"Los tentáculos de la
trama 'Púnica' han llegado lejos. El sumario judicial del caso no solo
revela cómo funcionaba la trama, liderada por el exsenador y exconsejero
madrileño Francisco Granados y su amigo el empresario David Marjaliza,
sino que también deja entrever las estrechas relaciones que los
principales implicados habían establecido con el poder político a todos
los niveles, incluido el Gobierno central, la Comunidad de Madrid y el
Gobierno Valenciano, diputaciones y un sinfín de Ayuntamientos. Hasta el
expresidente Aznar y miembros de Ciudadanos aparecen en el sumario.
La
investigación sigue su curso y el juez de la Audiencia Nacional Eloy
Velasco y la Guardia Civil tendrán que dirimir ahora el grado de
implicación de unos y otros. De momento hay 92 imputados, y como refleja
el juez Velasco en uno de los autos, el caso puede crecer aún más
porque a Granados le rendían "pleitesía" políticos y funcionarios.
La Comunidad de Madrid:
consejeros y diputados
En sus declaraciones ante el juez, el empresario David Marjaliza, el
'cerebro' de la trama, que llegó a acumular un patrimonio de 33 millones
de euros, implicó a consejeros del nuevo equipo de Gobierno de Cristina
Cifuentes y a diputados autonómicos. Según publicó El Español,
Marjaliza dio el nombre de Jaime González Taboada, ex director general
de Cooperación con la Administración Local, número 3 de la lista de
Cifuentes en las elecciones del pasado junio y nuevo consejero de Medio
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. Y también el
de Bartolomé González, exalcalde de Alcalá de Henares y diputado
autonómico.
Ambos ya han anunciado
acciones legales contra Marjaliza por injurias y calumnias. Cristina
Cifuentes ha mostrado todo su apoyo a Taboada. Marjaliza implicó a
González Taboada en un supuesto "reparto" de las obras financiadas por
la empresa pública madrileña Arpegio dentro del plan Prisma, un plan
planificado por Taboada como director general de Cooperación con la
Administración Local. Granados, como consejero de Presidencia, ostentaba
la presidencia de Arpegio.
Sobre Bartolomé González, Marjaliza le acusa
de haber cobrado 60.000 euros de la empresa Cofely por el contrato que
esta sociedad de eficiencia energética se llevó en el municipio
alcalaíno. La secretaria de Marjaliza, también imputada, ha ratificado
las declaraciones del que fuera su jefe.
En el caso ya están
imputados dos exconsejeros madrileños: Salvador Victoria y Lucía Figar.
Las grabaciones intervenidas comprometen mucho a Victoria, ex número dos
de Ignacio González en la Comunidad de Madrid. A Victoria se le
investiga por pagar a un empresario de la 'Púnica' con dinero público a
cambio de trabajos de reputación en Internet.
En su comparecencia ante
Eloy Velasco, Marjaliza también implicó a la exconcejal del PSOE de
Valdemoro y actual diputada autonómica por Ciudadanos Eva Borox y a su
marido, Raúl del Olmo, también integrado en el partido de Albert Rivera.
Eva Borox fue expulsada del PSOE.
¿Financiación ilegal del PP valenciano?
Los investigadores
sospechan que empresarios relacionados con la trama estaban dispuestos a
financiar ilegalmente la campaña del PP valenciano en las elecciones de
mayo. La Guardia Civil detectó dos conversaciones de Marjaliza que
apuntaban a que pretendía entregar donaciones a cambio de la concesión
de adjudicaciones públicas en los municipios de Calpe y Elche.
Otro de
los empresarios imputados, Alejandro de Pedro, comenta con Marjaliza que
se ha reunido con "Zaplana", que los agentes identifican como el
exministro del PP, y que tiene previsto hacerlo con el presidente de la
Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, para tratar "el tema de campaña".
Zaplaza intervino para que la trama consiguiera un contrato en Elche.
El presidente del PP valenciano, Alberto Fabra, que dejará el cargo en
unos días, ha defendido que las cuentas del partido desde que asumió el
cargo son "absolutamente transparentes". "Nos hemos ajustado a lo que
legalmente nos podíamos gastar en campaña", ha dicho el dirigente, que
ha agregado que "ahí está la fiscalización de todas las cuentas".
Contratos con Génova.
Contratos con Génova
Aunque el contrato no es muy elevado, un informe de la Agencia
Tributaria incorporado al sumario refleja que el PP nacional también
contrató con una de las principales empresas de la trama: Eico Online,
del empresario imputado Alejandro de Pedro. Según adelantó El
Confidencial, Génova pagó 4.840 euros por lo servicios de reputación en
Internet y redes sociales que ofrecía esta empresa. Los mismos servicios
que han provocado las imputaciones de los exconsejeros madrileños
Salvador Victoria y Lucía Figar.
