"El president Artur Mas compareció en el Parlament a finales de
octubre para defender la contratación de obra pública de la Generalitat.
"Es impecable, no hay errores ni, por supuesto, hay posibilidad de
influir", dijo.
Días antes la Guardia Civil había detenido por el caso
del 3% a Joan Antoni Rosell, director general de Infraestructures.cat,
el organismo que se dedica a gestionar la obra pública catalana. Mas
quería defender la labor de su organismo, aunque Rosell fuera apartado
del mismo una semana más tarde.
Ex trabajadores de
Infraestructures.cat -antes Gisa- ofrecen un panorama distinto al del
president: un sistema donde manipular un concurso es fácil, sobre todo
después de los cambios introducidos por el Gobierno de Mas.
El
proceso de concurso de obra pública es simple. La Generalitat necesita
construir una carretera o una vía de tren y convoca una licitación. La
empresa ganadora dependerá de la suma de una puntuación técnica y del
valor de su oferta económica. La nota técnica se basa en unos criterios
preestablecidos por la administración: cuántas obras similares ha hecho
esa compañía antes, cuántos trabajadores tiene, cómo está de lejos su
oficina del lugar de la obra, además de cómo prevé realizar el trabajo.
En
los años de José Montilla como presidente de la Generalitat, un
ingeniero contratado recibía las ofertas en sobres cerrados, hacía la
valoración técnica en un Excel y los resultados se abrían en la mesa de
contratación junto a la oferta económica en un acto público. Hacia 2008,
dejó de usarse Excel en favor del sistema SAP, que permite detectar
quién ha cambiado una nota técnica.
El SAP reflejaba y grababa si
alguien -aparte del técnico- modificaba las notas técnicas. Si había
luego una investigación, se sabía quién había metido mano en las notas.
Si un superior pedía a un ingeniero -parte del personal laboral, no
funcionario- que cambiara él mismo el documento, el empleado podía
exigir la petición por escrito.
Era relativamente fácil justificar
presuntas presiones. Así lo ve un ex empleado: "Con el tripartito
cuando presentabas la puntuación, te podían pedir algún cambio sobre
criterios particulares, que aplicabas a todas las ofertas.
Los cambios
eran matices que podían hacer que el segundo o tercero fuera el primero,
pero nunca que el décimo con una oferta técnica mala, fuera el
adjudicatario. Todas las puntuaciones que hice con el tripartito, podría
justificarlas tranquilamente. Con CiU, no." El sistema no era perfecto
-había empleados que podían acceder a la orden de su superior sin más-
pero permitía una cierta protección.
La llegada de Mas
La
elección del president Mas en 2010 cambió este sistema imperfecto pero
fiable. El nuevo presidente de Gisa, Joan Lluís Quer, creó la Oficina
Tècnica d’Avaluació (OTA). Los dos encargados eran Jaume Cortasa y
Albert Farreras. En esa oficina se hacía la valoración técnica de las
ofertas. Los encargados al principio ya no eran los ingenieros
contratados y especialistas en distintos ámbitos.
Luego la OTA sí
recurrió a ellos. Una de las fuentes describe así el método de
adjudicación (hemos omitido los nombres para evitar su identificación):
"Yo solo participé en la adjudicación de una obra. Hice la revisión de
ofertas, sentado en un ordenador de la planta noble. Después
[Jaume] Cortasa me pidió que mirara la forma de adjudicarle la obra a
[una determinada empresa]. No se pudo justificar pero se lo adjudicaron
igualmente".
El método SAP solo se usaba al final del proceso,
cuando ya estaba claro quién tenía más puntos para llevarse la
adjudicación. De este modo se lograba, según una fuente, "dejar de
probar la discusión y ocultar la trazabilidad: qué cambios se han hecho
en el documento, cuándo y, sobre todo, quién los ha hecho". Los
encargados con acceso a la Oficina Técnica de Evaluación "podían
modificar la nota del técnico sin consultarle y sin su aprobación",
según explica la fuente.
Entre los empleados, no era evidente a
primera vista averiguar qué ocurría: "No dijimos nunca la palabra
‘corrupción’. Con el tripartito, según cómo había quedado la primera
puntuación y las adjudicaciones de otros concursos, podías intuir que
ayudarían a alguna de las primeras empresas pero no sé si por corrupción
o si el objetivo era repartir. Con CiU estábamos muy sorprendidos”. Con
la crisis, empezaron los ERE en la nueva Infraestructures.cat: "La
gente estaba más preocupada por su puesto de trabajo que por otra
cosa”.
