"El juzgado número 2 de Cambados acusa de los delitos de cohecho
-percepción de sobornos- , prevaricación urbanística y tráfico de
influencias al que fue gerente de urbanismo y arquiteco municipal de
Sanxenxo, el municipio más turístico de Galicia Rafael Vázquez Abal, así
como a una asesora suya, Ana Belén Louro Pais. Además, también imputa
prevaricación urbanística al exconcejal de Urbanismo Ángel Casal Moldes,
del PP.
Rafael Vázquez Abal sustituyó en la gerencia municipal, en diciembre
de 2006, a la actual secretaria general de Urbanismo de la Xunta,
Encarnación Rivas, también imputada en este caso. En 2009, la alcaldesa,
Catalina González, le relevó de ese puesto y regresó a su plaza de
arquitecto municipal. Tanto Vázquez Abal como su exasesora Belén Louro
se han negado a declarar esta mañana ante el juez. Sí accedió a prestar
testimonio el exconcejal Ángel Casal.
El juzgado de Cambados ha entrado de lleno a investigar el urbanismo
de Sanxenxo. Hasta 13 técnicos y políticos del área de Urbanismo desde
2006 —entre ellos la alcaldesa, Catalina González (del PP), y la actual
directora de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas— están imputados
por presuntos delitos urbanísticos y prevaricación en relación con al
menos cinco expedientes.
La investigación ha destapado además en
Sanxenxo la caja de los truenos: desde que se inició, los vecinos han
recabado en las oficinas municipales documentación sobre otras 200
operaciones urbanísticas.
Las denuncias se tramitaron en el juzgado en enero de 2012 e
implican a miembros de este departamento con González pero también con
el exregidor popular Telmo Martín. Desde entonces han estudiado la causa
dos jueces instructores y un fiscal especializado en estos asuntos que
han coincidido al apreciar indicios de presuntos delitos urbanísticos y
prevaricación en varios expedientes de obras en este municipio de las
Rías Baixas, ejemplo paradigmático del negocio del ladrillo.
Precisamente la que fuera su mano derecha en la Gerencia de
Urbanismo, Encarnación Rivas, tiene previsto declarar hoy ante el juez
Juan Manuel Hermo y el fiscal David de La Fuente. La inesperada
imputación de Rivas se produce en relación, al menos, con uno de los
expedientes sobre el que la técnica informó.
Se trata de un edificio de
dos bloques de viviendas en la calle Progreso que obtuvo licencia de
primera ocupación en mayo de 2009. La denuncia del propietario de un
terreno colindante desembocó en una orden judicial de derribo que el
Ayuntamiento debe ejecutar junto a una millonaria indemnización. La
actual directora de Urbanismo de la Xunta también es aludida en otro de
los informes, relativo a cuatro chalés que la promotora Ferro Mesego, CB
quería construir junto al cementerio de Dorrón.
Rivas emitió un informe
denegando el permiso. Alegaba que las licencias entraban en colisión
con el informe vinculante de la delegación provincial de la Consellería
de Sanidade, al no respetarse la distancia de 50 metros al camposanto.
El asunto se archivó pero, un año después de que Rivas abandonara el
cargo, la promotora volvió a solicitar licencia, y la funcionaria Belén
Louro Pais emitió un informe en sentido favorable a la ejecución de las
obras, con el visto bueno del arquitecto técnico municipal. Con la
aprobación de los técnicos, la alcaldesa dictó la resolución que
concedía licencia para la construcción de los chalés y las obras
comenzaron.
Otra de las denuncias apunta a la licencia de construcción de dos
chalés más en Dorrón, solicitada por la promotora Lucasor, y de tres
viviendas en Bascuas promovidas por Canaleiro Inversión. A diferencia de
los chalés de Dorrón —que no llegaron a terminarse porque la acción
vecinal forzó la paralización de las obras—, en Bascuas el Ayuntamiento
emitió el certificado de fin de obra y licencia de primera ocupación en
dos de ellos.
En medio de las denuncias por esta construcción se incoó
un expediente de reposición de la legalidad urbanística porque al menos
uno de los chalés incumple la normativa de los accesos. La investigación
también se centra en el chalé del aparejador municipal en Padriñán. El
técnico ejecutó cambios en el proyecto sin tener licencia para ello,
obras que se vio obligado a paralizar cuando fue denunciado en el
Ayuntamiento.
La alcaldesa, Catalina González, ha achacado su imputación a un
ataque interno del sector del PP que se desgajó a raíz de su designación
como candidata para las elecciones de 2011. González apuntó al
“entorno” del exedil de Urbanismo Francisco Villaverde y la formación
que este promovió, Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL), que se escindió
del PP ante esos comicios y por la que el propio Villaverde fue concejal
hasta su renuncia en 2012. (...)
El PP gobierna Sanxenxo con el apoyo del edil del partido VIPS José Luis
Rodríguez, exalcalde por el PSOE, azote de Martín en la oposición y
ahora bien avenido socio de la regidora. Cuando se conoció la
investigación judicial, en febrero de 2012, aseguró que dimitiría ante
el “menor indicio” de que alguien en la corporación estuviese
“manchado”. Ayer matizó: “Es que no hay nada. Ningún político merece
estar imputado en estos casos. Las licencias fueron dadas con todos los
informes técnicos favorables”. La oposición reclamó anoche en un pleno
la dimisión de la alcaldesa." (El País, 26/11/2013)
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