"Luxemburgo, quiérase o no, es un paraíso fiscal. Más de 340
multinacionales y un número elevado de fondos de pensiones y de
inversión se han refugiado en el Gran Ducado con la finalidad de reducir
su factura fiscal y desde allí actuar e invertir en el resto de los
países europeos.
El sistema es relativamente sencillo. La matriz o el fondo se
domicilian en Luxemburgo y mediante operaciones vinculadas con sus
filiales (la más simple es el préstamo) las vacían de beneficios
trasladando todos ellos a la matriz, beneficios que, aunque se hayan
obtenido en otros países, tributarán en el Gran Ducado o, mejor dicho,
apenas se gravarán al haberse firmado previamente acuerdos específicos
en los que el impuesto queda reducido al mínimo, en muchos casos por
debajo del 1%.
Luxemburgo es un país curioso. Casi irrelevante, tanto en población
como en extensión geográfica. Medio millón de habitantes y 2.568 km2,
aproximadamente, la cuarta parte de la provincia de Soria. No obstante,
posee la renta per cápita mayor del mundo. En el Gran Ducado apenas hay
fábricas, sin embargo miles y miles de empresas se apiñan en varios
edificios.
En algunas plantas de oficinas llegan a estar domiciliadas
más de quinientas compañías, muchas de ellas multinacionales, cuyos
nombres a todos nos suenan y que LuxLeaks ha destapado en número de 340:
Apple, Amazon, Ikea, Burberry, Procter & Gamble, Heinz, Pepsi, JP
Morgan, Deutsche Bank, Fiat, etc. Un solo empleado con un ordenador es
toda la estructura que necesita cada una de ellas.
Sin duda, la riqueza de Luxemburgo está fundamentada en el dumping
fiscal, y en el expolio al que somete a las finanzas públicas de otros
países. Pero a pesar de su reducido tamaño y de que dado este
comportamiento fiscal y financiero su pertenencia no parece que aporte
mucho a la Unión Europea, goza de un puesto privilegiado en las
estructuras comunitarias.
Baste citar el caso de Juncker ocupando
primero el cargo de presidente del Eurogrupo y actualmente de la
Comisión. Durante todo este tiempo de crisis, el Gobierno del Luxemburgo
se ha alineado con Merkel, entre los halcones, criticando cualquier
política expansiva, bien sea fiscal o monetaria; y predicaba la
austeridad mientras su hacienda pública se enriquecía a base de
empobrecer a las otras.
La responsabilidad de Juncker es más que evidente. Durante su etapa
como primer ministro y ministro de Hacienda fue cuando se ideó y se puso
en marcha, con la colaboración de la consultora PricewaterhouseCoopers
(PwC), la ingeniería financiera que ha dado lugar al expolio y que se ha
conocido gracias a LuxLeaks.
Lo ahora descubierto cuestiona su papel en
los últimos años como presidente del Eurogrupo, convertido en campeón
de la austeridad y en látigo de las poblaciones del Sur sometidas a toda
clase de penuria, pero sobre todo exige la dimisión inmediata del cargo
que actualmente ocupa. ¿Cómo vamos a creer si no que la Comisión va a
luchar contra los paraísos fiscales?
No obstante, no parece que se vaya a ir por esa dirección. Populares y
socialistas europeos se han puesto de acuerdo para que la moción de
censura no prospere. Ni siquiera existen garantías de que la situación
en Luxemburgo vaya a corregirse. El actual primer ministro, Xabier
Bettel, ha defendido los acuerdos fiscales asegurando que respetan las
reglas nacionales e internacionales.
Y aunque la situación parezca
kafkiana, en cierta forma no le falta razón. La construcción europea se
ha hecho comenzando por el tejado. Así se adoptó la libre circulación de
capitales en el Acta Única y más tarde la Unión Monetaria en
Maastricht, no ya solamente sin crear una fiscalidad común europea, que
sería lo lógico, sino sin ni siquiera armonizar la de los países
miembros, con lo que se ha generado una competición entre todos los
sistemas fiscales destinada a atraer capital o, al menos, a que no se
vaya el que ya existe.
Este fenómeno es perfectamente conocido desde 1989, año en el que
entró en vigor la libre circulación de capitales. Nada se ha hecho para
solucionarlo. El resultado es que todos los sistemas fiscales han ido
evolucionando hacia planteamientos más injustos y regresivos. Se
incrementa la imposición indirecta y se reduce la directa, que queda
casi limitada a un gravamen sobre las rentas del trabajo, mientras que
las rentas de capital y las de las grandes empresas apenas tributan.
