"Francisco de la Barreda Pérez, abogado de profesión,
presidente del PP de Tenerife (1996-1999), consejero de Industria y
Comercio del Gobierno canario (1996-1998) y diputado en el Congreso
(1998-2000), conoce muy bien los entresijos de la política y los
negocios en Canarias.
Fue objeto de una dura campaña para desacreditarlo
cuando estalló el caso Bango. Lo menos que se le dijo fue que estaba loco por denunciar casos de corrupción, empezando por los de su partido.
Usted envió un burofax a Mariano Rajoy en 2006 informándole de casos de corrupción en Canarias. ¿Qué pasó después?
Nunca
tuve ningún tipo de respuesta. Debo decir que cuando la escribí ya
tenía conciencia de que no me iba a responder. Sin saber que podía
llegar a los niveles que está llegando actualmente, y en los que está
inmerso en razón de todo lo que hay en el caso Bárcenas, de sobres y demás, tenía un concepto bastante mejor.
Como presidente del PP de Tenerife usted coincidió con Bárcenas, que ahora conocemos como Luis, el Cabrón. ¿Qué nos puede decir de Bárcenas y qué se encontró a nivel contable?
Luis
Bárcenas era un hombre importante en el partido; todo el mundo lo
sabía. Yo no tenía contacto con él. Pero, precisamente, por la necesidad
que vi de cambiar de manera inmediata al antiguo gerente del partido
por otro que fuera de confianza me trasladé a Madrid, lo que originó
muchas contrariedades.
Recuerdo que Ignacio González Santiago
(exsecretario regional del PP de Canarias) me dijo que si yo iba a traer
un espía de Madrid. ¿Pero qué nos van a espiar, qué van a delatar, si
vamos a hacer lo que el partido quiere? En aquel momento estaba en el
partido creyendo... la ignorancia también es grande muchas veces.
Decía
en algunos mítines que había dado el paso por la enorme corrupción que
había entonces, que había que abrir las ventanas para que entrara el
aire transparente y puro que nos iba a dar Aznar, el Gobierno de Aznar y
el PP. No hace falta que diga cuál es la conclusión que he sacado de
todo aquello.
¿En su época no había caja B?
Ninguna.
A mí no me preocupa que entren auditores. Pero que revisen los períodos
anteriores y posteriores. Era una obsesión mía cumplir la legislación.
Estaba de gerente Javier Lence, lo pedí a Madrid. Por eso tuve contactos
con Bárcenas. No tenía ni la más mínima sospecha, solo que era muy
especial. Me dijeron que él lo podía resolver.
¿Qué
pasó con la querella que adjunta el Fiscal Anticorrupción por la
adjudicación a dedo del parque eólico de Fuencaliente a UNELCO-ENDESA?
Esa
querella nunca la conocí, a pesar de las múltiples gestiones que se
hicieron. Es evidente que la presentó. A la vista de eso, me vi obligado
a llamar a D. Carlos Jiménez Villarejo. Lo que me dijo es que
presentaba la querella porque lo había visto muy claro, pero que al ser
un director general la competencia era de la Audiencia Provincial.
El caso Bango coincidió con el caso Zamora. ¿Cree que se utilizó el primero, por la repercusión nacional que tuvo, para tapar el segundo?
Supuso
el primer momento difícil de Aznar en el Gobierno: la corrupción en
Zamora. Era muy sintomática la cadencia de noticias del caso Bango, que se convirtió en una campaña de desprestigio hacia mi persona y se silenció totalmente el caso Zamora.
El 14 de marzo de 1999, en la página 21, El País informaba que detrás del acoso a Julia Bango podía estar gente de su propio partido (PP); en
palabras suyas, "ocho o diez garbanzos negros que solo quieren amasar
dinero y poder", "una especie de organización de carácter mafioso"
donde, a su juicio, están mezclados políticos corruptos, constructores
que financian partidos, delincuentes por encargo....Han pasado más de 14 años.
