"Por los Panama papers
se supo que el presidente argentino Mauricio Macri era titular de
sociedades offshore, sociedades domiciliadas en el exterior, normalmente
paraísos fiscales con el fin de evadir impuestos en el país de origen
del patrimonio.
El ministro de Hacienda, Dujovne, enmudeció en Madrid
ante la pregunta de cómo esperaba que los inversores extranjeros
confiaran en Argentina si él y otros miembros del gobierno no confiaban
en ella pues tenían más de la mitad de su patrimonio en cuentas offshore
en el exterior. Otro ministro llegó a justificarlas “porque Argentina
no es un país confiable”. Lo dijo sin sonrojarse y obviando que
gobiernan desde 2015, por lo que son responsables de la falta de
fiabilidad en el exterior.
Si cualquier europeo consideraría aberrante
que la final de la Champions europea se jugase en América Latina o
cualquier lugar fuera de Europa, el que la final de la Copa Libertadores
de América (liga de campeones de América) se juegue en Madrid, la
antigua metrópoli colonial contra la que lucharon por la independencia
esos libertadores, resulta simplemente esperpéntico, y para muchos
latinoamericanos vergonzoso.
El pretexto usado ha sido el de seguridad, a
causa de que hinchas de River exaltados –el único detenido fue
desvinculado de la hinchada ultra- arrojaron piedras sobre el bus que
transportaba a los jugadores de Boca. Curiosamente el autocar había sido
dirigido por la policía del gobierno macrista de Buenos Aires hacia el
lugar que estaban los hinchas de River, incluidos barrasbravas (ultras).
Los disparos de botes de gases y balas de goma de la policía provocaron
más daños personales que las piedras, pero éstas sirvieron de excusa
para quitarle a River la ventaja de campo e hinchada (la visitante
estaba prohibida para evitar enfrentamientos) en el decisivo partido de
vuelta (el de ida en cancha de Boca resultó empate a un gol).
La importancia del negocio en juego –ser campeón de América implica
ingentes ingresos posteriores en la copa Intercontinental, derechos
publicitarios y otros-, la responsabilidad policial en el incidente, el
hecho que Macri sea el auténtico capo de Boca –fue presidente del club
durante 13 años y promovió al presidente actual-, y que el partido se
juegue finalmente en el estadio del Real Madrid con presencia también de
hinchas de Boca, generó la suspicacia que la agresión hubiese sido
organizada con el propósito de eliminar la legítima ventaja de campo e
hinchada que tenía River.
Algunos –con mucha ironía- tampoco descartan
como objetivo posible que el gobierno quisiera evitar el bochorno que
supondría para el presidente Mauricio Macri la difusión mundial por
televisión de un estadio completo cantando el que es el hit del año en
todos los estadios argentinos (el insulto materno clásico expresado en
el acrónimo MMLPQTP).
Pero hay quienes se preguntan si detrás de
este acuerdo, no hay un negocio offshore en el que el patrimonio
argentino se ha sacado del país y se le ha dado un domicilio de
conveniencia en Madrid, para beneficio de intereses privados de
dirigencias de todos los clubes implicados a costa de los intereses de
los ciudadanos argentinos y españoles. Patrimonio argentino por una
parte de carácter simbólico: la identificación popular con unos colores
que –más allá de su instrumentalización alienante por el poder- forman
parte de identidades colectivas.
Les ha sido hurtado a sus legítimos
dueños, el pueblo llano, no solo privado de presenciar el partido en
directo, sino también de vivir la pasión de forma colectiva, y, en
muchos casos de entonar el hit popular del año que hubiera sonado hasta
en el último rincón de Buenos Aires y buena parte de Argentina.
Al
Bernabéu solo vinieron desde Argentina los hinchas muy ricos que pueden
gastarse miles de euros un fin de semana o los barrasbravas financiados
por los mismos dirigentes de los clubes, que también viajaron con gastos
pagados en hoteles de lujo.
Pero no solo patrimonio simbólico es lo que
fluye de Argentina a España, también el económico financiero. Económico,
por lo que supone para los socios que sostienen los clubes y la pérdida
de ingresos para multitud de negocios y vendedores que viven del
consumo generado en torno a los partidos de fútbol.
Por no hablar de las
pérdidas de ingresos del Estado, aunque éste se ahorra los gastos del
despliegue policial que generan los partidos. Beneficios y pérdidas que
son trasladados a Madrid: se estima en unos 40 millones de euros los
ingresos generados al comercio local, cientos de millones de ingresos
para el Real Madrid, River y Boca por entradas y derechos televisivos y
entre 400 a 600 mil de euros de pérdidas para los ciudadanos de Madrid
que pagaremos por el despliegue policial, sin contar destrozos.
Pero la parte del león del partido offshore
estaría en los beneficios financieros privados que se intuyen detrás del
acuerdo de que el partido se jugase en el estadio del Real Madrid.
Florentino Pérez, presidente de este club y amigo de Macri, vía ACS y
con la constructora de Benetton controla la empresa Albertis, que es
antigua socia de Macri y su familia en el negocio de autopistas, y
actual beneficiaria de millonarios contratos públicos en Argentina.
En
2017, Macri decidió darle a la Albertis 247 millones de dólares de
dinero público para compensarle pérdidas por la pesificación de tarifas y
devaluación en la crisis de 2001/2002, “además de garantizarle una
renta en dólares hasta 2030, aumentos abusivos en los peajes y la
renuncia del Estado a reclamar por obras incumplidas”, según reseñó Ari
Lijalad. Dos días antes de anunciarse que el River-Boca se jugaría en el
Bernabéu, el gobierno macrista publicó un decreto de aumento de tarifas
de peajes de las empresas concesionarias Autopistas del Sol y Grupo
Oeste -de Albertis- que les garantiza alta rentabilidad frente a la
caída de circulación y a la devaluación del peso.
