"Varias de las 15 empresas que figuran como donantes en la supuesta
contabilidad B del Partido Popular elaborada por Luis Bárcenas
recibieron más de la mitad de sus contratos públicos en el periodo
2002-2009 de administraciones gobernadas por el PP. En algunos casos la
cifra llegó a alcanzar el 80% de las adjudicaciones procedentes de la
Administración central, gobiernos autonómicos y ayuntamientos. (...)
La Udef, que confirma que todas las empresas que
presuntamente entregaron fondos al PP recibieron adjudicaciones de
administraciones públicas gobernadas por ese partido –algo prohibido por
la ley–, divide las 15 constructoras en cuatro grupos en función del
porcentaje de los contratos públicos adjudicados por el PP en los años
transcurridos entre 2002 y 2009.
Según el informe,
dos sociedades, Aldesa y Licuas, recibieron el 80% de sus contratos
públicos de gobiernos (ayuntamientos, ejecutivos autonómicos o
administración central) del PP. En el caso de Assignia (Constructora
Hispánica) y Asedes, las adjudicaciones de gobiernos populares superan
el 50%. La cifra es de más del 30% en los casos de Bruesa, FCC, OHL y
Sacyr y de menos de ese porcentaje para Azvi, Cyopsa, Degremont, Romero
Polo, Rubau, Sando y Sorigué.
Cabe
señalar que durante la mayor parte del periodo analizado por la UDEF la
Administración central estaba en manos del PSOE y que el Partido Popular
sólo mantuvo el poder en la totalidad de los ocho años analizados en la
Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana, Castilla y León, Murcia y
La Rioja.
Aunque la UDEF indica que "la cuantía e importe" de las
adjudicaciones públicas recibidas por los presuntos donantes del Partido
Popular "sigue con carácter general la tendencia de la evolución de la
licitación pública en este periodo" (evolución creciente hasta la
llegada de la crisis en los dos últimos años de la serie), los datos
recogidos por la UDEF revelan una importante dependencia de algunas
constructoras de las administraciones del PP hasta el punto de
establecer pautas muy diferentes a las de otras compañías del sector.
El caso más llamativo es el de Aldesa. Según recoge el informe, esta
constructora pasó de recibir adjudicaciones públicas por valor de 703 y
491 millones de euros en los años 2002 y 2003 a 75 millones de euros
coincidiendo con la salida del PP de Moncloa en el año 2004.
Desde ese
momento, el volumen facturado a las administraciones públicas por esta
sociedad no vuelve a superar los 201 millones de euros en todo el
periodo analizado. Se da la circunstancia de que en 2002, el año de
mayor número de adjudicaciones públicas a esta compañía, todas proceden
de gobiernos del PP.
La procedencia
de las adjudicaciones a esta compañía sufre también un importante cambio
tras la derrota electoral de Rajoy en marzo de 2004. Si con Aznar en el
Gobierno la mayor parte de las adjudicaciones públicas procedían de la
Administración central, a partir de ese momento sus principales clientes
pasan a ser gobiernos autonómicos y ayuntamientos en manos del PP.
Según señala el informe, las anotaciones manuscritas de Luis Bárcenas
incluyen entregas de fondos con los conceptos Aldesa y J.M. Rubio (que
la UDEF identifica como Juan Manuel Fernández Rubio, exvicepresidente de
la compañía) en los años 2002, 2003 y 2004.(...)" (eldiario.es, 17/04/2014)
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