"La continuidad de Alfredo Sáenz como primer ejecutivo
del Banco Santander se ha convertido en una cuestión de Estado. El
Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido modificar la ley
para que la última decisión que tomó su predecesor en el cargo, José
Luis Rodríguez Zapatero, se cumpla en contra, incluso, de una sentencia
del Tribunal Supremo.
Todo comenzó en 1994 cuando se
utilizaron datos falsos para poner a un grupo de empresarios en manos de
la más siniestra red de corrupción judicial descubierta hasta el
momento en España, la que dirigían en Barcelona el juez Lluís Pascual
Estevill y el abogado penalista Juan Piqué Vidal. Los empresarios fueron
encarcelados injustamente y, algunos de ellos, extorsionados por
Estevill.
PP y PSOE se han conjurado para que ni el
marco legal que regula el gobierno de las entidades de crédito ni el
Poder Judicial puedan apartar a Sáenz de su cargo. De hecho, Sáenz ya
debería haber sido destituido después de que el Tribunal Supremo le
condenara a tres meses de arresto y tres de inhabilitación para el
ejercicio de la banca por un delito de acusación y denuncia falsa. Así,
sin especificar que las víctimas de los delitos de Sáenz acabaron en
manos de Estevill.
El Tribunal Supremo confirmó
parcialmente la sentencia emitida un año antes por la Audiencia de
Barcelona, que condenó a Sáenz a seis meses de prisión y seis de
inhabilitación. El procedimiento se inició por una querella presentada
por los empresarios afectados: Pedro Olabarría, los hermanos Juan
Ignacio y Luis Fernando Romero y el hombre de confianza del grupo,
Modesto González Mestres.
La Fiscalía Anticorrupción,
que desarticuló la trama de Estevill y de Piqué, se personó como
acusación contra Sáenz y sus subordinados de Barcelona, que fueron los
encargados de presentar la denuncia falsa contra el grupo de Olabarría y
los hermanos Romero. En ese procedimiento, el representante de la
Fiscalía Anticorrupción fue el fallecido David Martínez Madero, que más
tarde sería nombrado por el Parlament de Catalunya primer director de la
Oficina Antifrau.
Ambos fallos también consideraban
que los principales instigadores de la denuncia falsa contra el grupo de
Olabarría fueron el entonces director general de Banesto para Cataluña y
Baleares, Miguel Ángel Calama, y el abogado del banco, Rafael Jiménez
de Parga, amigo del juez Pascual Estevill.
Una de las empresas de la órbita del grupo de Olabarría y
los Romero, Harry Walker, había suspendido pagos dejando a deber a
Banesto más de 600 millones de pesetas. Banesto pretendía recuperar el
dinero de las cuentas personales de los empresarios. Sáenz fue nombrado
presidente de Banesto el 28 de diciembre de 1993, tras la intervención
de la entidad y la destitución del hasta entonces hombre fuerte de la
entidad, Mario Conde.
El gobernador del Banco de
España, Luis Ángel Rojo, se decidió a intervenir Banesto y destituir a
Conde después de que los servicios de inspección del regulador
constataran un agujero patrimonial en el banco de al menos 300.000
millones de pesetas.
Una cifra que, a día de hoy, tras el dinero público
destinado al rescate de la banca, puede parecer menos alarmante de lo
que parecía en aquel momento. Sin embargo, sin Unión Monetaria y sin el
euro, la cifra ponía realmente en peligro el sistema de pagos español.
Aunque, en buena medida, el colapso de Banesto se debió a las prácticas
corruptas de Conde, especialmente en relación con la creación de la
corporación industrial del banco, la práctica desaparición de los
sistemas de control de riesgo puesta en práctica por el hoy tertuliano
de Intereconomía contribuyeron en gran medida al desequilibrio
patrimonial del banco. Por esa razón, Sáenz dio órdenes en cuanto se
hizo cargo de la presidencia de recuperar los créditos impagados.
La sentencia considera que los instigadores de la denuncia falsa contra
Olabarría y los Romero fueron Calama y Jiménez de Parga. El papel de
Sáenz fue fundamental. No sólo autorizó la operación, sino que pretendía
que los empresarios respondieran de la deuda de Harry Walker con su
patrimonio personal, a pesar de que la estructura societaria lo impedía.
El nuevo presidente de Banesto conocía el estado de cuentas de los
empresarios por el cargo que ocupaba antes de ser elegido por el Banco
de España para rescatar el banco presidido por Conde.
El rescate de Banesto no fue el primero que tuvo que afrontar en su
vida Alfredo Sáenz. En 1982, cuando Banca Catalana suspendió pagos, el
propio Sáenz fue el encargado de reflotar la entidad, que más tarde
acabaría en manos del Banco de Vizcaya. Fue gracias a su cargo en
Catalana que tuvo noticia de las cuentas de Olabarría y los hermanos
Romero, información que, en ningún caso podía utilizar en Banesto.
Durante el juicio, algunos testigos dejaron claro que Banesto contaba
con que la instrucción de la querella falsa cayera en manos del juez
Estevill con el único fin de amedrentar al grupo de empresarios.
Estevill no sólo encarceló a Olabarría, Luis Fernando Romero y Modesto
González, sino que cambió la condición de uno de los testigos, el
fallecido empresario Lorenzo Rosal, a imputado para que le pagara 25
millones de pesetas en concepto de soborno a cambio de no ingresar en
prisión.
Aunque Sáenz fue condenado sólo por acusación y denuncia
falsa, ha quedado claro que es un hombre realmente importante para su
patrón, el presidente y principal accionista de la entidad, Emilio
Botín. Tanto es así, que Botín logró que el último Consejo de Ministros
presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero le indultara
por la condena.
El año pasado le pagó un salario de
8,2 millones de euros, el doble del que cobró él mismo como presidente
del consejo de administración. Y eso que Sáenz se había rebajado sus
emolumentos en un 29%, porque en 2011 cobró en concepto de salario 9,2
millones de euros.
Es el banquero mejor pagado de
España y el quinto del mundo. El próximo 21 de noviembre, Sáenz cumplirá
71 años. Y, aun así, su patrón le considera imprescindible para el
banco.
El Supremo considera que el Gobierno de
Zapatero se extralimitó y anuló parcialmente el indulto. Y acaba de
iniciar los trámites para la inhabilitación de Sáenz que, si la ley se
mantuviera como hasta ahora, no podría reincorporarse al cargo, porque
el Banco de España impide que los ejecutivos bancarios tengan
antecedentes penales.
Y el Supremo ya ha dado instrucciones para que el
nombre de Sáenz sea incluido en el Registro Central de Penados y
Rebeldes. Por eso, el Gobierno de Mariano Rajoy ha convertido en una
prioridad absoluta reformar la ley financiera para
que la condición de honorabilidad de los ejecutivos bancarios sea
discrecional del Banco de España y no dependa de los antecedentes
penales. Una ley elaborada a la medida de Alfredo Sáenz." (eldiario.es, 16/04/2013)
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