"Los respetables hombres de negocio se reunían la mayoría de las veces
en los congresos de la federación profesional de electrónica en
Fráncfort. Allí realizaban exposiciones sobre los nuevos mercados, las
nuevas tecnologías y sobre cualquier otra novedad del sector de los
transformadores, esos grandes aparatos compuestos de imanes y bobinas,
indispensables para cualquier proveedor de electricidad.
Pero tras el
cierre del programa oficial del congreso es cuando las cosas se ponían
realmente interesantes, durante veladas o excursiones en grupo.
Entonces, los directores generales y los responsables de ventas se
reunían en "petit comité", según determinaron los investigadores, para
realizar "intercambios sobre proyectos concretos", con los que
obtendrían jugosos beneficios.
Pactaban acuerdos que garantizaba a
pseudo-competidores una serie de beneficios complementarios del orden de
decenas de millones. Los participantes presentes acordaban en detalle
la forma de compartir los contratos y, sobre todo, los precios que se
iban a aplicar.
Los funcionarios de la Oficina Federal de la Competencia en Bonn
descubrieron que, durante al menos cinco años, el grupo Siemens, la
empresa Starkstrom-Gerätebau de Ratisbona, el francés Alstom y el
gigante suizo de la electricidad ABB se dividieron el mercado alemán de
los transformadores, eliminando de este modo cualquier tipo de
competencia, en detrimento de los consumidores, pues éstos pagaron
considerablemente más que si los proveedores hubieran operado en una
situación de competencia. La investigación de la policía sobre los
cárteles duró cuatro años y el resultado fue, el pasado mes de
septiembre, una serie de sanciones financieras.
En total, las cuatro
empresas y los directivos implicados tuvieron que pagar 24,3 millones de
euros de multa al Tesoro público.
Pero nada más. Nadie ha tenido que responder de sus actos ante un
tribunal. Ni siquiera se ha señalado a ninguna de las partes implicadas.
Más allá de algunas noticias breves, los medios de comunicación no se
han hecho mucho eco del asunto.
Casi siempre ocurre lo mismo cuando se descubren cárteles en Europa.
Cada año, las autoridades responsables de la competencia investigan a
cientos de empresas que burlan la prohibición de formar cárteles. Café,
productos para lavar vajillas, cemento y productos químicos, pantallas
planas y lectores de DVD, cristales y haces eléctricos para automóviles,
incluso los camiones de bomberos y los camarones, la lista de los
sectores implicados es casi infinita.
En realidad, el coste de la plaga de los cárteles es mucho mayor de
lo que se cree en general. Según han podido determinar las autoridades
de la competencia, los cárteles inflaban los precios de sus productos
una media del 25%, con lo que en cuestión de cuatro años podían acumular
una bonificación equivalente a su volumen de negocio anual. Como es
evidente, es imposible conocer las cifras exactas.
Después de todo, los
cárteles son "hijos de las tinieblas", como dijo Franz Jürgen Säcker,
antiguo juez especializado en cárteles y hoy uno de los grandes
especialistas del derecho de la competencia en la Universidad Libre de
Berlín.
No obstante, desde 2007, un equipo compuesto por nueve economistas de
tres institutos de investigación europeos cuantificaba las pérdidas
imputables a los cárteles europeos en más de 260.000 millones de euros
al año, en un estudio encargado por la Comisión Europea. Una cifra que
equivale al 2,3% del PIB anual de la Unión o al doble del presupuesto
anual de la Comisión Europea. (...)
Las cifras de la reincidencia no contribuyen a disipar las dudas. Un
grupo de economistas estadounidenses han analizado los casos de 283
trusts internacionales. Sus conclusiones son asombrosas. Solo el grupo
químico alemán BASF habría formado parte de 26 cárteles entre 1990 y
2005. En cuanto al petrolero francés Total, fue perseguido por la
justicia en 18 ocasiones y la [empresa química] alemana Degussa, 13
veces.
No se puede acusar a los cazadores de cárteles de falta de celo.
Desde principios de 2010, la Comisión Europa investigó 15 importantes
casos en los que 112 empresas fueron condenadas a pagar multas cuya
cantidad total fue de casi cuatro mil millones de euros. Es decir, en
tres años, cuatro veces más de lo que se pagó durante toda la década de
los noventa.
Sin embargo, las causas de esta escalada en las multas no residen en
la adaptación de las autoridades competentes, sino más bien en la
introducción de unas normativas generosas con respecto a los testigos
principales.
Desde 2004, las empresas y los directivos que denuncien las
actividades de los cárteles y presenten las pruebas necesarias ante la
Comisión Europea no incurrirán en ninguna multa, aunque hayan sido en el
pasado los principales beneficiaros de los cárteles.
A esto se añade que las sanciones financieras se limitan como máximo
al 10% de la cifra de negocios. Un chollo, tal y como lo demuestra el
asunto del cártel de las empresas de cemento alemanas, descubierto en
2002.
Según los cálculos de la autoridad de la competencia, habría
expoliado a sus clientes cerca de 2.000 millones de euros. En cambio,
las empresas incriminadas no tuvieron que pagar más de 400 millones de
euros en sanciones. (...)
Aunque causan grandes estragos, los trusts pagan multas dignas de
infractores de normas de tráfico. Sus artimañas se consideran simples
infracciones. El resultado es que a ninguno de los autores se le
considera personalmente responsable ante la justicia. La mayoría de las
veces, la opinión pública ni siquiera conoce sus nombres.
En Estados Unidos, la situación es totalmente distinta. Allí, la
pertenencia a un cártel desde hace tiempo se castiga con penas de
prisión. En 2004, la pena máxima se prolongó a diez años de prisión.
Irlanda y Gran Bretaña han adoptado el modelo estadounidense. Pero la
República Federal no quiere ni oír hablar del asunto." (Presseurop,5 diciembre 2012,
Der Tagesspiegel
Berlín)
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