La notaria Blanca Entrena (de blanco en el centro), la expresidenta de
Afal Blanca Clavijo, fallecida recientemente (izquierda) y la notaria
Nuria López Mora (derecha).
"La juez del caso Afal,
María Luz García, ha imputado a la cúpula de la Fundación Afal Futuro y
a la notaria Blanca Entrena por desvalijar, supuestamente, a enfermos
de alzhéimer a los que debían amparar. La titular del juzgado de
instrucción 17 de Madrid achaca a nueve personas su participación en
cinco delitos: apropiación indebida, estafa, falsedad documental, estafa
procesal y falso testimonio.
Afal Futuro tutelaba a personas incapacitadas por sufrir enfermedades
mentales —la mayoría con alzhéimer—, pero durante la última década se
apoderó, presuntamente, del patrimonio de algunas de ellas, que tenían
fortunas que suman decenas de millones de euros.
Tras la investigación de la fiscalía,
desarrollada esta primavera, la juez acusó hace un mes en un auto a los
directivos de la entidad, entre ellos la expresidenta de la entidad,
Blanca Clavijo; a su marido, Rafael Núñez, exsocio de la consultora KPMG
(que facturó a los tutelados por conceptos como asesoría fiscal); y a
la notaria Blanca Entrena. El fiscal subrayó que, “valiéndose” de su
nombramiento como tutor de personas vulnerables, Afal realizó “acciones
tendentes a sustraer bienes del patrimonio de sus tutelados e
incorporarlo, bien al suyo propio o bien al de la Asociación Nacional
del Alzhéimer Afal Contigo”.
Este desvío de fondos desde las cuentas de los tutelados se llevó a
cabo de forma sistemática hasta el pasado abril. Así lo demuestran los
extractos bancarios de la tutelada María de los Santos García Laínez, de
87 años y enferma de alzhéimer. Afal Futuro vendió tres edificios de
esta mujer por 5,3 millones el año pasado y, desde noviembre, transfirió
fondos por 900.000 euros a la asociación Afal Contigo —que comparte
junta directiva con Afal Futuro— a través de 25 transferencias
realizadas el pasado otoño e invierno
En la documentación bancaria
incorporada a la investigación figura una transferencia directa a una
cuenta de Clavijo (ordenada por ella misma) y otra a su sociedad
Geronlaw, por un total de 10.000 euros. Además, hay un pago a la empresa
Signo SL, que realizaba la cartelería de Afal Futuro, por 20.000 euros.
Es decir, la cúpula de la entidad pagó a sus proveedores con el capital
de sus tutelados, según demuestran los movimientos bancarios
incorporados al sumario de la causa.
El exgerente de la entidad, Jaime
Conde, imputado junto a la letrada de Afal Mercedes Díaz, denunció ante
la fiscalía el pasado julio que Clavijo, fallecida este verano, ordenó
estos movimientos para supuestamente lucrarse a sus espaldas.
El pasado octubre, la fiscal Nuria López Mora, amiga de Clavijo,
atestiguó en un documento manuscrito ante el juzgado que “la gestión
económica [de Afal] no había abandonado la cobertura de sus intereses
patrimoniales [de García Láinez]”. La
fiscal asesoró sobre asuntos a Clavijo, al margen de los juzgados,
según revela su correspondencia privada. López Mora se mantiene al
frente de la Fiscalía de Incapacidades de Madrid.
Mientras, la imputación de la notaria, Blanca Entrena, se debe al
testamento de la incapacitada Pilar Arias, de 88 años, que en 2013 donó
todos sus bienes a Afal Futuro. A pesar de que esta enferma sufría
alzhéimer desde 2004, el año pasado Entrena dio fe de su “capacidad
suficiente” y garantizó la legalidad de su testamento, que revocaba uno
anterior por el que legaba a sus sobrinos. Para autorizar el testamento,
la fedataria se apoyó en el informe de la neuróloga Carmen Antúnez, que
reconocía su deterioro cognitivo “moderadamente avanzado”, pero añadía
que es “capaz de testar”.
Tanto Entrena como Antúnez eran amigas de Clavijo y han participado
en diversos testamentos de tutelados por Afal. Entre ellos, el
testamento hológrafo de la incapacitada María Jesús Moreno, por el que donó tres millones a la Fundación Reina Sofía
y que fue falsificado, según demostró un informe caligráfico y una
grabación oculta en la que intervino la cúpula de Afal. Entrena defendió
ayer su actuación: “Un incapacitado puede testar siempre que el juez no
le haya privado de esta capacidad”.
" Los
indicios de delitos detectados por la Fiscalía de Madrid en su
investigación se han extendido a diferentes comunidades autónomas, según apuntan nuevos testimonios de familiares de enfermos mentales, recabados tras la difusión del caso Afal
la pasada primavera. La asociación de familiares de tutelados AEFET,
surgida a partir de la denuncia ante el ministerio público de
extrabajadores de Afal, acumula ya diferentes casos de abusos en
Andalucía, Castilla-León, Comunidad Valenciana y País Vasco. (...)
Los indicios de la nefasta gestión económica por parte de Afal fueron
ignorados por los juzgados en las rendiciones de cuentas anuales que
aportó la entidad, pero también por la fiscalía de incapacidades,
dirigida por la fiscal Nuria López, amiga de la expresidenta de la
fundación Blanca Clavijo.
López proporcionó información confidencial a
Clavijo a través de numerosos correos electrónicos a los que tuvo acceso
EL PAÍS. A pesar de ello, la fiscal negó su amistad con la expresidenta
de Afal y que existiera conflicto de interés. El sindicato Manos
Limpias presentó una denuncia el pasado junio contra López ante los
juzgados por prevaricación, tráfico de influencias y cohecho. (...)" (
Javier Martín-Arroyo
Sevilla
, El País, 17 SEP 2014)
1 comentario:
Hay un tema aquí que nadie ha preguntado por el. ¿Está auditada la Fundación AFAL? y si es así ¿No tendrá alguna responsabilidad el auditor? Puesto que tenía que haberse dado cuenta ello, a no ser que fuera amigo y complice
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