Lo
recuerdo perfectamente. Eso que dije lo ratifico. Pero es que lo no
digo yo: lo dijo la propia jueza, que imputó a nueve personas, entre
ellos Ignacio González Santiago, que había sido destituido también como
consejero de Presidencia del Gobierno por José Miguel Bravo de Laguna
(actual presidente del Cabildo de Gran Canaria). Ya habían llegado a
arreglos porque lo importante era quitarme a mí del medio y habían
pedido mi cabeza.
Sobre el caso Bango, tengo que decir que tuve que copiar a
mano las diligencias, 8.000 folios, porque la jueza me negó copia de las
actuaciones. No podía fotocopiarlas; ofrecí fotografiarlas e incluso
leer las actuaciones para grabarme. Tengo ahí los cuadernos.
Eso es
indefensión absoluta, porque soy perjudicado de amenazas y agresiones,
lo ha dicho la jueza, que tenía constancia de que he sido amenazado. En
ese caso, la jueza concluyó que hubo delito, nueve imputados, pero que
no había pruebas suficientes y ordenó el sobreseimiento provisional.
Por
eso digo que Rajoy tiene que ser llamado a declarar. Cuando a uno se le
imputa un delito, o que ha hecho algo que puede tener la consideración
de delito, el juez tiene la obligación de llamar a esa persona como
imputado para darle las garantías.
Está diciendo que si el señor Rajoy dice que Bárcenas lo chantajea, ¿tendría que denunciarlo en el juzgado?
Claro.
Es que la Constitución y la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen
de manera clara y categórica que la denuncia es un derecho pero que
igualmente es un deber; no es que tenga la posibilidad, sino que tengo
la obligación de denunciar cualquier delito.
Porque si no lo denuncio es
o porque soy cómplice, colaborador necesario o encubridor. Si Rajoy
está diciendo: a mí me han chantajeado, no se ha chantajeado solo a una
persona, sino que es el presidente del Gobierno. Está diciendo, sobre un
asunto muy grave que está en la Audiencia Nacional, que ha recibido
amenazas y que no va a ceder ante esas amenazas. ¿Cómo es que el juez
inmediatamente no le ha dicho "venga usted aquí"? Dígame quién, cuándo,
dónde y de qué lo han chantajeado, para poder intervenir.
Es tan
disparatada la actuación no solo de Rajoy, sino de los servicios
jurídicos del PP, que están metiendo al presidente en un callejón sin
salida. En este momento es evidente que el presidente del Gobierno está
cometiendo un delito: lo están chantajeando y él no ha denunciando.
¿Puede haber mayor gravedad?
Pero él dice que están chantajeando al Estado de Derecho, no a él.
No,
no, es un chantaje a él. Y si chantajean al Estado de Derecho, el
presidente del Gobierno no puede poner en riesgo al Estado. Está
diciéndome que puede haber la posibilidad de que fracase el Estado de
Derecho. Está en un callejón sin salida.
Coincidió
también este caso con su presencia en el Gobierno de Canarias como
consejero. Usted presentó un recurso contra la licencia de Alcampo en
Telde, no le dio la licencia comercial a Pryca, planteó crear GASCAN e
impulsar las energías renovables, etc.
Estoy convencido que todos aquellos movimientos en el PP no fueron
por el caso de la finca El Tagre. Eso fue la chispa que hace que salte
lo que estaba hirviendo. Los calderos se ponen al fuego y las tapas van
saltando. Con el transcurso del tiempo, tratando de hacer un análisis
objetivo, tengo que decir que la Consejería de Industria, que tenía un
presupuesto ridículo, era una oficina de UNELCO-ENDESA, de CEPSA, de
grandes superficies...de poderes fácticos.
