"Una tarde cualquiera de 2008, mientras finalizaba
papeleos pendientes en la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Granada, donde trabajaba como administradora, Pilar Ocaña
vio una nota manuscrita sobre un folio reutilizado, que le había dejado
su adjunta, María Carmen Cara. Por curiosidad, una vez leída la nota de
Cara, le dio la vuelta y leyó el texto impreso sobre la otra cara del
folio. No daba crédito a lo que estaba viendo.
El texto, un email impreso recibido por la propia Cara,
explicaba con detalles la comisión de un delito en la universidad. No
era ni ambiguo. Una alumna agradecía a María Carmen Cara, su adjunta, la
misma que había dejado el papel por error, por haber mediado con un
profesor para aprobarle una asignatura a la que no se había presentado.
El despiste le costaría a Cara y al profesor una condena y varios años de inhabilitación tras un largo proceso judicial.
A Pilar, una agotadora lucha contra la universidad, su universidad, que
no se hizo cargo del caso. También le costó un dineral que prefiere no
especificar —tuvo que poner ella la denuncia— y mucha desazón.
Los hechos que acabaron con la condena de Cara y Fernando Peñafiel, el
profesor colaborador, se remontan a 2010 y la posterior condena, a 2017.
Peñafiel cambió la nota a una alumna de no presentada a sobresaliente
por petición de la administradora adjunta de la Facultad, María Carmen
Cara, quien a su vez había recibido la petición de la alumna, Jessica
Gavilán, porque con esa asignatura podría licenciarse y acceder a un
puesto de trabajo que requería del título.
Aquello
quedó juzgado gracias a la insistencia de la funcionaria Ocaña por que
se hiciera justicia ante la inacción de la dirección de la universidad,
que decidió, cuenta ella, mirar hacia otro lado y tratar de ocultar la
situación. Por ejemplo, una carta da cuenta de que el jefe de los
servicios jurídicos de la universidad encargó a un abogado (Enrique
Ceres, que ya había trabajado para la UGR) la defensa del profesor
Peñafiel.
La Universidad de Granada niega las
acusaciones de Ocaña de haberse lavado las manos, pero lo hace
confirmando que, más allá de una investigación interna que no condujo a
nada, no llevó a cabo acción alguna. "La universidad investigó
internamente a través de los procedimientos administrativos adecuados y
controlados a su vez por los propios mecanismos de la universidad y
judiciales", explica a este diario un portavoz del centro.
"Ni en este
caso ni en otros ha mirado para otro lado, entre otras cosas porque no
puede hacerlo. Ha actuado con total diligencia hasta donde la norma le
permite hacerlo. Y el juez no ha ido contra la universidad en absoluto,
por lo que la actuación de la universidad debe estar dentro de la
legalidad", argumenta.
¿Cuál fue el resultado de la
investigación, habida cuenta de que tenían las pruebas de que el
profesor había cambiado una nota? El portavoz primero niega la mayor
("no puedo decir que haya constancia de algo que no está demostrado",
afirma respecto a que la universidad conociera el amaño, obviando la
condena a Peñafiel con básicamente las mismas pruebas que tenía el
centro) y luego afirma que "se dio a conocer la información al rector y
se llegó a la conclusión que se llegó". Ante la insistencia en saber
cuál fue esa conclusión, admite que no se tomaron medidas.
¿Por qué no denunció la universidad y tuvo que hacerlo una trabajadora?
"No es una trabajadora cualquiera", replica, insinuando que era la
empleada que estaba en disposición de haber descubierto el cambio de
nota, "y había denunciado". Pero omite que fue por su cuenta y riesgo y
con su dinero, no en nombre de la UGR.
Este diario
había preguntado también al que fuera rector cuando ocurrió todo como
máximo dirigente y por tanto último responsable, Francisco González
Lodeiro, a su sucesora y actual mandamás de la UGR, Pilar Aranda, al
decano del momento, José Antonio Naranjo, supuesto primer responsable de
tomar medidas, y al jefe de los servicios jurídicos, Juan Luis
Ruiz-Rico Díez, que no abrió un procedimiento pese a tener pruebas de
que se había cometido un delito. Solo ha recibido una respuesta genérica
de la Dirección de Comunicación de la universidad.
"Yo no estaba dispuesta a transigir, a la primera que lo haces te
conviertes en uno de ellos y no podía ceder si quería mantener mi
dignidad", explica Ocaña. Esta exadministrativa, ya jubilada, aclara que
no busca venganza contra nadie ni ser una heroína. "La opinión pública
debe conocer qué cosas pasan en algunos sitios", cuenta.
