidentes y
mediante un procedimiento similar, a otro fondo buitre, Azora-Goldman
Sachs. Los afectados del IVIMA presentaron una querella que está siendo
investigada por el Juzgado número 48 de Madrid, en la que ya está
imputado Juan Van-Halen, exdirector general de Vivienda de Madrid, quien
presentó su dimisión en el cargo que tenía en el Ministerio de Fomento
al conocer que el juez le había llamado como investigado sobre este
asunto.
Los de la EMSV también interpusieron una querella, que fue
sobreseída provisionalmente por el Juzgado 38 de la plaza de Castilla.
“A la vista de los nuevos datos que recoge el informe de la Cámara de
Cuentas vamos a pedir la reapertura del procedimiento en el Juzgado 38”,
avanza Mejías." (José Antonio Hernández, El País, 05/04/16)
Así consta en un anteproyecto de informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la fiscalización de operaciones de enajenaciones del patrimonio inmobiliario de la EMVS y de los controles realizados por las instituciones competentes, al que ha tenido acceso Europa Press.
El escrito, adelantado por eldiario.es, destaca que la EMVS, en la venta de determinados inmuebles, "ha prescindido de la aplicación de las instrucciones internas de contratación", procediendo a la venta de los mismos "sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta".
También se ha hecho "sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar que se ha fijado por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores", lo que supone "un incumplimiento" de las normas internas de contratación.
También se ha hecho "sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar que se ha fijado por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores", lo que supone "un incumplimiento" de las normas internas de contratación.
En este punto añaden que no sólo se incumple la normativa interna sino varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)
así como a los criterios de "racionalidad, economía y eficacia que
deben presidir la gestión de los intereses públicos", recoge la Cámara
en su informe.
1.860 viviendas afectadas
En concreto, las promociones vendidas componen un
total de 1.860 viviendas vendidas a dos entidades jurídicas del mismo
grupo societario, Fidere Gestión y Fidere Vivienda, en régimen de
arrendamiento y de arrendamiento con opción a compra, más los
correspondientes garajes y trasteros (para un total de 5.315 inmuebles).
Esta venta se hizo "sin atenerse a las referidas instrucciones internas de contratación ni elaborar un pliego de condiciones de venta, ni hacer el estudio o informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación ni fijar con carácter previo al proceso de publicación de la venta el valor de las promociones a enajenar".
La venta a Fidere "contraviene" para la Cámara de Cuentas el contenido del Reglamento de Adjudicación de viviendas de protección pública de la EMVS aprobado por el Ayuntamiento en 2008 y modificado luego en octubre de 2012, que impide la venta de viviendas de protección a entidades jurídicas que previamente no hayan quedado vacantes en los procedimientos de adjudicación.
A su vez, sostiene el órgano fiscalizador que en esta venta el Ayuntamiento no promovió "una verdadera concurrencia de interesados en la compra, dado que con carácter previo al anuncio de la misma, el 3 de mayo de 2013, ha facilitado el acceso, de manera privilegiada, al menos a cuatro entidades jurídicas, una de las cuales resultará ser la adjudicataria de la venta, a los datos e información relativa a los elementos que configuran las 18 promociones, colocando a esas entidades en situación de ventaja respecto a otros posibles interesados".
La Cámara de Cuentas concluye que la EMVS lanzó el anuncio de venta desconociendo el valor objetivo del mercado de los inmuebles, renunciando a un informe técnico hecho por personal experto en valoraciones de esos bienes o por empresas de tasación homologadas.
"Solo tiene como referencia una estimación por aproximación al total de los bienes, que carece de condición de informe técnico de valoración, hecha por PwC, que no solo carece de validez de tasación de la cartera inmobiliaria a enajenar (...) sino que además se revelará, en la fase de negociación, posterior con la que resultaría la adjudicataria, como asesora de esta última", destaca el informe.
Esta venta se hizo "sin atenerse a las referidas instrucciones internas de contratación ni elaborar un pliego de condiciones de venta, ni hacer el estudio o informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación ni fijar con carácter previo al proceso de publicación de la venta el valor de las promociones a enajenar".
La venta a Fidere "contraviene" para la Cámara de Cuentas el contenido del Reglamento de Adjudicación de viviendas de protección pública de la EMVS aprobado por el Ayuntamiento en 2008 y modificado luego en octubre de 2012, que impide la venta de viviendas de protección a entidades jurídicas que previamente no hayan quedado vacantes en los procedimientos de adjudicación.
A su vez, sostiene el órgano fiscalizador que en esta venta el Ayuntamiento no promovió "una verdadera concurrencia de interesados en la compra, dado que con carácter previo al anuncio de la misma, el 3 de mayo de 2013, ha facilitado el acceso, de manera privilegiada, al menos a cuatro entidades jurídicas, una de las cuales resultará ser la adjudicataria de la venta, a los datos e información relativa a los elementos que configuran las 18 promociones, colocando a esas entidades en situación de ventaja respecto a otros posibles interesados".
La Cámara de Cuentas concluye que la EMVS lanzó el anuncio de venta desconociendo el valor objetivo del mercado de los inmuebles, renunciando a un informe técnico hecho por personal experto en valoraciones de esos bienes o por empresas de tasación homologadas.
"Solo tiene como referencia una estimación por aproximación al total de los bienes, que carece de condición de informe técnico de valoración, hecha por PwC, que no solo carece de validez de tasación de la cartera inmobiliaria a enajenar (...) sino que además se revelará, en la fase de negociación, posterior con la que resultaría la adjudicataria, como asesora de esta última", destaca el informe.
En consecuencia, ve un incumplimiento de las instrucciones internas
de contratación respecto a la obligación de fijar "el precio objetivo y
cierto" del bien a enajenar, además de "vulnerar las más elementales
reglas de buena gestión y administración de bienes ajenos y además
afectados al cumplimiento de fines sociales e intereses públicos".
Recalca que el precio de venta de las 18 promociones, que asciende a 128,5 millones de euros, resulta inferior a su valor contable (159,4 millones) e inferior también al valor total de las viviendas con sus correspondientes plazas de garaje y locales.
La Cámara de Cuentas entiende que se ha podido afectar con la enajenación a los arrendatarios de las viviendas, a los que se ha negado la condición de interesados en el procedimiento en contra de lo que marca la normativa.
Además, recrimina a la EMVS que no se haya establecido una comisión o instrumento adecuado de seguimiento y control "para asegurar el cumplimiento por la compradora de las obligaciones en las que ésta se ha subrogado y que exceden las obligaciones que tienen los promotores privados de viviendas de protección pública, cuyo control corresponde a otras instituciones de la Comunidad". (Público, 06/04/16)
Recalca que el precio de venta de las 18 promociones, que asciende a 128,5 millones de euros, resulta inferior a su valor contable (159,4 millones) e inferior también al valor total de las viviendas con sus correspondientes plazas de garaje y locales.
La Cámara de Cuentas entiende que se ha podido afectar con la enajenación a los arrendatarios de las viviendas, a los que se ha negado la condición de interesados en el procedimiento en contra de lo que marca la normativa.
Además, recrimina a la EMVS que no se haya establecido una comisión o instrumento adecuado de seguimiento y control "para asegurar el cumplimiento por la compradora de las obligaciones en las que ésta se ha subrogado y que exceden las obligaciones que tienen los promotores privados de viviendas de protección pública, cuyo control corresponde a otras instituciones de la Comunidad". (Público, 06/04/16)
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