Las maniobras de Aznar para que no le salpique el caso.
En otra de las
conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, se evidencia cómo el
expresidente del Gobierno José María Aznar también habría intervenido
para apartar de su entorno a una de las personas investigadas ante la
sospecha de que estuviera implicada en actividades irregulares. En un
pinchazo telefónico realizado en junio de 2014, Granados recibe una
llamada de María Victoria Cristóbal Araujo, antigua asesora del propio
exconsejero, concejala en Majadahonda y entonces en la Fundación FAES,
que dirige Aznar.
Según la transcripción,
María Victoria le comenta a Granados que "Aznar le ha pedido a
Lasquetty [entonces consejero madrileño] que le diga a Pablo
[probablemente Casado, entonces a las órdenes de Aznar en FAES] que
retire a Viki [Cristóbal] de la fundación, que está un escándalo muy
gordo de ella por salir y que le pedía de forma encarecida que la
apartase de todos los proyectos y de toda la historia".
María Victoria
le cuenta a Granados que Aznar conoce toda la historia, "lo del piso, lo
del coche, todo", y que se los había regalado él. En su momento se
publicó que María Victoria había encargado el espionaje a Ignacio
González por parte de la agencia Método 3 (presuntamente pagado por
Marjaliza).
Por todo esto, Aznar
quería apartarla de la fundación y se lamentaba de que quisiera "joderle
la vida" y ponerle una "cruz" porque "había matado a Manolete".
Granados se muestra indignado por el hecho de que se vaya diciendo que
él la había regalado un piso y un coche. "Manda huevos que le diga que
yo te he regalado el piso.
Es que me parece la polla", se queja.
En una nueva conservación, María Victoria se defiende y asegura que va a
enseñar a un tal "Pablo" [seguramente Casado] las escrituras de la casa
para demostrar su inocencia, y que intentará buscar nuevo empleo en un
proyecto con la embajada de Rusia.
Granados le contesta que había
pensado en hablar con "Esperanza" para "amenazarla" y contarle todo,
pero que tampoco quiere "requemar el asunto" pese a que está "hasta los
cojones" porque es posible que sólo la perjudique a ella. En su defensa,
María Victoria le informa de que ha pensado ir a un notario y contar
"lo de los espías", en referencia al caso de espionaje en la Comunidad
de Madrid.
Petición de favores al ministro De Guindos
Meses antes de ser detenido, Granados llamó al ministro de Economía y
Competitividad, Luis de Guindos, para interesarse por la privatización
del organismo público Aeropuertos y Navegación Aérea (AENA). En julio de
2014 Granados trabajaba en el banco Société Générale, y se puso en
contacto con De Guindos para preguntarle "quién llevaba en su ministerio
lo de la privatización de AENA".
Se suceden algunas llamadas sobre este
tema e incluso Granados asegura que cenará con el ministro, con el que
ha hablado de varios temas, entre ellos la venta de Bankia, que según
parece interesa a Granados incluso para comprarla (tiene que hablarlo
antes con Donato González, cabeza visible de Société General en España).
Mejorar la imagen de
Ana Botella
El nombre de la exalcaldesa de Madrid y esposa de Aznar también aparece
en el sumario. El empresario imputado Alejandro De Pedro realizó
"trabajos de reputación" en redes sociales para Ana Botella, un trabajo
que logró gracias a la mediación del exministro Eduardo Zaplana y del
exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa (PSOE).
Así consta en
un informe de la Guardia Civil, que asegura que la empresa Madiva,
propiedad de De Pedro, también se encargó de "la creación de diarios
digitales" en Madrid para favorecer la reputación de políticos
madrileños.
El informe considera
"constatado" que De Pedro realizaba "trabajos de reputación en la red
para autoridades y cargos electos que generan una deuda a su favor" que
se sufragaba por "procedimientos irregulares".
Entre ellos se citan "el
pago directo o la facturación de terceras empresas, adjudicatarias de la
Administración", la inclusión del coste de estos trabajos de reputación
en "contratos públicos previstos para otro propósito" o el beneficio
directo a De Pedro en "ulteriores procedimientos de contratación
pública".
El concreto, De Pedro
realizó trabajos para la Comunidad de Madrid, las Diputaciones de León y
Alicante y los ayuntamientos de Valencia, Castellón de la Plana,
Majadahonda y Coslada (Madrid), Gandía (Valencia), Denia, Benissa y
Villajoyosa (Alicante), y Cartagena (Murcia).