Elevar el caso... y silencio
La lucha de Ocaña empezó en 2010, cuando Cara le dejó el email por error encima de la mesa. Para ella esta evidencia fue la gota que colmó un vaso lleno de malas praxis administrativa en la facultad que venía soportando (y denunciando) desde que entró.
Siguió el
manual. Elevó el caso a la gerencia y de ahí pasó a la Inspección de
Servicios del centro. No volvió a saber de él durante meses. Bueno, en
realidad sí.
"Tanto el profesor [Peñafiel] como Cara
se enteraron de que había llevado esto a la gerencia y me machacaron
viva", rememora Ocaña. En el ínterin, el docente había ascendido a
vicedecano y tenía poder en la facultad. Cara, que era su adjunta,
trabajaba prácticamente a su lado. Fueron meses duros.
El tiempo pasaba y la universidad no tomaba cartas en el asunto.
Finalmente, cuenta Ocaña, el inspector de servicios se presentó un día
en su despacho con un asesor del rector y el administrador de otro
centro. "Estuvieron revisando actas y encontraron anomalías de todo
tipo", recuerda la administradora. "Había actas firmadas por orden de
alguien, actas firmadas por terceras personas, faltaban fechas, firmas
datos. Me dijeron que interpondrían una querella. Si lo hubieron hecho
yo no habría puesto la querella", explica.
Pero nunca
pasó. Ante el silencio institucional, volvió a la carga y le preguntó
al inspector, Luis Mejías, cómo iba la investigación. No iba. "No tiene
importancia", le vino a decir. Fue suficiente para la administradora. A
sus ojos, estaba claro que la universidad había optado por mirar hacia
otro lado, intentar enterrar el asunto y a otra cosa.
Se fue a Sevilla y puso una querella contra el profesor Fernando
Peñafiel, contra la administradora adjunta María Carmen Cara, contra la
alumna, Jessica Gavilán, y contra otra serie de personas por otras
irregularidades que había detectado durante años de trabajo en la
facultad.
A partir de ahí comenzó un proceso que
duraría siete años, en el que la querella fue archivada en su conjunto,
reabierta tras recurso pero solo para los implicados en el caso de la
nota cambiada a la alumna y finalmente concluyó con una condena de
inhabilitación de varios años por prevaricación al profesor Peñafiel por
cambiar la nota y a la administradora Cara por mediar en el proceso.
De aquellos años quedan como rastro los emails intercambiados entre
Ocaña y sus abogados en los que la primera revela lo mal que lo estaba
pasando y los letrados le muestran su sorpresa por las decisiones que
tomó el primer juez.
También queda el relatado correo en el que el
abogado del profesor informaba al jefe de los Servicios Jurídicos de la
Universidad de que le dice: "De acuerdo con tus indicaciones continúo
ocupándome de la defensa del profesor Sr Peñafiel Martínez". Preguntada
al respecto, la universidad dice desconocer este aspecto e ignorar si se
pagó la defensa del profesor condenado.
"Obviaron y minimizaron las denuncias"
El remate para Ocaña —y síntoma del funcionar institucional durante este proceso— llegó con unas declaraciones que hizo la rectora, Pilar Aranda, cuando el caso ya estaba sentenciado, el pasado mes de abril.
Tanto se indignó Ocaña con la defensa que la mandataria hizo del papel
que había jugado el centro en denunciar —según ella— las irregularidades
que le escribió un email a la mañana siguiente. "El análisis que
hiciste anoche (...) en defensa a ultranza de la transparencia de la
Universidad y de la actuación que debe seguirse cuando se detecta uno, o
varios casos de tales características, fue impecable. Son actos que
pervierten los procedimientos administrativos, al margen de la ley, para
favorecer a determinadas personas, por razones siempre espúreas. Pero
no fue esa, precisamente, la actuación que la Universidad de Granada",
le recordaba.
¿Se arrepiente Ocaña de haberse
embarcado en esa cruzada contra la universidad que le ha costado siete
años de disgustos? "No", responde. Y matiza: "Yo no he denunciado a
personas, sino actos de las personas. Siempre he podido entender que
haya circunstancias ajenas a una persona que le lleven a hacer cosas.
Pero la conciencia de lo que está bien o mal es obligado en personas que
hacen determinados trabajados. Todos tenemos una conciencia íntima que
nos hace saber qué está bien y qué está mal y qué está rematadamente
mal. Y mucha gente allí desconocía esa línea", ilustra, viciados por
años de hacer y deshacer un poco a voluntad." (Daniel Sánchez, eldiario.es, 13/10/18)
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