En cierto modo cada país se convierte en un paraíso fiscal respecto
al vecino. Bien es verdad que no todos con la misma intensidad.
Luxemburgo, Irlanda, Holanda, Austria, Chipre, aparecen a la cabeza y
han bloqueado cualquier intento de armonización en el impuesto de
sociedades.
Pero la misma España, que está sufriendo gravemente la
existencia de los paraísos fiscales (el 55% de la inversión extranjera
que recibe lo hace desde centros ‘offshore’), se convierte en una
especie de paraíso fiscal -así lo califica Brasil- principalmente para
los países latinoamericanos, al crear en 1995 las entidades de tenencia
de valores extranjeros (ETVE), un vehículo de inversión que, junto con
el hecho de considerar fondo de comercio la diferencia entre el precio
pagado y el valor estimado de mercado en la adquisición parcial o total
de empresas extranjeras, ha concedido un régimen fiscal enormemente
favorable a las multinacionales que invierten en el extranjero.
Eso
explica al menos en parte que en los años precedentes el tipo efectivo
en el impuesto de sociedades de las grandes compañías haya sido en
España el 3,8%, y ahora se sitúe en el 5,6%.
Aunque parezca increíble, la Comisión se encuentra inerme ante esta
situación. Suponiendo que quisieran actuar, que es mucho suponer, a
tenor de la fuerza que las multinacionales tienen en Bruselas y de las
características de quienes ocupan la presidencia o los sillones de
comisarios, lo cierto es que no cuentan con normativa en que apoyarse
para corregir tales aberraciones.
La Unión Europea carece por completo
de armonización fiscal, al menos en impuestos directos. Cada país
miembro es soberano para contar con el sistema tributario que considere
conveniente. Claro que eso mismo les hace perder su soberanía, pues con
la intención de atraer inversión todos intentarán establecer para el
capital y para las sociedades unas condiciones fiscales más favorables
que las del vecino.
En los pocos casos en los que la Comisión ha abierto expediente,
Amazon y Fiat en Luxemburgo, Apple en Irlanda, Starbucks en Holanda, o
por el fondo de comercio en España, ha tenido que acudir a la figura de
las ayudas de Estado, equiparando los beneficios fiscales a
subvenciones, y a que por tanto se ha quebrado la concurrencia,
principio sacrosanto de la Unión Europea y el único que no se puede
infringir.
El caso más claro y más inmediato para nosotros es el
expediente que la Comisión abrió al Reino de España por la consideración
dada de fondo de comercio a la diferencia entre el precio pagado y el
valor estimado de mercado en la adquisición parcial o total de empresas
extranjeras, y por lo tanto amortizable y deducible en la base imponible
del impuesto de sociedades.
El Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha
dado la razón a España al considerar que cualquier sociedad se podía
beneficiar de la medida y que por lo tanto no contradecía el libre juego
de mercado, sin considerar en absoluto que pudiera ser un sistema que
no solo dañaba profundamente la equidad fiscal de España sino que hacía
una competencia desleal a otros Estados.
La normativa comunitaria se muestra indiferente a que los distintos
Estados miembros, en una lucha recíproca para atraer recursos
financieros, se desarmen fiscalmente frente al capital y a las grandes
sociedades y a la falta de equidad que se puede instalar de forma
generalizada en los sistemas fiscales; lo único que prohíbe son aquellos
procedimientos o instrumentos como las llamadas ayudas de Estado que
pueden distorsionar el mercado único.
Lo descubierto por ICIJ en Luxemburgo ha escandalizado a las
sociedades de todos los países y les ha mostrado sin lugar a dudas la
enorme injusticia que reina en la fiscalidad europea.
Pero también es
evidente que los mandatarios europeos, aparte de declaraciones de
protesta más o menos enérgicas, no piensan hacer absolutamente nada y
que la armonización fiscal se contempla como una utopía imposible de
conseguir. Europa aparece como un grave impedimento para que los Estados
apliquen una política fiscal progresiva.
No cabe engañarse, los cambios
en ámbitos nacionales tienen sus límites mientras se permanezca en la
UE o esta no sufra una transformación total, lo que no parece muy
factible." (Luxemburgo y los impuestos en la Unión Europea, de Juan Francisco Martín Seco en República de las ideas, en Caffe Reggio, 29/11/2014)
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