"El estudio presentado este viernes
 y titulado "Los costes económicos del déficit de calidad institucional y
 la corrupción en España" está elaborado a partir de cinco indicadores 
del Banco Mundial, basados a su vez en los informes de decenas de 
organismos públicos, entidades privadas y organizaciones no 
gubernamentales. 
La nota global de calidad institucional coloca a España
 en el puesto 31 de los 154 países analizados, todos con más de medio 
millón de habitantes.
¿Es el puesto 31 adecuado para España? En cuestión de
 control de la corrupción y calidad de sus instituciones, España boxea 
por debajo de su peso económico. Si se divide el mundo por percentiles, 
en el de productividad, España estaría en el 85 (de cada 100 países, 
solo 15 tendrían mejor posición). Mientras, en calidad institucional, se
 queda dentro del percentil 80. Por debajo de Portugal, Irlanda, Francia
 o Alemania.
Una vez obtenida esa foto fija, los autores calculan 
el impacto económico que tendría conseguir que, en 15 años, en España el
 control institucional igualara a la productividad. No se plantean qué 
ocurriría si la corrupción y las deficiencias en las instituciones 
desaparecieran del todo, porque lo consideran imposible. Pero solo con 
mejorar los controles al nivel adecuado al peso económico, el beneficio 
económico sería multimillonario.
Entre un 8% y un 30% más de riqueza
Según el estudio, el resultado de atajar la corrupción y mejorar el control institucional arrojaría en 15 años varios escenarios: podría sumar un 8% al PIB en la estimación más conservadora y un 30% en la más optimista. El “escenario central” que contemplan los profesores de la Universidad de Murcia Francisco Alcalá —que es también investigador del IVIE— y Fernando Jiménez, es el que indica que avanzaría un 16%, a razón de algo más de un punto al año, que se sumaría a la riqueza.
¿Por qué hacen proyecciones a 15 años? Las mejoras 
requerirían tiempo para ser implementadas. Es un plazo orientativo, 
apuntan. Y la riqueza llegaría de forma indirecta: “La mayor seguridad 
jurídica, la reducción de la corrupción, la eliminación de trabas 
administrativas, una mejor regulación y una mayor competencia 
incentivarían la inversión nacional y extranjera, harían más fáciles y 
rentables el emprendimiento y la innovación, y mejorarían la asignación 
de recursos privados y públicos hacia las actividades más productivas”, 
afirma Alcalá, que es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico.
Para la evaluación, el estudio usa cinco 
indicadores de calidad regulatoria. En el que más cojea España es en el 
de control de la corrupción, entendida como “el grado en el que el poder
 público es ejercido para beneficio privado, así como la captura del 
Estado por las élites y los intereses privados”. 
O dicho de otro modo: 
“En la confianza que generan los políticos, los funcionarios, el sistema
 judicial y el sistema de recaudación de impuestos, así como las 
sospechas sobre la existencia de pagos irregulares en la adjudicación de
 contratos públicos”. 
Evolución preocupante
El país obtiene mejor resultado en otros indicadores, como los de grado de participación política de los ciudadanos; el de calidad de los servicios públicos; o el que examina el cumplimiento de las leyes y los contratos, que engloba criminalidad y violencia.
El informe
 contiene un dato preocupante. España ha perdido un punto en el 
indicador global de calidad institucional (medido sobre 10 puntos): baja
 de 7,8 a 6,8 entre 2003 y 2017. Un periodo en el que sus instituciones 
se han visto sacudidas por numerosos casos de corrupción,
 lo cual, afirma, Alcalá, “ha afectado a la percepción que se tiene del 
país”.
 El investigador pide, sin embargo, observar la evolución con 
prudencia: “Cuando un caso de corrupción llega a los periódicos, a las 
televisiones o a los juzgados, normalmente ha pasado bastante tiempo, 
puede que hasta 10 años, desde que ocurrieron los hechos. Existe un 
desfase cronológico”.
En el estudio se citan los trabajos de otros 
investigadores, que consideran, por ejemplo, que España también ha 
sufrido un deterioro de la calidad democrática debido a la “colonización
 de las instituciones” por parte de los partidos, que empezó antes de 
2003. Y Alcalá considera que, sin duda, en el descenso de la puntuación 
de España ha influido la crisis. “Mientras la economía marchaba bien, 
los fallos institucionales no eran considerados tan preocupantes como en
 la época de vacas flacas y de recortes”.
La clasificación de calidad institucional está 
encabezada por Noruega. Le siguen Nueva Zelanda, Finlandia y Suiza. 
España se sitúa en el puesto 31, a una considerable distancia de 
Alemania (10), Reino Unido (13), Francia (21) o Portugal (22).
Pero por encima de otros países mediterráneos, como Italia (39) y Grecia (48). Los Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial se elaboran a partir de los indicadores específicos de 31 entidades de naturaleza diversa, que incluyen a Freedom House, Gallup, Transparencia Internacional, Heritage Foundation, Economist Intelligence Unit, Foro Económico Mundial, Political Risk Services, Institute for Management & Development y Reporteros sin Fronteras. A estos se les agregan otros indicadores creados a partir de encuestas con expertos, directivos de empresas y responsables de instituciones públicas.
  
La clasificación de calidad institucional está encabezada por Noruega. Le siguen Nueva Zelanda, Finlandia y Suiza. España se sitúa en el puesto 31, a una considerable distancia de Alemania (10), Reino Unido (13), Francia (21) o Portugal (22).
Pero por encima de otros países mediterráneos, como Italia (39) y Grecia (48). Los Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial se elaboran a partir de los indicadores específicos de 31 entidades de naturaleza diversa, que incluyen a Freedom House, Gallup, Transparencia Internacional, Heritage Foundation, Economist Intelligence Unit, Foro Económico Mundial, Political Risk Services, Institute for Management & Development y Reporteros sin Fronteras.
A estos se les agregan otros indicadores creados a partir de encuestas con expertos, directivos de empresas y responsables de instituciones públicas." (Ignacio Zafra. El País, 27/10/18)
Pero por encima de otros países mediterráneos, como Italia (39) y Grecia (48). Los Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial se elaboran a partir de los indicadores específicos de 31 entidades de naturaleza diversa, que incluyen a Freedom House, Gallup, Transparencia Internacional, Heritage Foundation, Economist Intelligence Unit, Foro Económico Mundial, Political Risk Services, Institute for Management & Development y Reporteros sin Fronteras. A estos se les agregan otros indicadores creados a partir de encuestas con expertos, directivos de empresas y responsables de instituciones públicas.
Peor que Portugal y mejor que Italia
La clasificación de calidad institucional está encabezada por Noruega. Le siguen Nueva Zelanda, Finlandia y Suiza. España se sitúa en el puesto 31, a una considerable distancia de Alemania (10), Reino Unido (13), Francia (21) o Portugal (22).
Pero por encima de otros países mediterráneos, como Italia (39) y Grecia (48). Los Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial se elaboran a partir de los indicadores específicos de 31 entidades de naturaleza diversa, que incluyen a Freedom House, Gallup, Transparencia Internacional, Heritage Foundation, Economist Intelligence Unit, Foro Económico Mundial, Political Risk Services, Institute for Management & Development y Reporteros sin Fronteras.
A estos se les agregan otros indicadores creados a partir de encuestas con expertos, directivos de empresas y responsables de instituciones públicas." (Ignacio Zafra. El País, 27/10/18)
 
 
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