"La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha entregado al juez Santiago Pedraz, que instruye en la Audiencia Nacional la investigación sobre las donaciones de empresarios a la caja b del PP a cambio de la adjudicación de contratos públicos, un amplio informe donde documenta decenas de irregularidades que provocaron sobrecostes millonarios en buena parte de 23 contratos concedidos durante el segundo mandato de José María Aznar (2000-2004) a Constructora Hispánica.
El entonces presidente de esta empresa, Alfonso García Pozuelo, realizó al menos nueve entregas por un total de 258.000 euros a la contabilidad extraoficial del partido que el extesorero Luis Bárcenas llevaba de su puño y letra, y que quedó reflejada en los papeles de Bárcenas. Durante el juicio por la trama principal del caso Gürtel, bautizada como Época I, el constructor ya confesó que pagó al cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa, para que lo entregara a los “organismos centrales” de la Administración gobernada por el PP a cambio de obras en Castilla y León y en Pozuelo de Alarcón. Correa era el intermediario entre los empresarios y las instituciones en manos del partido.
El documento policial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, analiza a lo largo de 424 páginas los 23 contratos bajo sospecha y concluye que 18 de ellos tuvieron un “coste superior al precio original, derivado de cambios en las circunstancias de ejecución del contrato [...]. Ya sea por revisiones de precios, modificados, adicionales por incremento de unidades de obra en la certificación final u obras complementarias”. Según uno de los cuadros incluido en el informe, y que firma el inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel, estos sobrecostes se elevaron en 14 proyectos por encima del 20%, disparándose en algún caso hasta el 64%, el 74% e incluso el 94%.
La policía centra así su atención en la enorme diferencia entre la propuesta económica inicial que la constructora de García Pozuelo presentaba a concurso para hacerse con la adjudicación y el coste final pagado tras los cambios aplicados por las “circunstancias acaecidas durante la ejecución del contrato, que cambian las condiciones del mismo”.
En este sentido, el informe de la UDEF subraya “inconsistencias en la valoración de la oferta”; la “poca representatividad de los criterios objetivos evaluables mediante fórmulas frente a los criterios objetivos no cuantificables, cuya evaluación tiene un elevado carácter subjetivo”, y otras “vulneraciones” de los “principios generales de la contratación: publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia”. Todas estas “prácticas señaladas”, incide el documento, “son factores de riesgo que incrementan la vulnerabilidad a la corrupción en los procedimientos de contratación pública”.
Pedraz tendrá ahora que valorar este informe, fechado el 20 de julio e incorporado a una causa que ya se ha juzgado parcialmente —toda la parte de la caja b relativa a la reforma con dinero negro de la sede de la calle Génova, aún pendiente de sentencia—, pero que mantenía aún en instrucción la parte sobre las donaciones de empresarios a cambio de obra, donde se trata de acreditar el delito de cohecho. Aunque el magistrado dio también por cerrada esta línea de investigación la pasada semana y ahora debe decidir si envía a juicio a los imputados o si, por el contrario, archiva la causa.
Modificados. Este último análisis de la UDEF mantiene la misma línea plasmada en otro informe anterior por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que entró apenas en una tercera parte de los 23 proyectos y detectó sobrecostes en siete por valor de 70 millones de euros. Ahora, la Policía completa el foco con el análisis de todos ellos. Y, en primer lugar, se centra en lo que técnicamente se denomina “modificados”. Según explican, seis de las obras tuvieron “al menos un modificado” que elevó el preció; y seis de ellos, hasta dos. Estos cambios implicaron que la Administración abonara 95 millones de euros extra por estos conceptos, según los investigadores.
