"Habría que someter un poco a una crítica la participación en ese
tipo de coloquios con esas esponsorizaciones”. Aunque en apariencia
tímida, la respuesta del magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez
al ser interrogado la pasada semana sobre la frecuente presencia de
algunos de sus compañeros de corte en seminarios o
conferencias patrocinados por bancos y grandes empresas tiene un punto
de gallardía, porque pone el dedo en la llaga de un pequeño escándalo
sobre el que la judicatura siempre ha corrido un tupido velo cómplice.
Los magistrados del Supremo –no solo ellos, pero sobre todo ellos-
han disfrutado siempre de dos vías para obtener un complemento salarial a
sus abultados emolumentos. La primera es la tutoría o preparación de
opositores al ingreso en la carrera judicial, algo hoy en declive desde
que el exministro Alberto Ruiz-Gallardón cerró a cal y
canto el acceso a la judicatura.
Y la segunda vía es la participación
remunerada en todo tipo de eventos –cursos, seminarios, jornadas,
charlas, coloquios, paneles de expertos…- sufragados por distintos tipos
de entidades financieras y compañías mercantiles. También poderosos
bufetes jurídicos.
En este último caso, y sin entrar a valorar la estética del hecho,
hace ya mucho tiempo que comenzaron a sonar ciertas alarmas entre la
comunidad jurídica porque esos bancos o empresas o despachos
patrocinadores de actos en los que participan magistrados del Supremo
bajo precio suelen ser “clientes” habituales de la administración de
Justicia.
Y tal y como repite sin descanso el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, un juez no solo está obligado a ser imparcial –imparcialidad objetiva-, sino que está además obligado a parecerlo –imparcialidad subjetiva– porque ese es un derecho básico del justiciable.
El magistrado Giménez defendía ante los micrófonos de la Cadena SER
que los jueces “no solo deben ser, sino también parecer imparciales”,
para justificar la condena impuesta por un tribunal que él presidió al
exjuez Baltasar Garzón, inhabilitado durante once años
por interceptar las conversaciones en prisión de los imputados del ‘caso
Gürtel’ con sus abogados.
Que el juez “sea y parezca imparcial” es uno
de los pilares, en su opinión, del proceso penal. Por eso, cuando fue
interrogado sobre las charlas y coloquios patrocinados que frecuentan
sus compañeros no tuvo más remedio que mostrarse un tanto crítico.
Al hilo de aquel proceso contra Garzón, en mayo de 2012 un grupo de juristas denunció ante el Consejo General del Poder Judicial
las sospechosas compañías que frecuentaban algunos de los magistrados
del Supremo, en concreto las de abogados de implicados en la ‘trama
Gürtel’ con quienes compartían actividades académicas en la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid patrocinadas por empresas que mantenían alguna
vinculación con esos mismos imputados. De la denuncia nunca más se
supo, pues no consta que haya sido investigada ni contestada por el
órgano de gobierno de los jueces.
Los ejemplos de magistrados del Supremo entregados a ese tipo de relaciones son frecuentes. Manuel Marchena, hoy presidente de la Sala Segunda de este tribunal, y José Manuel Maza
fueron años atrás habituales conferenciantes en foros organizados por
el Bufete Garrigues. Y el primero de ellos ha mantenido estrecha
relación con la editorial La Ley, propiedad de la consultora Walters
Kluwer de la que el exministro José María Michavila es presidente del consejo asesor al que también pertenece el exministro Ángel Acebes.
Los nombres de los magistrados Marchena, Maza o Antonio del Moral,
entre otros, figuran entre el profesorado del Instituto Europeo de
Práctica Jurídica Schola Iuris, entidad privada algunos de cuyos
másteres superan los 10.000 euros de coste y en los que también son
profesores el exmagistrado Adolfo Prego (abogado de Dolores de Cospedal, secretaria general del PP), y los exfiscales Ignacio Gordillo y Florentino Ortí junto al abogado Luis Rodríguez Ramos, letrados todos de varios imputados en el ‘caso Gürtel’.
Juan Saavedra, antecesor de Marchena al frente de la
Sala de lo Penal del Supremo, es miembro del consejo asesor del Centro
de Formación Datadiar que dirige el principal responsable del Bufete
Díaz Arias y con el que colabora con frecuencia el magistrado Julián Sánchez Melgar.
Y su compañero Miguel Colmenero
ha dirigido varios foros organizados por la Fundación para la
Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), patrocinada por
empresas como Caixa Galicia, Banc Sabadell, Banesto, Telefónica, Repsol,
Gas Natural, Enagás y otras, así como importantes despachos de
abogados. Colmenero, junto a su entonces compañero Prego, también fue
entre 2005 y 2008 un habitual en los cursos de la Fundación de Análisis y
Estudios Sociales (FAES) que preside José María Aznar.
Estas son solo algunas pinceladas, el fenómeno es más amplio y se
expande por otras salas del Supremo. Empieza a afectar también a la
Audiencia Nacional, donde uno de los magistrados llamados a juzgar la
trama corrupta desvelada gracias a los papeles de Bárcenas, Enrique López,
ha sido cuestionado entre otras razones por su fluida relación con
FAES.
Aunque también es cierto que en ese órgano judicial son varios los
magistrados que han rechazado participar en este tipo de actos pagados y
lo han hecho de manera pública, lo que de algún modo ha empezado a
retraer a otros compañeros más proclives a aceptar este tipo de
invitaciones.
La participación en este tipo de cursos, conferencias y coloquios no
es ilegal. En todos los casos en los que es preceptivo, los magistrados
del Supremo solicitan y obtienen el correspondiente permiso del CGPJ. Es
muy posible que sea injusto sospechar de ellos, pero se trata de una
situación que permite la sospecha por lo que debería ser eliminada de
raíz. La ciudadanía tiene derecho a que nada le haga dudar de la recta
actitud de su Tribunal Supremo.
En unos días, el CGPJ elige al presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del alto tribunal. Permanezcan atentos a sus
pantallas, porque habrá noticia. Y polémica. Y de nuevo saldrán a la luz
los fantasmas que convocan las peligrosas amistades del Supremo." (Luis Fernando Rodríguez Guerrero, Cuarto Poder, 20/07/2015)
No hay comentarios:
Publicar un comentario