"Mantienen al partido como responsable civil subsidiario, ya que entre
otras cosas la reforma de la sede se pagó en B, pero desecha un posible
delito fiscal en cuanto a las donaciones porque estarían por debajo del
límite perseguible
El PP es responsable civil subsidiario de buena parte de los
presuntos delitos fiscales que cometieron sus extesoreros y por tanto
el juez podría obligar a los de Rajoy a responder económicamente de
ellos en lo tocante al pago de la reforma de su sede con dinero negro.
Pero penalmente sólo responderán de esos delitos los extesoreros, al
menos ese es el criterio que mantiene la Fiscalía, que quiere cerrar la
puerta a un posible delito tributario que todavía se podía atruibuir al
PP.
Responabilidad civil del partido y penal de los extesoreros
En el escrito de acusación del caso Bárcenas, notificado hoy, el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral da por acreditada la existencia de una caja B del PP que manejaban los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y con la que se sufragó la reforma de la sede nacional en la calle Génova de Madrid.
El fiscal atribuye a los extesoreros Luis
Bárcenas y Álvaro Lapuerta delitos fiscales, de apropiación indebida y
falsedad documental, pidiendo cinco años de cárcel para cada uno.
Por
estos mismos hechos, fundamentalmente el pago de las obras en la sede
del PP de la calle Génova con dinero procedente de esa caja B, el fiscal
pide otros 18 meses de cárcel para el exgerente de la formación
Cristóbal Páez, así como multas para todos ellos que oscilan entre los
265.000 euros para Bárcenas y Lapuerta o 102.500 en el caso de Páez.
El delito fiscal de las donaciones estaría por debajo del límite perseguible
En cuanto a la responsabilidad del PP, Romeral apunta en el último informe de la Agencia Tributario solicitado por el juez Pablo Ruz para que calcularan a cuánto ascendería un posible delito fiscal en las donaciones de empresarios al partido no declaradas durante el ejercicio 2008 se concluía que “la cuota presuntamente defraudada alcanzaría un importe de 25.630,03 euros”. Esa cantidad no alcanzaría los 120.000 euros de límite para ser considerado delito y por tanto cree que no se puede acusar al PP de delito fiscal.
Pide cárcel también contra el arquitecto que hizo la reforma
A cuenta de los pagos en negro de la reforma de la sede de Génova, el fiscal solicita asimismo 3 años y 10 meses de cárcel para Gonzalo Urquijo y Belén García, dueños de la empresa Unifica que reformó la sede, mientras que pide levantar la imputación contra la empleada de esta sociedad Laura Montero por prescripción." (El Plural, 27/04/2015)
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