"Javier Fernández Lasquetty promete no hacerlo
pero, con los antecedentes que hay en su departamento, no sería de
extrañar que, una vez fuera de la Consejería de Sanidad de Madrid,
terminara trabajando para una empresa privada relacionada con la Sanidad.
Es más, no sería de extrañar que terminara trabajando para una empresa
privada que gestione uno de los hospitales que él mismo haya
"externalizado", en caso de que consiga llevar su plan a buen término.
Ese
sería su futuro más probable si se decidiera a seguir la senda de sus
predecesores en el cargo, grandes expertos en eso del "yo me lo privatizo, yo me lo como". Desde hace años, las privatizaciones sanitarias llevadas a cabo por el Gobierno del PP han terminado beneficiando a sus propios cargos públicos. A día de hoy, algunos de ellos siguen comiendo de la llamada puerta giratoria, incluso a pesar de estar imputados.
Prueba de ello ha sido el último caso polémico, el del Ministerio de Sanidad, que ha contratado a la compañía Business Assessment Plans and Projects Healthcare, propiedad del exconsejero de Sanidad de Madrid Manuel Lamela, para cambiar la gestión de uno de los dos hospitales que dependen del departamento de Ana Mato; el de Melilla (el otro es el de Ceuta).
Lamela, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007, fue uno de los líderes de la campaña contra el doctor Montes por las sedaciones en el Hospital Severo Ochoa. En la actualidad trabaja como consejero para Assignia Infraestructuras,
la compañía a la que él mismo adjudicó la gestión de los servicios
privatizados del hospital del Tajo, en Aranjuez, a través de una
concesión de la Comunidad de 270 millones de euros. Cuando se destapó la noticia,
Mato le pidió explicaciones sobre la legalidad de la situación, pero
también afirmó estar "segura" de que Lamela cumplía "todas las normas de
compatibilidad".
Por otro lado, Lamela también constituyó el Madrid Centro Médico (MCM) —Madrid Medical Destination
en el mercado internacional—; una asociación para potenciar el turismo
sanitario "de excelencia" está formada por los principales hospitales
privados de Madrid y entre cuyos clientes están Capio Sanidad —ahora IDC Salud—, Clínica La Luz y MD Anderson.
Como él, su sucesor Juan José Güemes, consejero de Sanidad entre 2008 y 2010, también acabó trabajando para una empresa privada (Unilabs), integrada en Capio. ¿El problema? Capio es una de las máximas beneficiarias de la privatización sanitaria en Madrid. Y, de hecho, es una de las empresas imputadas, junto a Ribera Salud y Asisa, por el juez del juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero.
En ese mismo caso, la actual viceconsejera, Patricia Flores, también está imputada, así como el director general de Hospitales, Antonio Burgueño; ambos, por un presunto delito contra la Hacienda Pública, fraude y malversación de caudales públicos. Se les acusa, según el auto publicado el pasado 31 de octubre, por no haber controlado la facturación intercentros, así como por haber concedido —presuntamente— una subvención encubierta por la amortización de obras. (...)" (Público, 26/11/2013)
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