"Donaciones en negro de empresas adjudicatarias de la Administración;
pagos, con este mismo dinero, de seis campañas electorales; más pagos
en negro de obras en las sedes...
El auto con el que Pablo Ruz, juez de
la Audiencia Nacional, pone fin a la instrucción de ‘los papeles de Bárcenas’ señala que hay indicios para acreditar que durante
18 años –de 1990, un año después de su creación, hasta 2008– el Partido
Popular mantenía un entramado de financiación ilegal.
Dos decenas de empresas –entre las que figuran las principales contratistas de obra pública: FCC, OHL o Sacyr– habrían aportado dinero en negro al partido, que después pasaría a su circuito económico oficial o serviría para pagar sobresueldos a sus miembros y otros gastos.
Indicios de que todo fue verdad. Sin embargo, el auto de Ruz sólo apunta como imputados a los gerentes o tesoreros del partido –Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas y Cristóbal Páez–,
señalando al Partido Popular como responsable civil subsidiario –lo que
podría traducirse en un futuro desembolso económico– y al responsable y
a algunos empleados de Unifica, encargada de las obras de reforma de la
sede en Madrid.
Pablo Ruz manda a los juzgados de la región la
instrucción sobre la contrata de basuras en Toledo. Las imputaciones del
resto de empresarios quedan sobreseídas provisionalmente. Y de las responsabilidades penales y sobresueldos del resto de cargos del partido ni se hace mención.
Desde las acusaciones populares han recurrido el cierre de la instrucción. “Es un auto que jurídicamente es endeble y técnicamente tendencioso”,
afirma Gonzalo Boyé, letrado del Observatori Desc, una de las
acusaciones personadas en la causa de los 'papeles de Bárcenas'.
Boyé
explica a Diagonal que, por un lado, el juez de la Audiencia Nacional ha descartado delitos en base a un plazo de prescripción mal aplicado,
al no considerar los hechos de los que el propio auto de cierre de la
instrucción da como "indiciariamente probados" como un delito
continuado.
Por otro, el magistrado ha denegado diligencias tan
importantes para probar la responsabilidad de los empresarios como el
análisis de los contratos públicos a los que han tenido acceso en los
años en los que aportaron dinero al Partido Popular.
Ana Méndez Gorbea, letrada de la acusación presentada por la
Asociación Libre de Abogados, inserta en la 'Querella contra Bárcenas',
añade que el auto declara el cierre de la instrucción antes de que la
Audiencia Provincial haya resuelto sobre el recurso presentado “precisamente contra la denegación de diligencias en cuanto a los contratos de las empresas donantes”.
También van a alegar la responsabilidad de los secretarios generales
del Partido Popular durante los años en los que hubo financiación
ilegal: María Dolores de Cospedal, Mariano Rajoy, Ángel Acebes y
Fracisco Álvarez-Cascos. “Niegan haber estado al tanto del sistema de la
caja b, pero eso no se puede justificar.
En los estatutos del partido
vienen definidas las tareas de los secretarios generales, y entre sus obligaciones está la dirección de todos los departamentos de gestión y la jefatura de personal”, explica Méndez." (Ter García, Diagonal, 31/03/15)
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