Con esta iniciativa, García Castellón, titular del juzgado Central de Instrucción 6, deja a un paso del banquillo a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior cuando se desarrolló Kitchen —entre julio de 2013 y julio de 2015—, a su número dos, Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, y a parte de la cúpula policial de entonces: desde el director adjunto operativo del cuerpo, el comisario Eugenio Pino, hasta el también comisario José Manuel Villarejo, imputado en una treintena de investigaciones donde se le acusa de dirigir una mafia policial que delinquió para favorecer a particulares, empresarios y al PP. En total, según el auto, procesa a 11 personas por el espionaje a Luis Bárcenas (entre ellos, seis comisarios).
El magistrado también señala entre los supuestos culpables al comisario Andrés Gómez Gordo, asesor durante años de Cospedal en su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha. Sin embargo, la ex secretaria general del PP y exministra de Defensa evita, de momento, el banquillo. A través del mismo auto de procesamiento, contra el que cabe recurso, el juez archiva la causa abierta contra ella y su marido, Ignacio López del Hierro. Este empresario, al igual que Cospedal, mantuvo un contacto permanente con el comisario Villarejo, que le contaba detalles de investigaciones abiertas que se encontraban secretas y que, incluso, desconocía el entonces juez instructor.
García-Castellón descarta la implicación del matrimonio en la trama y resta valor a sus sucesivos encuentros con el comisario: “No se puede criminalizar el derecho de reunión”. “La imputación a ambos investigados de una participación intelectual no deja de ser resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones”, reprocha a las acusaciones el juez, que también hace hincapié en que no se ha acreditado “la entrega de dinero alguno por nadie del entorno” de la pareja, como sospecha Anticorrupción y recogen las agendas de Villarejo. Por ello, el instructor también desimputa a José Luis Ortiz, antiguo jefe de Gabinete de Cospedal.
Sin embargo, de cara a un futuro juicio, la diana no asciende finalmente más allá de Interior y de la policía, según el auto de procesamiento dictado este jueves. García-Castellón da por finalizada la instrucción, pese a que la Fiscalía, la Abogacía del Estado, los perjudicados, las acusaciones populares y varias defensas pidieron que se prolongara seis meses más. Es más, Anticorrupción había solicitado hace apenas 13 días que se interrogara como imputado a Ignacio Cosidó, exdirector general del cuerpo y exportavoz del PP en el Senado, ante “la posible implicación de [más] responsables políticos y gubernamentales en la ideación, puesta en marcha, desarrollo y control de esta ilícita operación policial”. Pero el juez considera esa citación como “innecesaria e inutil” por falta de indicios contra él.
El magistrado también rechaza indagar sobre las últimas declaraciones de Villarejo, que aseguró que informaba a Rajoy de Kitchen a través de mensajes de móvil. “Ninguna diligencia que se ha practicado hasta el momento permite sostener que tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro”, recalca el juez en su auto, donde añade: “Desde la experiencia de más de cuarenta años de ejercicio profesional de este instructor, no resulta desconocido que un investigado, que acapara una enorme atención mediática, trate de buscar conexiones con toda clase de personajes, hechos históricos o acontecimientos, en un afán desmedido por ganar notoriedad y repercusión, pero el derecho procesal y la seriedad del juicio penal están por encima de este tipo de frivolidades”.
El procesamiento ha coincidido con una comparecencia pública de Pablo Casado, que ha marcado distancias con el exministro del Interior, pero ha defendido a Cospedal, que lo apoyó en su carrera por la presidencia del PP frente a Soraya Sáenz de Santamaría: “Fernández Díaz está suspendido de militancia. También el juez ha dicho que la ex secretaria general, María Dolores de Cospedal, no tiene ninguna responsabilidad y creo que debería llevar a una reflexión a los partidos que decían que no hacíamos nada contra una persona que hoy [por este jueves] se ha visto que es inocente”.
El papel de Villarejo y García Castaño
El juez Manuel García-Castellón atribuye a los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño un papel especial. Ambos fueron los encargados de captar al chófer de Luis Bárcenas como confidente y querían hacerse con información del extesorero. Pero, según el juez, no tenían la intención de facilitársela después a los superiores que le habían encargado la operación: "La finalidad que guiaba tanto a Villarejo como a García Castaño sería realmente la de incautar y mantener dicha documentación en su poder para poder obtener algún tipo de beneficio personal, extorsionando o presionando con la misma a cargos públicos o responsables del Ministerio del Interior, o bien simplemente con la finalidad de preservar sus respectivos cargos en la cúpula policial y la impunidad en las actividades ilícitas que, presuntamente, venían desarrollando de forma paralela". (J. J. Gálvez, El País, 30/07/21)
"El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, si sitúa en "el vértice de la cadena" que ordenó la puesta en marcha de la operación Kitchen, un "operativo ilegal" que robó información comprometedora para el Partido Popular a quien fuese el máximo guardián de sus finanzas durante lustros: el extesorero Luis Bárcenas.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que ha cerrado la fase de investigación del caso situando a un paso del banquillo al exministro junto a parte de su cúpula política y policial, considera "solventemente constatado" la intervención de "los máximos responsables gubernativos del Ministerio" en la operación "parapolicial".
