"La instrucción del caso Taula de
corrupción del PP en Valencia, que se ha troceado en siete piezas para
supuestamente agilizar su investigación, va lenta. Muy lenta.
Recientemente el fiscal anticorrupción ha pedido un año más para seguir
con las pesquisas de la rama conocida como "pitufeo", en la que se
persigue un posible delito de financiación ilegal del PP de Rita Barberá
en las elecciones de 2015. Esta solicitud ha soliviantado a las
defensas de los nueve concejales del PP imputados que alegan indefensión
y dilaciones indebidas.
Las demás piezas separadas siguen más o
menos en la misma situación y fiscal y juez instructor siguen realizando
diligencias y analizando los informes policiales más de cuatro años
después, desde que el 29 de julio de 2014 la denunciantes y diputada
provincial de Esquerra Unida Rosa Pérez Garijo presentara la primera
denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
Pérez
Garijo ha sido de los pocos políticos de izquierda que ha criticado la
instrucción puesto que, según dijo en la comisión parlamentaria del caso
Taula en las Corts Valencianes esta semana, se han quedado patas
importantes de la trama corrupta por investigar. Además, también criticó
la actuación fiscal porque, tal y como puntualizó, "depende del poder
político".
¿Cuáles son esas sombras que la investigación judicial no está intentando alumbrar?
Según las denuncia inicial y las demás
aportaciones de la diputada de izquierdas -hasta siete-, al menos se han
quedado tres patas importantes por investigar: los sobrecostes
escandalosos en las obras de carreteras de la Diputación de Valencia,
las luces LED del empresario amigo de Alfonso Rus y la etapa anterior a
Marcos Benavent en la saqueada empresa pública Imelsa.
El departamento de carreteras de la
Diputación de Valencia siempre ha sido un área muy polémica del ente
provincial. En esta caso, la diputada de izquierdas denunció proyectos
concretos y aportó documentación de modificados de obra sin justificar.
En la carretera entre La Yesa y Alpuente el desvío del presupuesto
inicial fue de un millón de euros; en la de Rocafort-Montcada 82.399
euros y en la de Xeraco 361.494 euros.
Pérez Garijo acusaba al equipo de Alfonso
Rus, imputado en varias de las causas de Taula, de adjudicar las obras
con criterios no objetivos, licitar los trabajos antes de expropiar los
terrenos o inaugurar carreteras antes de que se adjudicara la obra.
La otra gran pieza que no se ha
judicializado -de momento- es la instalación de centenares de miles de
luces LED producidas por la empresa de un amigo de Rus Inelcom y donde
trabajaba un importante barón del PP en la comarca de la Costera. Esta
empresa se quedó con el 50 % del proyecto de la diputación de
sustitución de bombillas tradicionales en el que se invirtieron unos 11
millones de euros.
Rus se inventó una central de compras
para distribuir el plan de LED, lo que no evitó que la empresa Inelcom
consiguiera un porcentaje mayoritario de adjudicaciones pese a ser nueva
en el sector de estas bombilla. Curiosamente, eran los ayuntamientos
gobernados por el PP los que mayoritariamente confiaron con la empresa
de Xàtiva.
Además, la diputada también aportó
numerosa documentación sobre la etapa en Imelsa anterior a la de Marcos
Benavent, el autodenominado "yonki del dinero". Antes, apunta la
denuncia, se habría funcionado en esa empresa pública con numerosas
irregularidades y con decenas de enchufados y trabajadores zombies, es
decir, que cobraban sin ir a trabajar." (Sergi Pitarch, eldiario.es, 19/12/18)
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