"Cuatro años después de que los Mossos d’Esquadra irrumpieran en el
Palau de la Música, señala Jesús García [1], el juez que investiga el
expolio –“expolio” es palabra más que ajustada- de la institución
musical catalana ha dado el caso por cerrado. Entre sus conclusiones
figura que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se financió de
forma irregular a través del Palau.
La constructora Ferrovial pagó un
total de 5,1 millones en comisiones, ilegales por supuesto, al partido
nacionalista-soberanista-independentista (ante todo: neoliberal, de los
negocios) a cambio de la adjudicación de obra pública. Fue durante el
último gobierno de Jordi Pujol, el intocable, el ex presidente de Banca
Catalana, el de varios hijos perseguidos por la justicia que acaso le
tomaron a él como modelo (y a su señora por supuesto).
Según la
información que se conoce, la empresa (que no es catalana pero aquí este
nudo identitario importa un pimiento: la pela es la pela y éste, no
otro, es el verdadero kernel del asunto) y CDC llegaron a un “acuerdo”
que comenzó “al menos en 1999”. Se prolongó durante un decenio:
“Ferrovial camufló como generosas donaciones al Palau lo que, en
realidad, eran pagos ilícitos para disfrutar de una posición ventajosa
en la adjudicación de obras”.
La constructora pagaba, por regla
general, una comisión que suponía el 4% del importe de la obra en
cuestión. ¡El más que famoso 3% que soltó Pasqual Maragall, un día que
enloqueció durante tres segundos, en el Parlament, cuando era president
de la Generalitat (la cara de Mas se descompuso: ¿pero qué dice ese loco
pensaría?, ¿a que juega?). Nunca más se volvió a hablar de asunto.
Del
4% ilegal, el 2,5% iba a parar a las arcas de CDC por varios
procedimientos; el 1,5% restante se lo repartían los saqueadores
confesos, don Fèlix Millet y don Jordi Montull, dos magníficos
representantes de la burguesía catalana bien ubicada. El premio a su
labor como intermediarios se lo repartían así: el 80% de ese 1,5 el
primero; el 20% restante el segundo. ¡También hay jerarquías entre
saqueadores, siempre hay jerarquías!
El “flujo de fondos”,
comenta Jesús García, llegó por tres canales: “el más voluminoso (2,3
millones) fueron “entregas en efectivo” entre 2000 y 2007 a los
tesoreros, Carles Torrent (muerto en 2005) y a su sucesor, Daniel
Osácar, una de las 17 personas que el titular del Juzgado de Instrucción
nº 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, mantiene imputadas en la
causa”.
La segunda vía -2,1 millones- fueron las “facturas falsas”
emitidas por cinco empresas (New Letter, Letter Graphic, Altraforma,
Hispart y Publiciutat) al Palau. Esas compañías cobraron de la
institución musical por trabajos inexistentes o servicios que, en
realidad, prestaron a CDC (por ejemplo, de buzoneo electoral).
Dos de
esas firmas, continua JG, “hicieron llegar los fondos a CDC en forma de
donaciones al partido o a su fundación afín, Trias Fargas”. Otros
630.655 euros aterrizaron en la formación mediante “convenios de
colaboración aparentes entre el Palau y la fundación anterior”. La cifra
total asciende a casi 5,1 millones de euros, nafa menos, unos 850
millones de la antiguas pesetas, “algo menor de la que estimó la
fiscalía (6,6) en su último informe.”
Osácar y Jaume Camps, que
participó en el pago de las comisiones, un ex diputado muy televisivo y
muy culé, son los dos únicos imputados de CDC. La responsabilidad del
partido no acaba ahí.
En línea con el fiscal anticorrupción Sánchez
Ulled, “el juez cree que en el acuerdo con Ferrovial intervinieron
“otros altos responsables del partido que ejercieron el necesario
ascendiente” sobre los cargos públicos de la Generalitat y de los
Ayuntamientos comandados por CiU que debían decidir sobre las
adjudicaciones”. La conjetura parece razonable, más que razonable.
“El
auto concluye que CDC debe responder como partícipe a título lucrativo,
por haberse beneficiado de un dinero de forma ilícita”. CDC, recuérdese,
ha puesto su sede central como aval para cubrir la fianza impuesta por
el juez en su día. Está, sigue embargada!
¿Qué obras ganó
Ferrovial presuntamente (siempre presuntamente) gracias al pago de
mordidas, partidas que suman nada menos que 1.159 millones? ¿Qué
consiguió con estas prácticas, pan nuestro de cada día del
neoliberalismo realmente existente, aquí y en mil lugares más?
