"Que levante la mano el que, conociendo este tipo de irregularidades, las
denunciaría. Esta petición se lanzó hace un par de semanas en un evento
cerrado para profesionales de prevención de blanqueo de capitales que
tuvo lugar en Madrid. La sala estaba abarrotada de empleados de banca
especializados en la materia. (...)
Entre denunciar al jefe y conservar el trabajo, los trabajadores de banca no dudaron. Nadie alzó la mano.
Las leyes de prevención de blanqueo de capitales están diseñadas para
que sean los bancos, además de otros sujetos obligados como notarios,
abogados, marchantes de arte, etcétera los que denuncien las operaciones
sospechosas que detecten, vigilen a los clientes, sus negocios e
incluso a sus familias.
Pero, ¿qué ocurre si quienes están implicados en
la trama de blanqueo, como apuntan las primeras investigaciones en
Banco Madrid y BPA, son los altos directivos? Esa colaboración activa
desaparece.
“No hay nadie mejor que un empleado de banca para detectar
las irregularidades, pero sin la existencia de una adecuada política de whistleblowing(denuncias
de malas prácticas financieras en el marco de las organizaciones
empresariales) que proteja la confidencialidad del que denuncia es
imposible esperar esa colaboración”, asegura un abogado especializado en
la lucha contra el blanqueo de capitales que prefiere no ser
identificado.
Lo que está fuera de dudas es que la lucha desde el exterior de las
organizaciones contra el blanqueo no parece ser muy eficaz. Las
estimaciones del Fondo Monetario Internacional aseguran que cada año se
lavan en el mundo entre 600.000 millones y 1,8 billones de dólares
procedentes del crimen organizado.
Aun así, la cuantía de dinero sucio
que consigue entrar en el sistema equivale al PIB de la octava mayor
economía del planeta, según ha destacado en diversas ocasiones Antonio
María Costa, exdirector de la Agencia de Naciones Unidas Contra la Droga
y el Crimen Organizado. De ellos, apenas el 1% es detectado por las
autoridades.
El dinero negro necesita una puerta para entrar en el sistema
financiero y durante muchos años la trastienda de la gran banca ha sido
el acceso más directo y barato para conseguirlo. Según suele explicar el
inspector de Hacienda José María Peláez, montar un banco en Samoa o
Barbudas apenas cuesta un millón de euros. Calderilla para cualquier
mafia. Son los denominados bancos pantalla.
Con ellos, se pone la
primera piedra de un entramado financiero compuesto por sociedades
interpuestas con sede en diferentes paraísos fiscales que, gracias a su
opacidad, permiten ocultar sin demasiada complicación el origen del
dinero y la identidad de sus propietarios.
Claro que, ¿quién tiene la necesidad de irse a lugares tan remotos
cuando las cosas se ponen fáciles en pleno Paseo de la Castellana de
Madrid?
Desde el estallido de la crisis financiera y el compromiso del G20 de
luchar contra los paraísos fiscales, los bancos gastan un 53% más en
aplicar medidas de prevención de blanqueo, según un estudio de la
consultora KPMG. Además, los paraísos fiscales no han parado de firmar
acuerdos internacionales de intercambio de información. Hasta tal punto
de que la famosa lista de Paraísos Fiscales de la OCDE ya casi está
desierta.
Pero visto lo visto, estos esfuerzos parecen papel mojado. Según
denunció el Tesoro estadounidense el 10 de marzo, “los directivos de BPA
han facilitado, a un altísimo nivel, operaciones de blanqueo de
capitales a organizaciones criminales de Rusia, Venezuela y China” a
través de entramados financieros entre sus sedes de Andorra, Madrid,
Uruguay… Además, el Departamento del Tesoro de EEUU acusa a los
directivos de cobrar “sobornos” y “comisiones exorbitantes” de redes de
crimen organizado.
Los principales identificados en España son Ping,
empresario chino que en 2012 fue cabecilla de una trama criminal cuya
investigación todavía está abierta en la Audiencia Nacional; Andrei
Petrov, cabecilla de una mafia rusa arrestado en España en 2013, y
diversos políticos y empresarios venezolanos. (...)
La multa más alta por este motivo que se conoce en España la recibió
Bankinter en el verano de 2013, cuando fue condenado con 1,2 millones de
euros por “no esforzarse lo suficiente en frenar el blanqueo a través
de sus oficinas de Gran Canaria”. El récord mundial lo tiene el suizo
Credit Suisse, que fue multado, en mayo de 2014, con 1.824 millones de
euros por ayudar a miles de ciudadanos a evadir impuestos. Pero si se
trata de blanqueo de dinero procedente de mafias, la multa más cuantiosa
la recibió en 2013 el HSBC.
Nada menos que 1.379 millones de euros por
facilitar el lavado a los cárteles de la droga de México y Colombia.