Una de las
empresas canarias que aparece como donantes del PP en 2011 es
Promociones Horneras, del empresario Ambrosio Jiménez, que construyó el
centro comercial Alcampo en Telde, que usted denunció. ¿Qué pasó con su
recurso?
Pues que lo retiró el presidente del Gobierno,
Manuel Hermoso (CC), dentro de sus facultades y sin consultar conmigo,
viendo que iba a seguir el recurso que yo había planteado, porque el
Alcampo de La Mareta, en Telde, quebrantaba la legalidad. El día que
acababa el plazo del recurso vino una funcionaria y me dijo en mi
ausencia, porque estuve en un viaje, se presentó el señor Bonis
(consejero de Presidencia) y dijo que no se iba a presentar el recurso.
¿Las licencias comerciales concedidas a El Corte Inglés y a Pryca vulneraban la Ley de Comercio?
La
de El Corte Inglés no me tocaba a mí. Ahí se da la paradoja que se ha
dado la concesión del parking público al empresario a Antonio Plasencia,
que lo tiene alquilado a El Corte Inglés. Eso está bajo una plaza
pública, el subsuelo es público, y el Ayuntamiento lo ha concesionado.
Sí estaba cuando el tema de Pryca. Es muy sencillo: se rige por la
Ley de Comercio y los criterios de equipamiento comercial. Pedían 19.000
metros cuadrados y solo había la posibilidad para construir unos 5.000
metros cuadrados. Estuvieron casi tres años con un agujero, sin poder
construir.
Al día siguiente de presentar mi dimisión, mi sustituto hizo
unas declaraciones y vi por donde venía. Me presenté al pleno del
Parlamento donde se iba a debatir el asunto y me senté en la parte de
invitados, donde estaba Pablo Matos (actual diputado nacional del PP),
que era concejal de Urbanismo del Ayuntamiento y que me desacreditaba.
Inmediatamente cambiaron la Ley, modificaron los criterios de
equipamiento comercial para que entrara Pryca.
Ahora es Carrefour, el
centro Meridiano. Cuando fui una vez a uno de los cines que hay y vi lo
que han construido, me dije que los 200 millones de pesetas que me
ofrecieron era poquito para lo que es eso.
¿Siendo
consejero de Industria le ofrecieron 200 millones de pesetas, 1,2
millones de euros, por autorizar la licencia comercial a Pryca?
Sí.
Un día me llamó un empresario y quedamos frente a la antigua sede del
partido, en el bar Continental, para tomar un café. Me dijo: mire, esto
lo tiene muy fácil. ¿Quién se va a oponer a esto? ¿Dos, tres, quince
periodistas? Un día. Al segundo día le garantizo a usted que no hay
nadie que escriba nada más y usted se apunta ese tanto. Usted solo me
tiene que decir a quién se lo entrego yo en Madrid. Con lo cual, la
práctica ya era conocida.
No me lo ofrecieron para mí, sino para el partido. Me dijo además que
me tenía por un hombre honrado, que no admitiría nada para mí, pero que
me apuntaba el tanto. Y le respondí: le voy a admitir algo, pague usted
el cortado porque no tengo otra posibilidad que ir a denunciarlo al
juzgado de guardia, pero resulta que no grabo conversaciones y además
tienen escaso valor probatorio.
Y encima me voy a ver en el problema de
que es su palabra contra la mía. Yo digo que la mía es mil veces
superior a la suya. Me levanté y me fui. Ese empresario, llegando un
día al aeropuerto de Madrid-Barajas, en la zona de recogida de
equipajes, me dijo que me iba a presentar una querella porque yo iba
diciendo por ahí que me había ofrecido 200 millones de pesetas. Entonces
le dije en tono alto: sí, resulta que además de sinvergüenza tienes
mala memoria. Y entonces me dijo que era una broma.
Se ha generado una gran polémica por el viaje de Ana Mato a Disneyworld con cargo a la trama Gürtel.