Las de
mayor envergadura son, tomo de nuevo pie en Jesús García, la Ciudad de
la Justicia de Barcelona (¡la ciudad de la justicia construida
trasgrediendo la justicia!) y la línea 9 del metro barcelonés. ¿Qué
beneficios obtuvo finalmente Ferrovial con las operaciones? Sería bueno,
urgente y necesario conocerlo.
En una nota pública, la
constructora negó por supuesto cualquier tipo de acuerdo para “alterar
el correcto desarrollo” de los concursos públicos. De eso nada, no va
con ellos. Defendió, por supuesto también, la bondad de su contrato de
patrocinio con el Palau: le reportó “las ventajas de publicidad e imagen
propias de este tipo de convenios”. ¡Vale, pues será eso! ¡Imagen,
publicidad y sonido!
Las anotaciones en las agendas personales
de Millet, el de las 400 familias con poder en Cataluña, los documentos
hallados en ordenadores del Palau en su día y la declaración de algunos
testigos son la base probatoria del caso. En su auto, señala JG, “el
juez da una cifra final al expolio perpetrado por Millet y Montull en
beneficio propio y de terceros: 26,5 millones. Una propinita [2]
Uno de los misterios que quedará por resolver del caso, señala JG, es
el destino de 9,6 millones que se cobraron “en ventanilla de diversas
entidades bancarias”. Se ignora el destinatario de esas cantidades “pese
a los esfuerzos” de la policía.
Pijuan, el juez del caso, afea con
razón a los bancos por “su “falta de colaboración” para averiguar quién
cobró esas cantidades. Respondieron que no tenían la documentación o que
no la encontraban”. ¡Los bancos son los bancos, yo mismo trabajé en uno
de ellos, el del señor Pujol, durante más de 11 años, y son un gran
poder fáctico!¡Nadie les tose!
Curiosamente, el punto no se le
ha pasado por alto tampoco al excelente Jesús García, en un escrito
remitido al juez hace unos días, la actual dirección del Palau, que
ejerce la acusación particular como víctima del expolio (¡cómo si no!),
“cargó contra los ex responsables de la institución” pero omitió
cualquier alusión a CDC. Ni una coma, ni una palabra, nada de nada.
¿Está claro quien manda y al servicio de quién se está?
La
estrategia de CDC tras el cierre de la instrucción del caso no ha
variado: mienten, mienten como bellacos. ¿CDC? No, no, claro está, el
juez con sus informes. Este considera acreditado que CDC recibió 5,1
millones. La formación nacionalista lo niega y da un paso adelante:
acusa al magistrado de no tener pruebas. ¡Que lo demuestren, a ver si
pueden! “Los indicios que ahora determina el juez no tienen una base
sólida”.
El consejero de Presidencia de la Generalitat Francesc Homs,
uno de los mayores vendedores de humo de estas tierras, consideró “que
el escrito “no demuestra nada” y vio “más razonable” la opinión de los
actuales responsables del coliseo”. Son de los suyos. De lo que dice el
juez, señaló, “los perjudicados no hablan. Entra en contradicción”. ¿En
contradicción? ¿No será él parte sustantiva también del entramado
diseñado con mimo y ocultando pruebas y más pruebas?
El
consejero, contundente, chulo como el que más, afirmó que los controles
de adjudicación de obra pública eran y lo son ahora totalmente
transparentes. Homs, que echa siempre que puede lodazales de porquería
sobre la época del tripartito, recordó que el anterior gobierno hizo una
auditoría para revisar las adjudicaciones y que no encontró nada.
Perfecto, todo muy bien en este caso. (...)
Joan Herrera, de ICV-EUiA, ha hecho un buen resumen del caso: “El
corruptor, que era Ferrovial, paga al corrupto, que eran los cargos de
CDC, comisiones para encarecer las obras de la línea 9 del Metro” (...)
Mas no se ha comprometió a nada. Solo ha dicho que, si en el juicio
se sentencia que CDC se financió ilegalmente, él será “el primero en
actuar”. ¿Cómo? ¿De qué forma? No sabe, no responde. Su estrategia pasa
por presentarse ajeno a las finanzas del partido y mostrar confianza en
los gestores de las arcas de CDC. ¡No sabía nada, no pasaba por allí! Ha
retado a la justicia a “convertir sus indicios en pruebas”. ¡Para chulo
él!
También Joan Herrera apuntó bien esta ocasión: “En los dos
casos [Bárcenas, Ferrovial] hay corruptores y corruptos e indicios de
financiación ilegal. Y en los dos casos hay evasivas”.
Mientras
tanto, ERC, un partido que dice ser de izquierdas y republicano, sigue
dando apoyo al gobierno de un partido (supuestamente) corrupto. ¿Alguien
puede pensar en un proceso emancipador que los tenga como fuerzas
hegemónicas? ¡Es de risa… y de llanto! (...)" (Salvador López Arnal, Rebelión, 21/07/2013)
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