JPMorgan, Standard Chartered, RBS, ING, incluso Coutts&Co, el banco
privado que gestiona la fortuna de la reina Isabel II de Inglaterra, han
tenido que pagar multas por delitos relacionados con el blanqueo.
“Todos siguen funcionando. Nunca se planteó su intervención ni, mucho
menos, su quiebra. ¿por qué se ha actuado de esta forma con BPA y Banco
Madrid? Es un misterio que no sé si algún día se resolverá”, comenta el
exdirectivo de la lucha contra el blanqueo.
Todas estas multas reflejan que el coqueteo entre mafias y bancos ha
sido una práctica habitual en los últimos años.
En 2009, en plena crisis
financiera mundial, el entonces director de la Agencia de Naciones
Unidas Contra la Droga y el Crimen Organizado, Antonio María Costa,
acusó a la banca de aprovecharse de la liquidez que ofrecían las mafias.
“Algunos bancos han sido rescatados de esa forma”, aseguraba el alto
funcionario italiano.
No fue el único en denunciar esa realidad. La
Autoridad Financiera Británica (FSA) lanzó en 2011 un duro informe en el
que detallaba los principales agujeros del sistema financiero y acusaba
a la banca de facilitar en exceso la labor de blanqueo. “Los bancos
británicos ningunean las normas de lavado de dinero”, llegó a decir.
Es un secreto a voces que los bancos son una pieza clave en el
engranaje mundial del blanqueo. La otra es la opacidad que siguen
cultivando los paraísos fiscales, a pesar de sus promesas de colaboración. (...)
La información de estas operaciones viaja a través de las redes
codificada en una jerga que hasta hace poco más de un año ni siquiera
tenía que identificar a la persona que hacía la operación. Es lo que se
conoce como código SWIFT (parecido al IBAN con el que ahora se
identifican las cuentas de las personas físicas).
El SEPBLAC denunció
esta fuga de información ya en 2007, puesto que con ese sistema es casi
imposible rastrear la identidad de sujetos sospechosos en muchas de las
operaciones investigadas. En los últimos meses, la metodología está
cambiando para incluir datos que ayuden a identificar a los clientes que
ordenan las operaciones.
Esto, junto a los mencionados bancos pantalla y la llamada banca de
corresponsales configuran el pack casi perfecto para el blanqueo. Un
corresponsal es una persona física que representa a un banco fuera de su
país; algo así como una oficina andante. Es la figura que utilizan los
bancos de los paraísos fiscales para tener presencia en los principales
focos financieros del planeta y estar cerca de las grandes fortunas.
Así que aquello de irse con la maleta cargada de billetes a Andorra,
Suiza o las Islas Caimán es ya casi una imagen de película. Ahora, es
suficiente con concertar una cita en cualquier lugar discreto con uno de
esos corresponsales y entregarle el dinero a cambio de un ‘recibí’.
Si
además este sujeto puede acercarse al Banco Madrid, por ejemplo, y
entregarlo sin que le hagan preguntas indiscretas, todo se facilita. El
sistema lleva décadas funcionando en lugares como Italia. El Istituto
per le Opere Religiose (IOR), el paraíso fiscal del Vaticano, contra el
que sigue luchando el papa Francisco, ha lavado millones de euros de las
mafias.
Hay que recordar que las leyes de prevención están
centradas en controlar a las personas físicas y sus negocios, pero no a
otros bancos. Los corresponsales son tratados como cualquier oficina
bancaria. Sin preguntas.
El siguiente paso de la operación de blanqueo es establecer el modo
de recuperar el dinero ya introducido en el sistema; el menú queda al
gusto del mafioso de turno. Según las fuentes consultadas para este
reportaje, los productos estrella en Banco Madrid eran las sociedades
interpuestas a través de entramados entre diferentes paraísos fiscales,
los fondos de inversión ad hoc y los llamados “préstamos de regreso”.
Se
trata de simular un préstamo, normalmente concedido por un banco
extranjero, por la cantidad de dinero blanqueada. En el caso del Banco
Madrid, los préstamos se ofrecían desde Andorra. (...)
Lo más inabarcable de todo, añade este especialista, es la intensa
actividad criminal que se desarrolla en la internet profunda.
Considerando Internet un iceberg, la internet profunda es todo aquello
que no se ve. Según la publicación especializada Popsci, la Internet que
todos conocemos, la que rastrean Google y otros buscadores, tiene 147
terabytes; la internet profunda en la que se manejan las mafias y las
redes terroristas además de los investigadores más frikis tiene 91.000
terabytes.
Mientras legisladores y autoridades imponen leyes para luchar contra
el blanqueo del siglo XX, las mafias ya está inmersas en las inmensas
posibilidades que les ofrece el siglo XXI. Y es que, como se dijo hace
una semana en una convención sobre blanqueo que se celebró en Los
Ángeles, “el lavado de dinero evoluciona rápidamente y cada vez es más
difícil desmontar las capas”. (Pilar Blázquez - ctxt.es , en Attac España, 31/03/2015)
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