Imagen:Partido Popular del País Vasco
"El PP ha instado a la Fiscalía del
País Vasco a abrir una investigación de oficio sobre la adjudicación de
200 contratos públicos por un importe superior a 65 millones de euros
que se han concedido en los últimos años a empresas relacionadas con la
familia del exconsejero de Interior y expresidente del Parlamento vasco
por el PNV, Juan María Atutxa.
En concreto, el Partido Popular denuncia que distintas administraciones
públicas han adjudicado contratos por importe de 40 millones de euros a
las constructoras Ekin y Eraiketak, en las que, según los datos
aportados por el secretario general del PP de Bizkaia, Javier Ruiz, han
figurado como administradores en distintas etapas dos hermanos y dos
sobrinos de Atutxa.
A estas adjudicaciones, hay que añadir las recibidas por valor de 25
millones de euros por la consulta Ingeplan Consulting, en la que figura
como presidente uno de los hijos de Juan María Atutxa y otro como
secretario y consejero, mientras que hasta 2013 estaba también
registrado como apoderado solidario el actual presidente del Puerto de
Bilbao, también hijo del exconsejero vasco, Asier Atutxa.
El tercero de los casos denunciados hace referencia a las adjudicaciones
de contratos por tres millones de euros a la empresa de arquitectura
Arkigest e IAZ, que, según ha indicado el PP, tiene como administrador
único a uno de los hijos de Atutxa y contó como apoderado hasta 2013 con
el presidente del Puerto.
Ruiz ha explicado que "el grueso" de estas adjudicaciones se ha
realizado en distintas etapas, desde los años noventa del pasado siglo,
por parte del Gobierno vasco, la Diputación foral de Bizkaia, diversos
ayuntamientos y consorcios, "fundamentalmente gobernadas por el PNV".
Entre ellos, ha destacado, se encuentran adjudicaciones realizadas por
el Ayuntamiento de Mundaka en la etapa en que dirigía la Alcaldía el
diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, y el Ayuntamiento de
Elorrio cuando estaba presidido por la presidenta de las Juntas, Ana
Otadui.
El representante del PP ha señalado que este caso de "saga vasca a la
catalana" supone un "salto cualitativo y cuantitativo" a las situaciones
de "clientelismo y trato de favor" en las adjudicaciones públicas a
empresas relacionadas con cargos del PNV que ha ido denunciando su
formación en los últimos meses.
En palabras del portavoz del PP vizcaíno, se trata de "un ejemplo de que
el clientelismo es una forma de vida y una filosofía público-privada
que lleva instalada en el País Vasco desde hace años". Por ello, ha
instado a "revisar las contrataciones" que se adjudicaron, pero también
las cuentas de las empresas para "rastrear el recorrido del dinero" para
ver si "el destino final es la calle Ibáñez de Bilbao", donde tiene su
sede del PNV.
Ruiz ha instado a que se abra una investigación de oficio teniendo en
cuenta las "grandes dimensiones" del caso, que ha calificado como "un
claro ejemplo de que las siglas sirven como salvoconducto para
enriquecimiento personal, político, basado en la sensación de impunidad
jurídica que algunos sienten".
Por ello, ha esperado que el fiscal superior del País Vasco, Juan
Calparsoro, "llame" al PP y, tras indicar que "la mitad del trabajo lo
tiene hecho", le ha pedido que, "más allá de acudir a actos sociales,
preocuparse por la situación de los presos de ETA o incluso por anular
la Audiencia Nacional, se preocupe de este tipo de cuestiones".
"Que demuestre un mínimo de voluntad de poner coto a este tipo de
situaciones", ha solicitado el portavoz del PP, que ha asegurado que, si
no se pone en marcha una investigación de oficio, "quedará en
entredicho su papel en el País Vasco".
En esta línea, ha apuntado que, si "hubiese sido en otro territorio y
los protagonistas hubiesen sido del PP, seguramente las reacciones de
las autoridades e incluso de la Fiscalía habría sido bien diferente".
Ruiz ha dicho ser consciente de que, con esta denuncia, está "tocando el
corazón" y "quizá también el bolsillo" del PNV, pero ha insistido en
que el PP no está "para tapar las irregularidades o los chanchullos" que
pueda tener la formación nacionalista.
Asimismo, ha remarcado que es necesario poner en marcha medidas que
permitan "poner coto" a este tipo de situaciones. En este sentido, se ha
mostrado dispuesto a "acompañar a Calparsoro a tocar la puerta del
Ministerio de Justicia" para solicitar un Fiscal Anticorrupción en
Euskadi, con personal especializado y medios materiales.
También ha pedido "profundizar en la transparencia" con un registro de
contratos que permita --"no como el actual"-- encontrar las empresas
"con todos los contratos durante todos los últimos años, con sus
importes y perfectamente accesible", así como los órganos sociales y de
dirección que las conforman. Asimismo, ha instado a que las empresa
tengan que declarar, de manera previa a recibir una adjudicación, si
"tienen cargos o excargos" de la administración con la que van a
contratar." (Euskadi Información Global, 08/10/2015)
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