“Ha sido una constante corrupción de baja intensidad que ha ido
pudriendo el sistema a lo largo de 20 años. No ha habido grandes golpes.
Ha sido poco a poco, contrato a contrato, adjudicación tras
adjudicación, cómo gestores sanitarios y empresarios han tejido una
maraña de intereses para lucrarse con fondos públicos.
Y nada hubiera
sido posible sin la complicidad de cargos políticos”. Así define el caso Innova
uno de sus investigadores. El Juzgado de Instrucción 3 de Reus, la
Fiscalía y la Guardia Civil llevan más de tres años tratando de deshacer
la madeja del caso Innova en un proceso que amenaza con llevarse por delante a muchos responsables de la sanidad catalana.
No es casual que Reus (Tarragona) haya sido el detonante del proceso
judicial en marcha. En la ciudad confluyen los dos ingredientes del
caldo de cultivo que ha alimentado la trama: el flujo constante de
fondos públicos y el escaso control sobre su destino. El dinero lo pone
el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), que con 8.040 millones en
2014 gestiona dos de cada cinco euros del presupuesto de la Generalitat.
Pero el CatSalut, que tiene a dos de sus últimos tres directores (Josep Prat entre 1998 y 2003 y Carles Manté
de 2004 a 2008) como principales imputados en la causa, apenas gestiona
ese dinero. Lo transfiere a entes como Innova, el gigantesco holding de empresas municipales de Reus que llegó a controlar el 74% del presupuesto del Ayuntamiento.
Y era en los consejos de administración de Innova, formados por los
concejales pero lejos de la luz de los plenos municipales, donde se
decidía adónde iban a parar 400 millones de euros anuales.
Una veintena de ediles de CiU, PSC, PP, ICV y ERC, entre ellos el exalcalde socialista Lluís Miquel Pérez, también figuran entre los imputados del caso.
El principio del fin del montaje fueron las pasadas elecciones
municipales. Tras 30 años de sólidos consensos, un joven que hasta
entonces era jardinero municipal, David Vidal, fue elegido como concejal
en las listas de la CUP, una formación asamblearia, anticapitalista e
independentista.
Como edil, Vidal empezó a sentarse en los consejos de
administración de Innova. “Al principio no entendía nada. Todo se
aprobaba en un segundo, sin explicaciones y sin que nadie preguntara”,
ha explicado Vidal en repetidas ocasiones. “Empecé a cuestionar cosas,
pero se reían”, añade.
Fue la CUP la que llevó a la Fiscalía la
acumulación de cargos de Josep Prat, máximo ejecutivo de Innova y que
cobraba un sueldo, que no se hizo público hasta muy avanzado el caso, de 280.000 euros al año. Prat era también vicepresidente del grupo sanitario privado USP y número 3 del Departamento de Salud tras ser recuperado por el actual consejero, Boi Ruiz.
Poco después EL PAÍS desveló que Prat había utilizado la estructura de Innova para pagar 720.000 euros por trabajos supuestamente inexistentes
a Carles Manté, su sucesor al frente del CatSalut. Las investigaciones
en marcha se aceleraron y el juez Diego Álvarez de Juan empezó a abrir
una pieza separada tras otra a medida que iban llenando su mesa sobornos, contratos fraudulentos, adjudicaciones a dedo, facturas falsas e informes de la Agencia Tributaria.
El macroproceso judicial en marcha tiene aún mucho por investigar. Gran
cantidad de información está bajo secreto de sumario. Pero lo que ha
trascendido muestra una forma de hacer las cosas que lleva a los
investigadores a calificarla de “constante corrupción de baja
intensidad”.
Los autos del juez Álvarez de Juan son ricos en expresiones
como “esquizofrenia contractual”, “omisión total y absoluta del
procedimiento legalmente establecido” y “grosera falta de control del
dinero público”. A medida que avanzaban las investigaciones, también
crecía la cantidad e importancia de instituciones y personas implicadas.
Lo primero fue la extensión de la trama corrupta siguiendo los negocios
de Innova por buena parte de la por la provincia de Tarragona.
Luego
llegó el registro de la Guardia Civil en la casa de Josep Prat,
donde los investigadores hallaron suficiente documentación para
reescribir la historia de la sanidad catalana. Las adjudicaciones bajo
sospecha alcanzaron a la Generalitat y al presidente de la Diputación de
Tarragona, Josep Poblet (CiU), que fue imputado por los pagos
hechos desde Vila-seca, localidad de la que es alcalde, a un exalto
cargos del CatSalut.
En las pesquisas entraron en escena grandes
constructoras como Comsa (también investigada en el caso Pujol),
consultoras y todo tipo de empresas proveedoras de servicios
sanitarios. Un asunto destacado es el del transporte sanitario, con
empresas como Ambulancias Baix Ebre y Ambulancias Reus.
La primera es
propiedad del presidente de la patronal nacional del sector, Bernardo
Coslado, también detenido e imputado en la causa.
La segunda, cuyas instalaciones han sido registradas este martes, tuvo
como consejero en algunos de los años investigados a Xavier Pomés,
exconsejero de Sanidad e Interior de los gobiernos de Jordi Pujol.
Las reacciones políticas del caso han ido cambiando desde el desdén
inicial a cambios de profundo calado. El PSC, que desde las primeras
elecciones democráticas y hasta 2011 gobernó en Reus, empezó ignorando
el caso. No solo estaba en juego la figura del exalcalde Lluís Miquel
Pérez, sino también la de la exconsejera de Sanidad Marina Geli.
No en vano, como Josep Prat declaró ante el juez, algunas de las
decisiones adoptadas en Innova se hicieron siguiendo las indicaciones de
Geli. En el seno del partido, sin embargo, han ido ganando fuerza las
voces partidarias de tomar distancia de la llamada sociovergència,
el acuerdo tácito por el que los dos grandes partidos catalanes
gestionaron sin hacerse oposición la sanidad catalana y que tiene al caso Innova uno de sus máximos exponentes. La marcha de Geli hacia posiciones soberanistas ha acelerado este cambio.
CiU, en cambio, ha pasado de colaborar en las primeras fases de la
investigación a enfrentarse abiertamente con el juez Álvarez de Juan. El
alcalde de Reus, Carles Pellicer (CiU), en el cargo desde 2011, atacó
con dureza la gestión de Prat y los pagos a Manté cuando se hicieron
públicos.
El siguiente paso fue reestructurar Innova para reducir el
tamaño de las empresas municipales. Vistas con la perspectiva del paso
del tiempo, estas decisiones parecen el intento de levantar un gran muro
de contención que ahora se resquebraja. La imputación de Poblet, apoyado en todo momento por Artur Mas,
fue la primera señal.
La detención ahora de su mano derecha, la
teniente de alcalde Teresa Gomis, marca el punto final de los intentos
convergentes de endosar las responsabilidades a los anteriores Gobiernos
socialistas de Reus.
Las palabras de esta mañana del portavoz del
Gobierno catalán, Francesc Homs, cuestionando al juez del caso y
recurriendo a falsedades (ha dicho que la Audiencia de Tarragona no vio
motivo para imputar a Josep Poblet cuando en realidad fijó el cambio del
juzgado competente), ilustran la posición de beligerancia defensiva que
ha adoptado CiU." (
Oriol Güell , El País, Barcelona
28 ABR 2015)
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