"Corrupción entre las vías del tren. La Unidad Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil investiga los nexos económicos entre los dos
grandes epicentros de la nueva trama de corrupción destapada por la juez
Mercedes Alaya en la ‘Operación Enredadera’ que se ha saldado este martes con 32 detenidos.
Se trata de la empresa Fitonovo y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del Ministerio de Fomento. A lo largo de los últimos ejercicios, la pequeña compañía sevillana, de carácter familiar y con poco más de 20 años de vida, se adjudicó sorprendentemente contratos con Adif por algo más de 31 millones de euros en unos procesos en los que se codeaba con grandes grupos del sector constructor y de servicios.
Así, Fitonovo se hizo con su primer gran contrato con Adif en 2008,
cuando la compañía pública resolvió una licitación destinada a adjudicar
los servicios de prevención de incendios en las líneas férreas, tanto convencionales como de alta velocidad.
El contrato, valorado en algo más de 94 millones de euros,
contaba con una duración de tres años y se dividió en seis lotes con
criterios geográficos. Uno de ellos, el referido a la zona Sur, que fue
el segundo más voluminoso, fue adjudicado a una UTE (Unión Temporal de Empresas) compuesta por Fitonovo y Sintra, por un total de 18,97 millones de euros. (...)
Ahora la 'Operación Enredadera' parece haber encontrado explicación a estas sospechosas adjudicaciones. Durante el martes, el Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO (el mismo que hace quince días desarrollaba la 'Operación Púnica') detenía a 32 personas, entre ellas numerosos directivos y trabajadores de Fitonovo y su filial, Fiverde.
Pero también, nueve cargos y empleados de Adif y del propio Ministerio de Fomento.
Estos últimos están acusados de aceptar sobornos a cambio de primar las
adjudicaciones a la sociedad bajo sospecha o de facilitar que éstas facturasen por servicios que no habían realizado, según detallaron a Vozpópuli fuentes cercanas a la investigación.
En concreto, la Guardia Civil arrestó a los gerentes del gestor de las infraestructuras ferroviarias en Sevilla, Córdoba, Zaragoza y Valencia, además de a un técnico en la capital aragonesa y a otro más en Córdoba. También han caído los responsables de las delegaciones territoriales del Ministerio de Ana Pastor en
las provincia de Jaen y Huelva, y un segundo trabajador en esta última.
Sus detenciones vinieron acompañadas de al menos tres registros en
dependencias de Adif. Uno se ha realizado en los servidores informáticos centrales de la compañía en Madrid; el segundo, en la gerencia de mantenimiento de Adif en Zaragoza y el último, en el puesto de trabajo de uno de los detenidos en Córdoba. (...)
La 'Operación Enredadera' es la continuación de la investigación de la
juez Alaya sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día
optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla SA,
donde quedó evidenciado un importante incremento patrimonial no
justificado del que fuera hasta el 2007 director del Área de Vía Pública
de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, el
socialista Domingo Enrique Castaño.
Del informe
realizado sobre esta persona se dedujo que había recibido de la sociedad
Fitonovo, contratista habitual de numerosas administraciones públicas, múltiples dádivas que iban desde dinero a vehículos.
Ello provocó que en julio y diciembre de 2013, la
magistrada sevillana abiera una nueva línea de investigación que
desembocó entonces en registros y detenciones, entre ellas las de los
responsables de la empresa Fitonovo, que el pasado mes de mayo terminó
declarando el concurso de acreedores precisamente a raíz de la detención entonces de sus principales directivos.
Gracias al análisis de la información incautada entonces por la Guardia
Civil, se descubrió que los directivos de la empresa mencionada habían creado presuntamente una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares.
Para ello, la compañía había creado en su seno una estructura paralela para conformar una red de contactos con funcionarios a los que sobornaban a
cambio de salir favorecidos en los concursos de adjudicación. Además,
Fitonovo llevaba una supuesta contabilidad 'B' que se nutría de fondos desviados mediante facturas falsas como
las que cargaban a Adif por trabajos no realizados. Con ellos, pagaban a
funcionarios y responsables públicos.
Según fuentes cercanas a la
investigación, Fitonovo era una auténtica "organización criminal" que se había extendido ya, además de por Andalucía, por Extremadura, Canarias, Aragón y Valencia. "Era más sofisticada y llegaba a más sitios que la destapada en la 'Operación Púnica", resaltan estas fuentes." (Vox Populi, 12/11/2014)
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