"Se lo ha tomado como un asunto personal. Eso dicen en el
Grupo Parlamentario Catalán del Congreso, el de CIU. El president de la
Generalitat, Artur Mas, quiere que sus diputados “vayan” a por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz,
porque le considera el instigador del acoso policial contra las
finanzas de CIU y no le perdona que, a su juicio, haya utilizado la UDEF
(Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal), singularmente la
Brigada de Blanqueo de Capitales, incluso para perseguirlos a él y a su
familia, sobre todo a su padre, Artur Mas Barnet, ya fallecido.
Su encono con el ministro le
ha llevado incluso a romper las normas habituales de CIU en el Congreso
y el pasado jueves, por primera vez en su historia, los diputados
nacionalistas catalanes apoyaron la petición de dimisión de un ministro.
Su tradición ha sido siempre no votar nunca las reprobaciones o
peticiones de dimisión de miembros del Gobierno, fuesen del PSOE o del
PP y estuviesen o no de acuerdo con la oposición sobre las razones de la
exigencia.
Pero la semana pasada, el propio Mas pidió al grupo que
rompiera esa tradición y votase a favor de la dimisión de Fernández Díaz
por los sucesos de la playa ceutí de El Tarajal. Aunque en el grupo
insisten en que la tradición volverá a mantenerse, aseguran que la
salvedad de Fernández Díaz se mantendrá mientras siga en el Gobierno
porque Mas no le perdona su acoso a CIU y, menos, que haya incluido a su
familia y la de Jordi Pujol.
Es una inquina que alcanzó su punto
álgido en la investigación de las cuentas de su padre en Suiza, lo que
le obligó a tener que afirmar unos días antes de las elecciones
catalanas del 25 de noviembre de 2012: ‘No tengo ninguna cuenta en Suiza
ni nunca la he tenido.
A mí me pueden investigar todo lo que quieran,
no encontrarán nada’. El president, entonces candidato a la reelección,
se ha defendido de las acusaciones de la UDEF sobre sus cuentas en el
extranjero alegando que “si este informe no aparece ni nadie se hace
responsable, alguien está maquinando algo para alterar la voluntad del
pueblo catalán”.
Fue un caso que, al final, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz
archivó por “prescripción del delito”. El magistrado estimó que el
fraude fiscal del depósito en el banco de Liechtenstein LGT fue
realizado antes de 2002 por lo que no podía ser castigado, haciendo así
suya las tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que presentó su informe 11
días antes de las elecciones autonómicas. Y a Mas le dolió la
implicación de su padre por haber tenido cuantas en el exterior durante
24 años en las que incluso se asociaba, además de a él, a su madre. (...)" (Raimundo Castro, 25/02/2014)
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