El sistema había dejado de ser fiable. La manipulación era
tan sencilla como una llamada a los encargados de la OTA, que se
convirtió no en una garantía de limpieza sino en un cuello de botella en
el que convergían todas las candidaturas de un concurso. Los encargados
-Cortasa y Farreras- llevaban años trabajando cerca de Josep Antoni
Rosell.
Una puerta giratoria perfecta
La carrera de Rosell
es peculiar. Entre 2001 y 2003 fue subdirector de infraestructuras del
Departament de Agricultura. Desde allí dirigió la mayor concesión de
obra pública catalana junto a la línea 9 del metro: el Canal de Segarra
Garrigues.
Aquel concurso lo ganó en 2003 una unión de empresas formada
por, entre otras, FCC, Agbar, Copisa y Copcisa, que figuran entre las
donantes a CatDem, la fundación de CDC. Esa unión se llamó Aigües del
Segarra-Garrigues (ASG). En el mismo 2003 -último año de Pujol como
presidente-, Rosell salió de la Generalitat y se convirtió en director
de ASG.
Joan Lluís Quer es el presidente de Infraestructures.cat y
quien fichó a Rosell de nuevo para el sector público. Quer era una
extraña elección de Mas para dirigir una empresa encargada de obras
públicas que debía ser "impecable". Poco antes de ser nombrado había
invertido 2,5 millones en empresas de ingeniería y asesoría de obras. La
nueva empresa pública presentó un ERE debido a las nuevas medidas de
austeridad económica. Era lógico pensar que iba a necesitar más ayuda
externa.
Rosell nombró como encargados de la OTA a Cortasa y
Farreras, ambos "gente de confianza". En el argot de los ex trabajadores
consultados eran "gente de Tàrrega", lugar donde estaba la sede de
Regsega y donde Cortasa había trabajado hasta su nombramiento en
Infraestructures.cat.
Desde el ámbito privado, Rosell gestionó ASG
en contacto con las empresas públicas Regsega y Regsa. Entre los
técnicos de ambas empresas públicas estaban Jaume Cortasa, responsable
de contratación parcelaria de Regsega, y entre cuyas responsabilidades
estaba el desarrollo del Canal de Segarra-Garrigues, y Albert Farreras,
técnico de obras y, a partir de 2005, gerente de obras en Regsa.
En este
cargo, Farreras era responsable de "gestión de infraestructuras,
liderando el proceso de licitación, adjudicación, contratación y control
de ejecución de las mismas", como él mismo dice en su perfil en
LinkedIn.
La obra tiene sobrecoste
A pesar de haber vuelto
a la empresa pública, Rosell siguió vinculado a ASG hasta julio de 2013
en calidad de apoderado. O al menos la revocación de dichos poderes no
se publicó en el BORME hasta esa fecha. Su relevo en la cúpula de ASG
fue el exconseller de Agricultura y jefe de Rosell en el último gobierno
de Jordi Pujol, época en la que se concedió el Canal: Josep Grau.
Tras el nombramiento de Grau como presidente de ASG, según publicó El País,
un informe interno de la Generalitat apuntaba un sobrecoste de hasta el
81% en la obra del Canal de Segarra-Garrigues, presupuestada en cerca
de 1.100 millones de euros y cuyo desarrollo completo podría elevarse a
más de 1.900 millones.
Rosell había participado desde la esfera
pública en la concesión del canal a ASG y, ya desde el ámbito privado,
en su deficiente desarrollo. En consecuencia, la Generalitat alteró el
contrato de concesión del canal a ASG a finales de 2013. La decisión
daba, de nuevo, más control sobre la obra a Rosell, esta vez a través de
Infraestructures.cat.
El presidente de la empresa pública, Joan Lluís
Quer, dijo que con esa decisión habían "tomado la batuta" y ASG haría lo
que le dijeran ellos, ya que la concesionaria que dirigió (2003-2011)
su número dos y que, desde 2011, preside el exconseller Josep Grau
"tenía libertad para hacer la obra donde creía que lo tenía más fácil".
Es decir, Quer atribuyó la mala gestión de la obra del Canal a la unión
de empresas que dirigió durante más de ocho años su segundo de a bordo,
imputado por presunta corrupción, y que en la actualidad dirige un
exconseller. Por si fuera poco, Quer decía en 2013 que "yo no lo hubiera
hecho como se ha hecho hasta ahora".
El nuevo calendario de
desarrollo de la obra del Canal sitúa su finalización en 2022. La
previsión era que el canal estuviera operativo ya en 2015." (El Español, 09/11/15)
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