Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat, en la cima del Aneto en
1999, con sus hijos Pere (izquierda), Jordi y Oriol (con gafas)
“Tu casa será fotografiada del derecho y del revés; el portero,
interrogado sobre cuándo entras y cuándo sales; buscarán quién ha puesto
las plantas en tu balcón, si es que las tienes, y en el registro todo
lo que puedas tener será mirado, remirado y registrado”.
En 1995, Jordi Pujol
relevó a su consejero de Política Territorial, Jaume Roma, al
desvelarse irregularidades en la adjudicación de unas obras. Le
sustituyó Artur Mas, entonces desconocido, quien en su toma de posesión recibió esa advertencia, contundente, del presidente de la Generalitat.
Pujol ya se lamentaba en aquella época de que se publicaran
informaciones sobre los negocios y las actividades empresariales de sus
hijos al amparo y la influencia del poder que él tenía. En los 23 años
de pujolismo fueron constantes las adjudicaciones públicas a las
empresas de los hijos del presidente y estos pudieron tejer numerosas
relaciones empresariales.
Son casos que siempre estuvieron bajo sospecha política y hasta
judicial, pero nunca acabaron en juicio. Desprendían “aromas de
corrupción”, una frase acuñada por el entonces fiscal general del
Estado, Eligio Hernández, para referirse a unos créditos concedidos por
la Generalitat que no consideró delictivos.
Ahora, Oriol Pujol, puede ser el primero de los siete hermanos que acabe imputado por el caso de las ITV
y, en esta ocasión, parece que existen indicios evidentes de que se
traspasó la línea del Código Penal que tipifica el tráfico de
influencias.
Esas revelaciones sobre los negocios familiares constituían “un daño
al país”, decía Jordi Pujol, con esa idea patrimonialista del poder que
le caracterizó y que asimilaba el interés personal y de su partido al de
Cataluña.
Han transcurrido ya 18 años del consejo que el expresidente
de la Generalitat le dio a Mas cuando tomó posesión y estos días vuelve a
ser noticia el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, a raíz de una denuncia de su exnovia por unos negocios y actividades presuntamente ilícitos.
El primer contrato público suculento que le benefició data de 1991,
cuando se adjudicó a la sociedad Natural Stone por 100 millones de
pesetas (unos 600.000 euros) el suministro de 100.000 metros cuadrados
de mármol para alicatar paredes y suelos del aeropuerto de Barcelona.
Una filial, Natural Stone Marketing Centre, tenía como socio y
vicepresidente a Jordi Pujol Ferrusola en el momento de la adjudicación y
Mercè Gironés, su esposa, era la administradora única.
El apoderado era
Jordi Puig, con el que durante años ha seguido manteniendo vínculos
empresariales. Es el hermano de Felip Puig,
actual consejero de Empresa y Ocupación de la Generalitat y que formó
parte de dos Gobiernos de CiU de 1999 a 2003, con Jordi Pujol. Los
mármoles colocados en el suelo fueron sustituidos diez años después a
causa de su mala calidad.
En la última década, Jordi Pujol Ferrusola había centrado su
actividad empresarial en México, coincidiendo con los siete años en que
gobernó la izquierda en la Generalitat (de finales de 2003 a finales de
2010). A partir de entonces, el primogénito ha reaparecido en Barcelona
con sus negocios.
Hace apenas dos meses, el pasado 8 de noviembre, fue
nombrado administrador único de Active Traslation SL. Esta sociedad
estaba dedicada hasta 2002 a la traducción e interpretación. En 2006
trasladó su sede de Madrid a la calle Ganduxer de Barcelona y modificó
su objeto social por el de “operaciones sobre inmuebles en general,
compraventa, administración y explotación de valores mobiliarios con o
sin cotización en mercados secundarios”. Su esposa había sido la
presidenta de la sociedad durante un tiempo y el hermano de esta, el
secretario.
En los años en que Jordi iniciaba su andadura como empresario, su
hermano Oriol se estrenaba en política. Es el único de la familia que ha
seguido esa senda. En 1993 Oriol fue nombrado jefe del gabinete técnico
del departamento de la Presidencia de la Generalitat que ocupaba su
padre; más tarde pasó por varias direcciones generales en la
Administración autonómica; después fue concejal en el Ayuntamiento de
Barcelona y en 2000 regresó a la Generalitat como secretario general del
departamento de Industria.
Quien le nombró fue su tío segundo, el
consejero Antoni Subirà, y Oriol Pujol estuvo en el cargo hasta 2003.
Antes que él había ocupado el cargo Joaquim Pujol i Figa, primo del
presidente de la Generalitat y que falleció en 2004.
De aquella época de Oriol Pujol en Industria arrancan las relaciones
que luego cultivó con algunos empresarios y que supuestamente le
llevaron a mediar en el caso de las empresas de ITV para amañar un
concurso público. Él lo niega todo y, como ya hiciera el patriarca de la
familia, considera que la investigación judicial contra él constituye
un ataque a Cataluña.
Al margen de las consecuencias políticas del caso, si se produce la
imputación de Oriol Pujol, sería la primera vez que un miembro de la
familia tenga que rendir cuentas ante la justicia después de que en 1986
fuera exculpado el presidente de la Generalitat por el caso Banca Catalana.
Ese asunto todavía le saca de sus casillas, pero la fundación de
aquella entidad bancaria le sirvió para tejer las complicidades con los
sectores económicos de las que han estado viviendo y aún viven sus
hijos. “A mí mismo hace tiempo que me lo miraron todo y me lo
fotografiaron todo sin encontrar nada”, dijo Pujol en 1995 a los
periodistas para proclamar su inocencia.
En la época en que Oriol Pujol fue un alto cargo de Industria se
produjo también el desmantelamiento de la empresa Lear, una
multinacional norteamericana radicada en Cerevera (Lleida) y dedicada a
la fabricación de componentes eléctricos para automóviles, que dejó en
la calle a 1.200 trabajadores después de beneficiarse de numerosas
ayudas públicas.
La consultora que asesoró el desmantelamiento fue Europraxis. Uno de
sus consejeros era Josep Pujol Ferrusola, el quinto de los hermanos.
Diez años después, sigue en esa consultora (como apoderado desde 2010),
con un capital declarado de 18 millones de euros.
Anteriormente, Josep Pujol había sido consejero de Agrupació Mútua,
una de las aseguradoras privadas más importantes de España. Quien le
nombró fue Josep Lluis Vilaseca, secretario general de Deportes de la
Generalitat durante muchos años con Jordi Pujol y actual vicepresidente
de la entidad. La relación del expresidente de la Generalitat con
Vilaseca viene de los tiempos de Banca Catalana. Ambos compartieron
imputación en aquel proceso. (...)
La empresa de Pere Pujol, el cuarto de los hermanos, también se
benefició de adjudicaciones de la Generalitat en 2000 y 2001 por un
importe de 190.888 euros. El encargo se realizó a la empresa Entorn
Enginyeria i Serveis, cuyo gerente era Pere Pujol.
La sociedad estuvo
presidida por Carles Sumarroca, un empresario íntimo del expresidente de
la Generalitat. Su esposa, Marta Ferrusola, y la de Sumarroca
constituyeron en su día la sociedad Hidroplant, dedicada a la
jardinería. Entre sus clientes tuvo al FC Barcelona y se benefició de
varias adjudicaciones del puerto de Barcelona.
La segunda hija del matrimonio, Marta Pujol, arquitecta de profesión,
también figuraba en esa sociedad y también recibió adjudicaciones
directas de la Generalitat, que nunca se esclarecieron pese a las
peticiones de la oposición socialista.
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