Pero el ministro Soria, siendo presidente del Cabildo de Gran Canaria y
diputado autonómico, viajó a Austria y Noruega (a pescar salmón) en el jet
privado del empresario Bjorn Lyng, propietario de Anfi Tauro (junto al
empresario Santiago Santana Cazorla), un proyecto para construir 3.000
camas hoteleras en el sur de la isla, con la moratoria turística en
vigor. El
señor Soria votó en el Parlamento a favor de declarar de interés general
la urbanización Anfi Tauro (3.000 camas), en sesión presidida por
Gabriel Mato, hermano de la ministra. También dijo
que tramitaría el proyecto hotelero de Meloneras (3.000 camas)
presentado por la empresa Lopesan, que aparece como donante en los
papeles de Bárcenas. Y el señor Soria también ha estado viviendo en un
chalet del empresario Esquível, con intereses en el sector eólico,
pagando sin facturas.
Y el secretario general del PP
en Canarias, el diputado autonómico Manuel Fernández, también era
apoderado de Anfi Tauro y también votó a favor.
¿Todo eso es legal?
Absolutamente ilegal.
¿Por qué la Fiscalía no actuó de oficio?
Pues
porque no existe el Estado de Derecho. El poder ejecutivo no puede
nombrar a un juez. Tiene que haber división de poderes. Sobre el
presidente del Tribunal Constitucional, lo grave es que lo nombra el
poder ejecutivo. Los jueces tienen que elegir quienes los dirigen. Es un
Estado de Derecho absolutamente degenerado.
Entonces, ¿cuando el señor Rajoy dice lo del chantaje al Estado de Derecho?
Está
montado en un Estado de Derecho que no existe. Mandela decía que no
cabe hablar de educación, de derechos sociales, de todos los problemas
que nos afectan como ciudadanos, cuando no hay un Estado de Derecho.
Esto es como hablar de una naranja pero solo existe la cáscara.
¿Cree que el ministro Soria beneficia a las compañías eléctricas en detrimento de las energías renovables?
Absolutamente.
Tengo una cosa muy clara. Luché contra un monopolio amplio y descarado
como es el gas en Canarias. Es negocio de DISA, donde hay
participaciones de muchas empresas y de familias, también canarias.
Igual que existe otra especie de monopolio que, siendo más grande, no se
ha metido en Canarias, como es Repsol.
Se perdía el monopolio de DISA, se creaba GASCAN, donde podían
participar esas empresas (DISA, UNELCO, CEPSA, las Cajas de Ahorro y
ciudadanos). Otra reacción fue de UNELCO, ya que estaban obligados a
cambiar sus centrales térmicas por otras de ciclo combinado. Me viene el
presidente, Ángel Ferrera, y me dice que se han gastado 90.000 millones
de pesetas en las centrales térmicas de Granadilla en Tenerife y Juan
Grande en Gran Canaria.
Existiendo centrales de ciclo combinado en el
mundo prefirieron las térmicas. Pero como tienen un monopolio si sube el
precio del fuel oil...pues se lo tienen que pagar. ¿Y CEPSA? Me llamó
Carlos Pérez Bricio sábados y domingos, estuvo correctísimo. Luego me
dijo que se había arrepentido, porque también podía tener el 25%. Pero
eso suponía que CEPSA, de entrada, dejaba de ganar, de todo el fuel oil
que se produce en Canarias, el 60% que va para el suministro de las
centrales térmicas de UNELCO-ENDESA.
Y en 1998 presenté el
proyecto para abastecer solo de energías renovables a la isla de El
Hierro y convertirlo en un referente mundial, con la planta
desalinizadora también abastecida por energías renovables.
¿Cuándo va a
acabar esa obra? No solo es por UNELCO; es que no les interesa porque es
un modelo que puede servir. En aquel momento nos pusimos los segundos
de España en generación a través de energías renovables y ahora estamos
los últimos." (Público, 22/07/2013)
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