"Los odiosos ocho. Ese es el nombre en clave con el que Justo Rodríguez Braga y la antigua dirección de UGT asturiana llaman a Pablo Álvarez y el resto de ex sindicalistas que desde 2013 fueron sacando a la luz la corrupción y los trapos sucios en un sindicato que ha sido condenado esta semana por usar el dinero público de los cursos de formación para financiar las estructuras y los sueldos de sus altos cargos.
Al principio eran más en el grupo. Luego las presiones fueron haciendo efecto hasta quedar en ocho irreductibles. Un selecto club al que pertenecer trae muchos inconvenientes y muy pocas ventajas. Parte del grupo se ha tenido que buscar la vida fuera de Asturies ante las puertas que sistemáticamente se les han ido cerrando en la región.
Pablo Álvarez (Llangréu, 1974), su rostro más visible, diplomado en magisterio, técnico en prevención de riesgos laborales y soldador con una larga trayectoria, sabe de lo que habla. Desde que decidió enfrentarse al que había sido su sindicato, las cosas no han sido fáciles para él ni en lo laboral ni en lo personal. Asturies es una región muy cableada, como decía una vez el periodista Xuan Cándano en la revista Atlántica XXII, y la UGT, incluso en horas bajas, sigue manejando muchos de esos cables subtérraneos. Su último empleo fue en los talleres de ADIF. Ahora está otra vez en el desempleo.
Hijo de un trabajador de Duro Felguera afiliado a la UGT, Álvarez no procede en todo caso de una de esas largas dinastías ugetistas de las cuencas mineras asturianas. De hecho, su madre estuvo en CCOO. Al sindicato socialista llegó muy joven, casi por casualidad. Cuando entró a trabajar en la Duro le pareció que era el mejor lugar para defender los derechos laborales en el taller.
A principios del siglo XXI despega como joven cuadro sindical. La UGT quiere potenciar su ala juvenil, y además de delegado, coordina Alcuentru, la asociación de jóvenes trabajadores del metal afiliados al sindicato. Se mueve por congresos en toda España y empieza a ver cosas que le parecen excesivas: “Íbamos con todos los gastos pagados, a hoteles buenos, nos hacían regalos caros y a veces hasta nos daban dietas por desplazamiento”. No era lo único. “La idea de Justo era que el sueldo de un secretario general de la UGT debía igualarse al de un director general del Principado, 3.000 o 4.000 euros” apunta Pablo, que junto a otros compañeros y compañeras comienza a darse cuenta que “había cosas que no cuadraban, actos que no se hacían pero por los que se cobraban subvenciones y en general un nivel de gasto muy alto”. Junto a otros compañeros comienzan a conformar un sector crítico con este tipo de prácticas que están viendo.
La crisis se estaba gestando, pero terminaría de llegar con el estallido de un conflicto laboral en Duro Felguera. La empresa decide cerrar sus históricas instalaciones en Barros y trasladar toda la producción al Tallerón de Xixón. Lo acompaña además un ERE que no tenía justificación económica. Pablo se pone enfrente. Desde la dirección de UGT le dan el toque y le presionan para que firme una acuerdo con la empresa. “Me dijeron que no me preocupara por mi futuro, que ya me encontrarían algo” señala Álvarez, que en ese momento comienza a denunciar en redes sociales las presiones que está sufriendo por parte de la dirección ugetista. Le expulsan del sindicato.
Demanda a la UGT y gana. Le readmiten, y acto seguido abandona el sindicato. Su vida laboral no va a ser fácil a partir de entonces. En 2016 recibe una llamada de la UCO de la Guardia Civil. Están investigando al sindicato por una presunta trama para el desvío de fondos públicos. Quieren hablar con él. El resto es conocido y acaba de resolverse esta semana con la condena a Justo Rodríguez Braga y otros cinco dirigentes, así como al propio sindicato a una multa de 122.000 euros e inhabilitación para pedir subvenciones durante cuatro años.
Álvarez, que en la actualidad es militante de IU y concejal de la coalición Xuníes por Llangréu, está satisfecho con la sentencia. Junto al Observatorio Ciudanano contra la Corrupción
ha acompañado un proceso judicial con un final histórico. Meterse en
esto le ha costado muchos disgustos, pero considera que ha mercido la
pena dar la batalla “por dignidad y por honradez”. También para
diferenciar entre corrupción y sindicalismo: “Los sindicatos son la
principal defensa de la clase trabajadora. Sigo creyendo en el
sindicalismo a muerte”. (Diego díaz alonso, Nortes, 03/12/21)
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