El auto judicial describe con detalle la forma de actuar de la trama con el objetivo de conseguir de forma fraudulenta los permisos para comercializar unos plaguicidas sospechosos. Los imputados, "puestos de común acuerdo y con ánimo de lucro", habrían "falsificado cuños, análisis químicos, sellos y firmas" de productos fitosanitarios y los habrían presentado "a sabiendas de su falsedad" ante el Ministerio de Agricultura, "con el fin de agilizar y obtener las autorizaciones" de diversos plaguicidas "procedentes de una empresa asiática que no reunían los requisitos legales para su comercialización" en España.
La juez dice que "las falsificaciones fueron encargadas" por las ex esposas de Carlos Fabra y de Vicente Vilar, el empresario que posteriormente denunció a Fabra por cobrarle comisiones millonarias a cambio de sus gestiones en los ministerios de Agricultura y Sanidad para legalizar los fitosanitarios que fabricaba. Las dos mujeres habrían realizado esas gestiones a través de la empresa Artemis 2000, cuya propiedad compartían al 50%, aunque Vilar aseguró en su día que, en realidad, él y Fabra eran los dueños la firma y tomaban las decisiones.
La juez explica que esas falsificaciones fueron "realizadas materialmente por Hadmi El Azouzi y Mohamed Chakir", mientras que "los sellos fueron falsificados y vendidos por Manuel Martínez Martí", propietario de una imprenta en Castellón, y "remitidos a través de Carlos Fabra" al entonces subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, ya fallecido, que a su vez los enviaba al director adjunto de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, Domingo Cadahía, para su legalización." (El País, ed. Galicia, España, 12/05/2009, p. 10)
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