“El objeto de las diligencias es acreditar la creación ab initio de una organización o, en su caso, grupo criminal formado al menos por D. José Manuel VILLAREJO PÉREZ, D. Francisco Nicolás GÓMEZ IGLESIAS [Pequeño Nicolás], D. Eugenio PINO, D. José Ángel FUENTES GAGO, D. Manuel RICO, D. Daniel MONTERO BEJARANO, D. Eduardo INDA ARRIAGA, Dª. Gemma ALCALÁ GARCÉS y D. Carlos MIER, quienes se sirvieron del auxilio inicial del medio “INFORMACIÓN SENSIBLE” y quienes habrían actuado y seguirían actuando como miembros de una organización (en su caso grupo criminal) tendente a la comisión de los delitos que se describen en el cuerpo de la querella”.
Con esta explicación, comienza la solicitud de apertura de diligencias por los abogados del policía que destapó las cloacas, Rubén Eladio López, en las que exigen que citen a declarar como imputados a los miembros de medios de comunicación y policías implicados con Villarejo.
El escrito asegura que la investigación practicada por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid solamente afectó a lo relativo a la posible comisión de un delito de revelación de secreto, que radicó, en el marco de la llamada ‘Operación Nicolay’, en la grabación ilegal y posterior difusión de una reunión entre los investigadores de Asuntos Internos –que vigilaban en ese momento una de las tramas encabezadas por excomisario Villarejo–, el CNI y miembros de la Policía Nacional, ignorando otros posibles delitos como “obstrucción a la justicia, acusación y denuncia falsas, represalias, acoso, delitos contra la integridad moral, coacciones, injurias y calumnias a funcionario público, falso testimonio y organización o grupo criminal”.
El texto del equipo jurídico de López pretende esclarecer la existencia de una red organizada que mantuvieron en el tiempo tanto altos mandos de la Policía como perfiles del ámbito mediático, a la que pertenecerían Inda, Villarejo, el Pequeño Nicolás, Pino o Fuentes Gago entre otros.
Los motivos para intentar obstruir la ‘Operación Nicolay’
En concreto, la investigación por la que los agentes de Asuntos Internos se ven actualmente sometidos al acoso reiterado por parte de la pata mediática implicada en la trama remonta a la década de los 90, y radica en la venta de una famosa finca, llamada La Alamedilla, cifrada en 20 millones de dólares.
La operación, descubierta al haberle sido incautado un documento a Francisco de la Hidalga donde figuraba la transacción, daba como uno de los propietarios al empresario Adrián de la Joya, socio principal de Villarejo, y al propio De la Hidalga.
Sin embargo, en el registro anterior a la compra-venta aparecían Mario Conde y Arturo Romaní, cuyo hijo fue subsecretario de estado de Defensa y consejero de María Dolores de Cospedal, algo que hizo saltar las alarmas en tanto que la propiedad habría escapado del decomiso cuando se llevó a cabo la famosa Operación Banesto en el año 1993. “Es un delito de blanqueo”, aseguran a este diario fuentes policiales, “y los delitos de blanqueo no prescriben”.
De acuerdo a lo que pudo averiguar LÚH, el objetivo era ocultar quién estaba detrás de esa finca, la verdadera titularidad era “lo que no quería Villarejo que se descubriera”. Es entonces cuando se desplegó todo el aparataje de las cloacas para tratar de detener dichas indagaciones, inaugurando el episodio de difamación y acoso contra López y su equipo, que llegaron a ser espiados, difundiendo incluso la ya mencionada grabación ilegal de la reunión que mantuvieron con el CNI y miembros de la Policía Nacional, que llegaría a manos del Pequeño Nicolás a través de Inda y Villarejo, desatando la llamada ‘Operación Nicolay’.
El método elegido para ello es el modus operandi habitual de Villarejo, una campaña mediática encabezada a través de sus periodistas de referencia: José María Olmo, Daniel Montero, Esteban Urreiztieta, Manuel Cerdán y Eduardo Inda entre otros.
Es por ello, que piden su imputación debido al alto nivel de coordinación sostenida en el tiempo de todos los mencionados. “La declaración como investigados de los mandos policiales querellados (Sres. VILLAREJO, PINO, VILLABONA MADERA y FUENTES GAGO), quienes se valieron de la necesaria e imprescindible colaboración de los medios de comunicación OKDIARIO e INFORMACIÓN SENSIBLE, quienes a través de sus directores, responsables y periodistas contribuyeron de modo activo a los actos punibles de intimidación”, explican en el escrito.
Entre sus estratagemas de presión llegaron
a revelar la identidad completa del agente que destapó la trama,
publicando su voz, fotografías privadas y datos de su familia, “dando
lugar a una exposición masiva y continua, resultando todo ello agravado
al relacionarlos con supuestos inexistentes y graves actos delictivos en
el ejercicio de sus funciones como Agente de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado”. (Alba Gónzález, LUH, 21/07/21)
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