Los tentáculos municipales
Los tentáculos
municipales
Los investigadores están analizando ingente documentación de tres de las
principales empresas de la trama: Cofely (eficiencia energética),
Waiter Music (eventos musicales y festivos) y Eico (reputación online). Y
sobre todo, los contratos que estas empresas han firmado con
ayuntamientos, sobre todo madrileños, donde la influencia de la trama
era mayor.
Los pinchazos telefónicas revelan conversaciones entre
representantes de Cofely con los alcaldes de Sevilla la Nueva, Móstoles,
Griñón, Casarrubuelos, Torrejón de Velasco, Collado Villalba,
Serranillos del Valle, Ciempozuelos, Parla, Alcobendas, Coslada y
Moraleja de Enmedio. Solo la web de Waiter Music presumía de trabajar
para 26 municipios de la Comunidad de Madrid.
Como ya publicó 20minutos, la Guardia Civil está investigando los
contratos que más de 40 Ayuntamientos y empresas públicas firmaron con
empresas de la trama, y ha puesto la lupa sobre 200 altos cargos y
funcionarios que intervinieron en esas adjudicaciones. Entre ellos, seis
personas que están en la lista electoral de Cristina Cifuentes y que
han sido elegidos diputados tras los resultados electorales del 24-M.
Se
trata de Juan Soler (Getafe), Antonio González Terol (Boadilla), Pedro
Rollán (Torrejón de Ardoz), Ignacio García de Vinuesa (Alcobendas),
David Pérez (Alcorcón) y Daniel Ortiz (Móstoles). Como publicó La Cadena
Ser, hay comprometidas conversaciones entre David Marjaliza y el
alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa. El exalcalde de
Móstoles Daniel Ortiz ha negado las acusaciones.
Por su parte, el empresario Alejandro de Pedro, dueño de Eico Online,
detalló una reunión entre él, David Marjaliza y el exalcalde de Coslada
Raúl López, en la que Marjaliza le explicó al entonces primer edil que
su comisión "dependería de los actores necesarios para adjudicar el
contrato".
También en Murcia y Valencia
Alejandro de Pedro también reconoció ante la Guardia Civil amaños en
adjudicaciones a sus empresas y el pago por parte de la red de
comisiones a alcaldes, que variaban en función de cuánta gente estaba
involucrada en la contratación. El empresario habló de contratos
amañados en Murcia adjudicados a sus empresas a instancias del exalcalde
de Cartagena José Antonio Alonso (imputado).
También en Murcia, admitió
que se pactó "la realización de dos contratos en la Consejería de
Industria" para "favorecer los intereses personales" del exconsejero de
Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz, también
imputado.
En la comunidad valenciana, la Guardia Civil ya ha registrado los
ayuntamientos de Gandía, Denia, Valencia y Castellón. En Gandía, por
ejemplo, la nueva alcaldesa, la socialista Diana Morant, ha acusado a su
predecesor en el cargo, el 'popular' Arturo Torró, de "ocultar a la
Guardia Civil facturas por valor de 880.000 euros" relacionadas con el
caso.
En León, contactos con la dirección del PP y el primo de Rajoy
Los tentáculos de la trama también llegaron a la Diputación de León,
donde está imputado el expresidente Marcos Martínez. Este era amigo del
empresario Alejandro de Pedro, y la relación entre ellos fue fructífera.
De Pedro quería contratos con la Diputación y a cambio De Pedro movía
sus contactos para que la dirección del PP apoyará a Martínez para
mantener el poder en el PP leonés y optar de nuevo a la Presidencia de
la Diputación. De Pedro aseguró a Martínez que movería sus hilos para
que Cospedal le apoyara.
La Guardia Civil también afirma que De Pedro
hizo trabajos de posicionamiento en internet para la expresidenta Isabel
Carrasco [asesinada a tiros] en base a un contrato público.
El primo hermano del presidente del Gobierno, Agustín Rajoy, concejal de
Hacienda en León, también aparece mencionado en las conversaciones
recogidas en el sumario.
En otra grabación, Alejandro de Pedro llama a
Marcos Martínez para preguntarle si le "puede organizar cenas con gente
del partido". Marcos responde que sí, pero que tenga en cuenta que va
con dos personas más, que son de confianza, que uno es el primo del
presidente, Agustín Rajoy, y el otro Ricardo Gabilanes, que también es
concejal." (20minutos, 28/07/2015)
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