"¿Entonces, cuál es el motivo que se den tantos casos de corrupción?
España está viviendo un momento crítico de ruptura de los principios
de la moral y la ética pública en el funcionamiento de las instituciones
y de los propios partidos políticos. No creo que los políticos
españoles sean mejores o peores que los de otros Estados europeos.
En
España hay como una semilla que pervive desde la dictadura que ha hecho
que muchos de los que se dedican a la política crean que el ejercicio de
la función política lleva garantizada la impunidad de cualquier cosa
que hagan, cualquier abuso de poder, cualquier ejercicio de influencia
indebida.
También hay un problema serio con los mecanismos de prevención
y de control que han favorecido que la corrupción haya prosperado tanto
en España. Los partidos políticos no han tenido la regulación y el
control necesario para garantizar un funcionamiento transparente al
servicio del ciudadano, fuera de toda contaminación inmoral contraria a
la ética pública.
Un ejemplo puede ser que órganos de control económico
como el Tribunal de Cuentas estén constituidos por personas que han sido
nombradas por el Congreso de los Diputados y el Senado y por los
propios partidos que tienen que ser fiscalizados. Eso hace que sea un
organismo de relativa eficacia, cuando no, de nula eficacia.
Por otra
parte, por razones internas de organización o por acumulación de
asuntos, ejercen su función con mucho retraso y eso hace que sea un
órgano de control muy deficiente que no tiene la debida eficacia.
También el Tribunal de Cuentas, con independencia de que no tiene la
estructura necesaria para garantizar un control objetivo del
funcionamiento de los partidos políticos y de su financiación, desde
hace varios años no hace más que hacer recomendaciones y recomendaciones
sobre qué habría que hacer para mejorar el funcionamiento de los
partidos, recomendaciones que han sido desatendidas de manera
sistemática por PP y PSOE, y los partidos nacionalistas, CiU y PNV.
Prosiga con su análisis.
Por otro lado, la regulación del sistema de partidos políticos y de
su financiación es nefasta a pesar de la reforma de 2007 y de la reforma
de finales del año pasado. Desde que se restauró la democracia hasta el
año 2007, en España se podían hacer donaciones anónimas a los partidos
políticos, lo que era una fuente inmensa de corrupción.
Por un lado, se
ocultaba la titularidad de quien concedía grandes sumas, como está
viendo ahora en los llamados pápeles de Bárcenas, y por otro no se podía
saber si esos proveedores o donantes de los partidos políticos
(particularmente a PP, CiU y PNV, porque en materia de donaciones
anónimas el PSOE está en una posición muy inferior en cuantía) eran
favorecidos con contratos, adjudicaciones del sector público, con
licencias urbanísticas o con recualificaciones de suelo.
¿Ahora, cuál es la situación?
Ahora, los partidos políticos tienen dos fuentes de financiación, la
que se aprueba en los presupuestos generales del Estado, y la
financiación privada, que se sustenta en dos pilares. Desde el año 2007,
las donaciones no pueden ser anónimas. Quienes hacen las donaciones
tienen que ser personas físicas o jurídicas identificadas.
Otro pilar de
la financiación privada de los partidos son los créditos que otorgan
las entidades financieras, es decir el endeudamiento financiero de los
partidos políticos. Ante estos dos pilares, la conclusión no puede ser
otra que se trata de una situación que aboca a la corrupción.
Por un
lado, está el problema del endeudamiento financiero. Hay análisis del
Tribunal de Cuentas que estremecen hasta qué punto ha llegado el
endeudamiento de determinados partidos políticos y como se ha estado
permitiendo y aún se permite que las entidades financieras condonen las
deudas o los intereses de los préstamos que otorgan a los partidos.
Eso
crea una subordinación más que evidente de los partidos políticos hacia
las entidades financieras. Por ahí pasan todos los partidos en mayor o
menor cuantía. Por otra parte, admitir la financiación a través de
donaciones a fundaciones o asociaciones vinculadas a los partidos no es
más que una forma tramposa de seguir financiando a los partidos.
Las
fundaciones o asociaciones, por más que no sean el propio partido, han
sido creadas por estos y están dirigidas por ellos de manera totalmente
controlada.
¿Cuál es el coste de la política en España?
La política se ha convertido en una actividad que presupone un alto
coste económico. Algunos actos electorales han costado 200.000, 300.000 o
400.000 euros. En el momento que vivimos, desde un punto de vista
económico y social me parece un escarnio. Nadie ha tomado cartas en el
asunto para conseguir rebajar los costes de la política.
Se puede, por
ejemplo, concentrar la campaña electoral en una semana, centrarla en las
redes sociales, en las teles públicas y privadas, con controles
rigurosos, y nada más. El coste económico de la política en España ha
representado un despilfarro gigantesco que estamos pagando todos los
ciudadanos, en parte a través de las subvenciones públicas que reciben, y
en parte porque los partidos se están convirtiendo en rehenes de la
grandes entidades financieras que otorgan unos créditos que van
destinados a costear unos actos y campañas que cuestan miles de euros.
Todo eso conduce a una situación en la que los partidos están
funcionando y están controlados en función del interés económico con que
tienen que afrontar la siguiente campaña. Los jueces y tribunales
tenían que haber actuado en este ámbito desde el principio con mucha
mayor eficacia.
No creo que sea una falta de mecanismos penales. Pienso
que hay una utilización demasiado moderada de los mecanismos legales
cuando se trata de dar respuestas a la corrupción, especialmente a la
corrupción política." (...)
Fue fiscal anticorrupción del 1995 al 2003, ¿cuál fue el detonante de su cese?
Hubo muchos conflictos con el fiscal general de entonces que era un
hombre muy estrechamente vinculado al PP y con los ministros de Justicia
que si no me equivoco fueron Ángel Acebes y, sobre todo, José Maria
Michavila.
Pero los detonantes fundamentales fueron la oposición inicial
a que la Fiscalía Anticorrupción interpusiera una querella contra César
Alierta por el caso de la operación en bolsa. El proceso salió adelante
porque hubo una asociación de usuarios, Adicae, que interpuso una
denuncia y luego la fiscalía se incorporó cuando el proceso ya estaba
abierto.
Otro punto de conflicto fue la negativa del fiscal general a
investigar el proceso contra el entonces ministro de Industria Josep
Piqué por el famoso tema de la venta Ertoil. Allí hubo una actitud
cerrada para que no avanzáramos en la investigación como se había
acordado.
Incluso cuando la junta de fiscales de salas del Tribunal
Supremo, de la que no formaba parte, acordó por mayoría absoluta la
imputación, se tenía que tomar declaración como imputado a Josep Piqué, a
lo que el fiscal general se negó rotundamente. Otro tema fue la
declaración como imputado de Berlusconi por el famoso fraude fiscal en
Tele 5. Había muchos conflictos.
Pero lo que terminó de hacer rebosar el
vaso fue el intento de la fiscalía de abrir una investigación y
presentar una querella por el famoso caso del tamayazo de la
Asamblea de Madrid. Esa fue la última decisión para acabar con esta
fiscalía.
Teníamos acumulados elementos importantes de carácter
económico, societario, para haber abierto una investigación en serio,
cosa que hizo el PSOE, pero creo que la querella que planteó estaba
equivocada y fue rechazada." (Entrevista al exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, Attac Madrid, 09/04/2013)
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