El juez atribuye a Lluís Prenafeta y a Macià Alavedra haber percibido al menos 637.590 euros cada uno por operaciones inmobiliarias en Sant Andreu de Llavaneres (Opeación Niesma) y en Badalona, "no excluyéndose otras cantidades", según el auto del juez. Alavedra, además, dispone de cantidades fuera de España y ha desarrollado "actividades de blanqueo de capitales".
Los empresarios imputados -Lluís Casamitjana, presidente del grupo Espais, y el de Proinosa, Josep Singlá- podrán eludir la prisión si pagan antes de las 13.00 horas del lunes una fianza de 500.000 euros. Manuel Carrillo, consejero delegado de Limasa, quedó en libertad tras aducir que no tenía nada que ver con la trama, aunque el juez decretó para él una fianza de 100.000 euros. Para el gerente de Servicios del Ayuntamiento de Santa Coloma, Pascual Vela, decretó una fianza de 25.000 euros. (...)
El auto de Garzón constata la existencia de un grupo organizado de personas en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, con ramificaciones en otras localidades de Cataluña, de Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal y en las Islas Madeira y Caimán. Utilizaban estos lugares para labores de blanqueo del dinero obtenido de la actividad principal de algunos miembros de este grupo en España por la adquisición de importantes obras de arte.
Las actividades principales del grupo consistieron, según Garzón, en lograr modificaciones de los planes de ordenación urbana, el cobro de comisiones, cohecho, fraude a la hacienda pública, fraude en las subvenciones de la Unión Europea, exacciones ilegales y tráfico de influencias entre los componentes del grupo, aprovechando los cargos institucionales de unos, la posición y contactos políticos de otros y la actividad empresarial de los demás. (...)
Tanto Prenafeta como Macià Alavedra utilizaron sus contactos con organismos oficiales para facilitar los proyectos empresariales representados por Lluís Casamitjana, que les paga comisiones a través de su empresa Espais, procediendo al blanqueo de las mismas. La actividad de contactos con autoridades y cargos públicos para obtener beneficios y proyectos para la empresa de Casamitjana ha continuado hasta la actualidad, en particular respecto de un edificio para la Generalitat de Cataluña y una promoción en Cerdanyola del Vallés.
Luis García, Luigi, el principal responsable de la trama, se erigió en una especie de "consejero" que decidía e impartía las decisiones en el Ayuntamiento de Santa Coloma. Por sus actividades de intermediación y de influencia sobre el alcalde, Bartomeu Muñoz, habría percibido al menos 8.026.000 euros por las operaciones inmobiliarias, entre 2001 y 2007, denominadas Pallaresa, Niesma y Badalona." (El País, ed. Galicia, España, 31/10/2009, p. 10)
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