"Esta vez no se libran. El pasado 18 de diciembre el juez Ruz acordó
abrir la fase procesal hacia el juicio oral de los implicados en el caso Pretoria,
abierto por Garzón hace cinco años.
Contra 11 imputados, entre los que
se encuentran el exalcalde del PSC de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu
Muñoz, y los que fueron destacados dirigentes de CiU y consejeros de
Jordi Pujol, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. Todos, en diverso grado
de responsabilidad, por los delitos propios de corrupción, tráfico de
influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
Durante el ejercicio de
sus cargos públicos, gracias al apoyo de los fiscales generales del
Estado, del PSOE, la fiscalía no pudo emprender acciones penales contra
ellos. Fue particularmente grave el manto de impunidad que cubrió la
presunta malversación de los fondos públicos de la CARIC (Comisión de
Ayuda a la Reconversión Industrial de Cataluña) que justificaba la
persecución penal de Alavedra y 11 consejeros más.
La realidad era más
que evidente. Una parte de los fondos de dicha entidad—los llamados
avales— se destinó, en condiciones muy ventajosas, a sociedades
vinculadas a consejeros o altos cargos de la Generalitat, fondos que
finalmente no fueron reintegrados causando un grave perjuicio al erario
público autonómico.
Una primera consideración sobre la resolución del juez Ruz: por sí
sola descalifica la pretendida reforma del proceso penal del Partido
Popular, que trata de abreviar, mediante un sistema de plazos, la
investigación judicial, especialmente ante esta clase de delitos.
Por
ejemplo, el auto judicial que comentamos no podía haberse dictado antes,
pues las dos últimas respuestas de las comisiones rogatorias a Andorra y
Suiza se produjeron en octubre del año pasado. Lo que pretende el PP
es, sobre todo, la impunidad de los corruptos.
Asimismo, cuando estamos pendientes de que declaren como imputados
Jordi Pujol, su esposa y tres de sus hijos por fraude fiscal y blanqueo
de capitales, el auto del Juzgado Central número 5 describe el
funcionamiento presuntamente delictivo del clan pujolista, el de la
familia propiamente dicha y la otra e inseparable “familia”, sin la que
es imposible entender el pujolismo y su funcionamiento, como ha dicho un
autor, en clave de “hampa barcelonesa”.
El auto del juez Ruz describe los hechos, situándolos en la pasada
década, como “una trama dirigida a la realización de labores de
intermediación o influencia en adjudicaciones públicas vinculadas a
operaciones urbanísticas (…) a cambio de la percepción de cuantiosas
comisiones, que se procedería ulteriormente a ocultar tanto su
titularidad como el origen presuntamente delictivo de las referidas
ganancias patrimoniales, con la finalidad de lograr su afloramiento
posterior desvinculándolas de su origen mediante la utilización de
complejos entramados societarios y financieros”.
Éstos eran los objetivos y modos de proceder de los miembros de la
trama, como hicieron en la Operación Niesma, en la que Prenafeta y
Alavedra consiguieron, por su mediación, sustanciosos beneficios
económicos gracias “al ascendiente (….) que ejercían sobre cargos
públicos derivado de los altos cargos que ocuparon en el Gobierno
catalán durante los años ochenta a noventa”.
Tan grave o más que lo anterior fueron las ganancias obtenidas, a
veces de procedencia desconocida o de otras labores de intermediación,
que ocultaron a la Hacienda pública mediante la canalización de las
mismas a través de entidades fiduciarias domiciliadas en paraísos
fiscales.
El juzgado del caso Pretoria ha dirigido 13 comisiones
rogatorias, cinco a Suiza y otras tantas a Andorra y una a Portugal,
Reino Unido, Costa Rica y EE UU. La colaboración de estos Estados ha
resultado indispensable para conocer el patrimonio oculto y el alcance
de lo defraudado por ambos exdirigentes de CiU.
El Gobierno del PP, por
contra, no hace absolutamente nada para dar cumplimiento a un acuerdo
del Congreso de los Diputados, de 12 de julio de 2011, que instaba al
Gobierno a la “supresión de los paraísos fiscales”.
Gracias a la colaboración de otros países, ha podido saberse que la
cantidad defraudada por Alavedra en los ejercicios 1997, 1998, 2000 y
2006 fue de 2.605.000 euros. Para eso dispuso, como ya venía haciendo su
jefe de Gobierno desde 1980, de sociedades domiciliadas en Andorra y
las islas Caimán. Lo mismo hizo el ex secretario de Presidencia, Lluís
Prenafeta.
Quien, según la resolución judicial, durante los ejercicios
2000 a 2007 obtuvo 14.984.000 euros de ganancias “procedentes de labores
de intermediación en adjudicaciones públicas”, cuyo origen no siempre
ha podido determinarse, sirviéndose de la sociedad BUIC y de otros
mecanismos para ocultar y defraudar a la Hacienda pública una cantidad
superior a los cinco millones entre los años 2000 a 2003, también a
través de cuentas abiertas en Suiza y Andorra.
Los hechos descritos no solo merecen un reproche penal, sino que,
asociados al gran fraude de la familia Pujol, expresan la total ausencia
de ética pública de una parte importante de quienes han gobernado
Cataluña durante 23 años y de quienes, aquí y en España, han sido sus
cómplices o encubridores, penales y políticos." (
Carlos Jiménez Villarejo , El País,
6 ENE 2015)
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