El que fuera hombre fuerte de Mariano Rajoy en el Consejo de Ministros ha pasado de "conocer de dos veces, dos minutos" al excomisario Villarejo —epicentro de la trama por la que la Audiencia Nacional investiga sus turbios negocios— a estar imputado desde el pasado mes de septiembre. Y ahora, al borde del banquillo de los acusados junto a otras diez implicados en el espionaje a Bárcenas. Estas son las claves de la caída de Jorge Fernández Díaz, el hombre que hacía una gestión y "la Fiscalía te lo afina".
El juez relata en su auto que Jorge Fernández Díaz "abusó" de sus funciones y aún sabiendo de la "ilicitud" de los hechos puso en marcha —con el resto de su cúpula política y policial— en marcha en 2013. Así, instó a su exnúmero dos —primero jefe de Gabinete y luego Secretario de Estado de Seguridad— Francisco Martínez a que orquestara "una misión" encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en poder del referido del extesorero. En estos años el Partido Popular vivía ya su guerra particular por los escándalos de corrupción que salpicaban a los de Génova, 13.
La captación del chófer . El topo de la trama acabaría implicando al ministro
La operación comenzó, según señala García Castellón, por captar a un colaborador, cercano a la familia Bárcenas, "capaz de facilitar la información y el acceso a la documentación que se estaba buscando". La persona elegida fue Sergio Ríos, quien desde principios de febrero de 2013 era el chófer del matrimonio Bárcenas: una persona de máxima confianza del entorno familiar. A cambio, desde el Ministerio —con cargo a los fondos reservados— se le entregarían 2.000 euros al mes, además de una plaza en la Policía Nacional una vez finalizada la operación.
En la captación del chófer jugaron un papel fundamental los comisario Enrique García Castaño y José Manuel Villarejo. Según Ríos, estos dos policías le comentaron que despachaban habitualmente con el exministro Fernández Díaz, que entraban en el Ministerio "del tirón" sin tan siquiera identificarse. Estas declaraciones del chófer ante García Castellón cercaron aún más al extitular de Interior.
Los sms con su exnúmero dos que siempre negó . "Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info"
Hay cuatro sms que guardaba su exnúmero dos como oro en paño. Esos mensajes fueron protocolizados ante notario después de que Martínez —viendo una entrevista del ministro por televisión— se sintiese completamente abandonado. Ahí comenzó la guerra entre ambos. Fernández Díaz siempre ha negado esos mensajes, pero el juez instructor le da gran valor a ese cruce de mensajes, tal y como queda reflejado en el auto de procesamiento al que ha tenido acceso La Vanguardia.
El 13 de junio de 2013 a las 20:29 horas "Chófer B: Sergio Ríos (ahora hace esa función con su mujer)". Tan sólo nueve minutos antes, Fernández Díaz le había mandado un mensaje con un "es importante". Dos mensajes que corroborarían que el extitular de Interior conocía quién era el topo de Kitchen antes de que el escándalo saltase a la prensa, tal y como él reconoció en sede judicial. Hay otros dos mensajes de gran relevancia. En uno responde a Martínez: "Yo lo tendré [en referencia a un contacto del CNI] al acabar el Consejo, así hemos [sic] kedado. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info..."
El sonado cara a cara . "Me has llamado idiota integral"
El momento más tenso —que haya trascendido— entre Fernández Díaz y Martínez fue el careo vivido durante la fase de instrucción en la Audiencia Nacional. El exministro intentó de hacer ese cortafuegos que le separase —y de paso, también al Partido Popular— de la trama Kitchen: que todo quedase en la Secretaria de Estado. “Me llamas idiota integral porque yo no gestionaba los fondos. Me has llamado cabrón, hijo de puta, miserable, bobo, con distintas personas, con mandos policiales”, le llegó a espetar el exministro.
Aquel careo —en el que los cuchillos sobrevolaron— duró dos horas. Después cada no se fue por su sitio, cabizbajos y agotados. Fuentes jurídicas explicaron a este periódico que lo ocurrido no favoreció a ninguno de los dos. La situación procesal para ambos, después de este enfrentamiento propiciado por el juez, se quedó igual que estaba: imputados.
La salvación de Cospedal deja todo en Interior. El magistrado acota el plan de espionaje al Ministerio sin salpicar directamente a Génova
El 2 de junio el juez imputó —tras pedirlo la Fiscalía— por cohecho, malversación y revelación de secretos a la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Por los mismo presuntos delitos también a su marido. El magistrado recogía en un auto que había acumulado los indicios suficientes para que declarasen en calidad de investigados porque la Kitchen pudo nacer en la sede nacional de los populares. Este movimiento, a priori, pudo beneficiar al exministro al diluirse las responsabilidades.
Sin embargo, tras escucharlos declarar —en una
sesión en la que negaron todo— García Castellón ha decidido
desimputarlos, mandando de nuevo todo el balón al tejado de Interior.
"La imputación a ambos investigados de una participación intelectual no
deja de ser resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en
indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones”, dicta
el instructor dos meses después de imputarlos." (Joaquín Vera, La Vanguardia, 30/07/21)
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