"Leo en un diario
que J. Òliva i Ritort ha sido contratado por CaixaBank como director de
general de Negocio Institucional dentro del área de Banca de
Instituciones y Finanzas Estructurales.
La noticia del fichaje por la
institución financiera está fechada el 20 de febrero de 2015, apenas
tres semanas después de que se produjera su cese
como director general de Política Financiera, Seguros y Tesorería
(PFST) el pasado 27 de enero en la Consejería de Economía y Conocimiento
a cuyo frente está A. Mas Colell.
Ése mismo día, el Diario Oficial de
la Generalitat de Cataluña publicó
el nombramiento de J. M. Sánchez Pascual para dirigir la precitada
Dirección General (DG), quien hasta ese momento había desempeñado la
función de subdirector general de Deuda Pública y Operaciones
Financieras y era miembro, por tanto, del equipo del Sr. Òliva.
No cabe duda de que las funciones que va a desempeñar Òliva en CaixaBank
corresponden a un área de negocio donde la DG de PFST es uno de sus
principales suministradores de negocio institucional. Con independencia de los méritos profesionales
que puedan atesorar Òliva y Sánchez Pascual, no puedo evitar como
ciudadano y contribuyente constatar con preocupación que quien ostentó
la responsabilidad de diseñar y ejecutar las políticas financieras,
aseguramiento y tesorería del gobierno de la Generalitat haya pasado a
ocupar sin solución de continuidad el puesto de director general de
Negocio Institucional en CaixaBank, una de las entidades financieras que
actúa habitualmente como proveedor de servicios para la DG que dirigía
Òliva hasta hace unos días, y en la que su principal interlocutor en el
gobierno de la Generalitat a partir de ahora será Sánchez Pascual, su
subordinado hasta hace unas semanas.
Potencial conflicto de intereses
El asunto al que acabo de referirme va mucho más allá de la mera
anécdota porque afecta de lleno a un área muy sensible de la
administración pública donde debería primar siempre la transparencia, la
neutralidad y las buenas prácticas a fin de asegurar la libre
concurrencia en la provisión de servicios y evitar perjuicios económicos
a otras empresas proveedoras y a los sufridos contribuyentes catalanes.
Sólo hace falta echar una ojeada a la página de la propia DG de PFST para comprender la importancia de las funciones que desarrolla (...)
Hay entre las competencias mencionadas en los citados apartados materia
suficiente para intuir que puedan aparecer potenciales conflictos de
intereses entre la entidad encargada de dirigir, planificar, coordinar y
ejecutar las políticas financieras, aseguramiento y tesorería de la
Generalitat de Cataluña, y las entidades financieras (EF) y entidades
aseguradoras (EA) con las que la DG mantiene relaciones
‘institucionales’ en tanto que proveedoras de servicios al conjunto de
administraciones públicas catalanas.
En particular, las decisiones de la
DG de PFST atañen a cuestiones tan importantes como decidir en qué EF
se mantienen excedentes de tesorería, a través de qué EF se realiza el
pago de las nóminas de los empleados públicos o se ingresan las
cotizaciones sociales en la Tesorería General de la Seguridad Social, a
qué EF se encomienda colocar una emisión de deuda del gobierno catalán, o
con qué ES se contratan las pólizas que cubren los riesgos inherentes
al patrimonio de las administraciones públicas catalanas y aquéllos
derivados de las actividades desempeñadas por sus empleados (policías,
médicos, bomberos, etc.), etc.
Volumen de negocio
(...) Cuanto más competencias tenga la Generalitat y mayor sea su presupuesto,
más elevado será también el volumen de negocio potencial para las
entidades que se conviertan en proveedoras de servicios financieros y
aseguramiento al sector público en Cataluña.
De ahí que, además del
interés puramente político en aumentar las competencias de la
Generalitat, exista también un interés estrictamente económico porque a
más competencias más volumen de negocio en manos de la DG de PFST del
gobierno de la Generalitat y mayor el negocio potencial que pueden
obtener algunas EF y ES bien conceptuadas por los responsables
políticos.
Según los presupuestos de la Generalitat de 2014, el gasto total del
sector público de la Generalitat ascendía a 36.132,73 millones de euros
(M€) (...)
La magnitud de las cifras anteriores pone de manifiesto la importancia
que tienen las decisiones de los responsables de la DG de PFST sobre la
actividad de las EF y EA que actúan como proveedoras de servicios
financieros y pólizas de seguros.
De ahí, la importancia de que las
administraciones públicas adopten sus decisiones siguiendo
escrupulosamente los procedimientos administrativos establecidos por
ley, para asegurar que ningún proveedor de bienes y servicios a las
administraciones públicas resulte arbitrariamente favorecido, y todas
las operaciones presupuestarias estén sometidas a la fiscalización de
los servicios de intervención. Se trata en suma de evitar en lo posible
la comisión de delitos tales como tráfico de influencias, prevaricación,
cohecho y blanqueo de dinero y facilitar, cuando se cometan, su pronto
descubrimiento y denuncia. (...)
Los escándalos que se han destapado en las administraciones presididas
por Pujol i Soley entre 1980 y 2003, incluidos los más recientes todavía
pendientes de juicio, indican que no estamos hablando de meras
hipótesis de trabajo. (...)
De ahí, la importancia de que las decisiones de la DG de PFST sen más
transparentes que nunca y garanticen a todas las entidades participar en
igualdad de condiciones. Desde esta perspectiva, la existencia de
estrechos vínculos personales entre los responsables del gobierno de la
Generalitat y algunas EF que le suministran servicios no resulta ni
prudente ni decorosa." (Clemente Polo, 09/04/2015)
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