Curiosamente la única
promesa electoral cumplida por el gobierno es el de la inversión en obra
pública, de la que no solo se beneficia Albertis sino también empresas
de su familia y amigos íntimos.
El regalo a Albertis por parte del gobierno,
resulta especialmente chocante ya que por otra parte niega aumentos a
los maestros y empleados públicos que perdieron 50% del salario por la
inflación provocada por las recientes devaluaciones y cierra escuelas y
hospitales para reducir déficit. Los argentinos pagarán ahora mucho más
en peajes, aumentos que se suman a las brutales subidas de hasta 1.700%
de las tarifas de servicios públicos privatizados, que han provocado una
fuerte pérdida de poder adquisitivo (los servicios básicos como
porcentaje del salario mínimo pasaron de representar el 6% al 30%).
El
gobierno ya anunció que se vienen ajustes de tarifas más fuertes que
podrían provocar reacciones populares en una población que demostró
fuerte resistencia ante diversos embates del gobierno (reforma
previsional, intento de liberar genocidas presos por crímenes de lesa
humanidad, condena a muerte en abortos clandestinos a menores
embarazadas, licencia para matar por la espalda por parte de la policía,
etc.)
Si se comprobase que estos aumentos son intercambios de favores
privados de miembros del gobierno a costa del dinero público, estaríamos
en un caso abierto de prevaricación y corrupción. Comprobación nada
segura en un sistema judicial argentino donde la corrupción y el control
del gobierno garantizan impunidad. En España, Florentino Pérez, que
reconoció haber pagado sobornos al Partido Popular, de momento solo ha
sido llamado a declarar.
El drama de Argentina se refleja en este
partido offshore y en su presidente offshore. Pero se trata del reflejo
de una terrible realidad que ha convertido a Argentina en un país
offshore, en el que la riqueza que se genera en el país se fuga hacia el
exterior. Se fuga como productos agrícolas y mineros que enriquecen a
un reducido número de latifundistas y exportadores.
Se fuga en forma de
pago de intereses y beneficios a bancos y multinacionales, en forma de
capital especulativo que huye hacia refugios más seguros con la
complicidad del gobierno que para garantizar divisas para esta fuga al
exterior (80 mil millones de dólares durante el gobierno Macri) endeudó
al país hasta llevarlo al borde del default, solo evitado con un
“rescate mortal” del FMI con un préstamo de 57.000 millones de dólares a
cambio de un brutal ajuste permanente y una sangría de dólares en pagos
durante muchos años.
El default se mantiene latente, pero es improbable
que el FMI vuelva a repetir su política que llevó a la suspensión de
pagos de 2001, al menos hasta después de las elecciones de 2019, en las
que Macri o su posible sucesora Vidal son los candidatos del Fondo y el
establishment.
La fuga de riqueza incluye la salida de
valiosos recursos humanos que al no encontrar futuro en el país emigran a
buscar un lugar en el mundo. Esta sangría de riquezas es la
consecuencia de una política de devastación económica –que ya analizamos
en estas páginas- , política que para elevar los beneficios a las
grandes empresas además de rebajarles impuestos y cotizaciones abrió las
importaciones y devaluó el peso un 60%.
La apertura importadora generó
una fuerte salida de divisas para importar lo que ya no se producía en
el país, hasta que la recesión frenó esta sangría hundiendo las
importaciones (en septiembre cayeron 28%). El resultado de la
devaluación fue que el gobierno que prometió bajar la inflación por
debajo del 10%, la elevó al 44% en los últimos doce meses (140%
acumulada desde que asumió hace 3 años), lo que redujo brutalmente los
salarios reales, pensiones (el salario mínimo y las pensiones cayeron a
la mitad), el gasto público educativo y sanitario, a la vez que elevó
las tarifas de los servicios esenciales.
La consecuente reducción del
consumo provocó cierre de empresas (cierran 25 pymes al día), desempleo y
caída de recaudación de impuestos que disparó el déficit público,
generando un círculo vicioso de recesión (en la industria la caída fue
de 6,5% del PIB en seis meses) que según el FMI continuará en 2019, y
recurrentes recortes del gasto público social.
El impacto social del cierre de empresas,
aumento del desempleo y la caída de salarios y pensiones ha sido muy
fuerte: según UNICEF en el primer semestre de este año la pobreza
multidimensional alcanzaba el 38% y la pobreza entre menores de 18 años
48% (6,3 millones). Uno de cada cinco menores tiene privaciones severas,
que incluyen no haber ido nunca a la escuela entre los 7 y 17 años o
vivir en torno a un basural.
Tres millones de niños sufren pobreza no
monetaria (carencias de vivienda, hábitat seguro, educación, acceso a
agua potable, saneamiento básico o protección social).
Si en el resultado deportivo del River-Boca
hay ganadores y perdedores en número similar, el resultado
extradeportivo del encuentro en el Bernabéu da ganador a unos pocos y
perdedores a muchos ciudadanos que de un lado y otro del charco debemos
asumir el pago de los altos beneficios de los que en sus discursos
políticos denuestan al Estado pero se enriquecen a su costa. Deberíamos
negarnos a pagar y, sobre todo, exigir que nos devuelvan el país que nos
han robado." (Jorge Fonseca . Profesor de Economía Internacional en la UCM, Público, 09/12/18)
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