Además, la UDEF apostilla que el “importe del modificado superó el del presupuesto de adjudicación en 13 expedientes”: “Y, en 10 de ellos, estuvo por encima del 17% del precio original”. La Policía destaca esas cifras porque se “aproximaron” al 20%, porcentaje que obliga por ley a pedir un dictamen preceptivo al Consejo de Estado y que permite, incluso, la resolución del contrato. “Los proyectos modificados supusieron en la mayoría de los expedientes una alteración sustancial del proyecto original desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo, y temporal, conllevando aumentos en el plazo de ejecución”, remacha el informe, que añade: “En definitiva, a partir de este conjunto de elementos se infiere que los modificados suponían alteraciones sustanciales o esenciales de los proyectos originales y debían haberse efectuado nuevas contrataciones que recogieran las actuaciones a llevar a cabo”.
Obras complementarias. Otro de los aspectos analizados son las “obras complementarias”: “A diferencia de los proyectos modificados, en los que el proyecto primitivo es sustituido por el proyecto reformado, las obras complementarias siempre dan lugar a un nuevo proyecto, independiente del principal, y, por tanto, a un nuevo expediente de contratación”. En total, ha detectado seis obras complementarias en los seis proyectos por valor de más de 57 millones.
En este punto, la UDEF apunta que las justificaciones alegadas para llevarlas a cabo “mediante un procedimiento negociado sin publicidad” —lo que permitió adjudicárselas a la misma constructora— “no reúnen los requisitos” legales y “deberían haber sido objeto de contratación independiente y no debió autorizarse su ejecución mediante un procedimiento negociado”. “Además, se pone de manifiesto que la valoración del criterio técnico de la propuesta presentada por Constructora Hispánica no se compadece con las justificaciones para efectuar la obra complementaria”.
Certificaciones finales. La UDEF valora las certificaciones finales de los expedientes, donde “14 [de los 23 proyectos] tienen un gasto adicional por obras próximo al límite del 10% del presupuesto de adjudicación que establece la norma para la introducción de variaciones sin precisar aprobación previa”. Esas 14 adjudicaciones suman más de 35 millones en concepto de “adicional por obra en certificación final”. “Se observa una persistencia en la inclusión en la certificación final de los contratos por parte del contratista de importes adicionales por alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto que representan un gasto cercano al umbral legalmente permitido sin precisar previa aprobación”, recalca el informe.
Cascos y los nueve contratos del Consejo de Ministros
El
informe de la UDEF hace hincapié en que, de los 23 contratos bajo
sospecha, 11 fueron adjudicados por tres organismos dependientes del
Ministerio de Fomento —Adif, Aena y la Dirección General de Carreteras—
en la etapa en la que Francisco Álvarez-Cascos ocupó la cartera. El
documento destaca también que, de estos, nueve tuvieron un presupuesto
igual o superior a los 12 millones de euros, por lo que necesitaron la
autorización del Consejo de Ministros que entonces presidía José María
Aznar para poder ser formalizados.
En su última declaración ante
el juez Santiago Pedraz, el pasado 16 de julio, el extesorero Luis
Bárcenas señaló a varios ministros de Fomento y, en concreto a Francisco
Álvarez Cascos, como presuntos conocedores del sistema de financiación
irregular del PP a través de donaciones de empresarios a los que luego
se les adjudicaban contratos. Bárcenas describió un episodio en el que
Cascos telefoneó supuestamente a Álvaro Lapuerta, su predecesor en la
tesorería y señalado también como gestor de la caja b, para reprocharle
que hubiera llamado a su director general de Carreteras para tratar una
de las adjudicaciones que debían amañar. Según la versión de Bárcenas,
solían llamar a directores generales y secretarios de Estado para ello,
pero el ministro de Fomento estaba enfadado e indicó a su interlocutor
que todas esas gestiones debían pasar por él.
Durante el reciente
juicio por el supuesto pago en dinero negro de las obras en la sede del
PP de la calle Génova, Barcenas ya había señalado a Cascos, que ocupó
el puesto de secretario general del partido entre 1989 y 1999, como la
persona que ordenó sistematizar el sistema irregular de donaciones.
Cuando Cascos compareció como testigo en la vista, días después, lo
negó." (Óscar López-Fonseca , |J. J. Gálvez , El País, 27/05/21)
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