"La cúpula policial del PP durante el mandato de Jorge Fernández Díaz
al frente del Ministerio del Interior archivó de un plumazo en abril de
2015 un extenso informe del departamento de Asuntos Internos de la
Policía en el que se denunciaban los negocios privados y supuestamente
ilícitos del entonces comisario José Manuel Villarejo.
Para ello se sirvió de otro informe, muy breve y elaborado sin hacer la
más mínima indagación, encargado por el entonces Director Adjunto
Operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, íntimo amigo de Villarejo.
Rubén López, el inspector de Asuntos Internos que descubrió la trama, y
que más tarde fue apartado del caso y enviado a un puesto de inferior
rango, acaba de presentar una querella contra la antigua cúpula de
Interior.
Dos años después de que Interior mirara para otro lado en relación a
los negocios privados de Villarejo, la Fiscalía Anticorrupción recibió
un escrito anónimo donde se detallaban algunos de los trabajos del
comisario al margen de su función policial. Ese escrito desencadenó la
detención de José Manuel Villarejo en noviembre de 2017 acusado de
cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.
Hasta entonces, Villarejo ya había dedicado buena parte de sus jornadas de trabajo a resolver crisis de empresarios millonarios
que le contrataban. El comisario utilizaba métodos ilegales contra los
adversarios de sus clientes, grababa y hacía seguimientos ilegales a
personas o manejaba bases de datos de empresas de telecomunicaciones o
entidades bancarias que le facilitaban supuestamente otros policías con
los que estaba compinchado.
Las sospechas de Asuntos Internos surgieron a raíz del caso Nicolás, aquel joven estafador que se hacía pasar por asesor de Vicepresidencia del Gobierno o agente del CNI. El nombre de Villarejo apareció en la documentación que se le incautó al pequeño Nicolás. Asuntos Internos tiró de ese hilo, sacó conclusiones y trasladó a Interior sus sospechas, que ponían el énfasis sobre empresas con las que el comisario hacía actividades incompatibles con su empleo de policía.
Esas sociedades de Villarejo, cuya existencia fue adelantada por EL PAÍS, son las mismas que ahora investiga la Audiencia Nacional y con las que perpetró todo tipo de ilegalidades, por lo que finamente fue detenido y encarcelado el pasado 3 de noviembre de 2017 acusado de cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.
La Dirección General de la Policía, a cuyo frente estaba Ignacio Cosidó, hoy portavoz del PP en el Senado, no solo archivó en 2015 aquella denuncia de Asuntos Internos, sino que obstaculizó la investigación judicial abierta a raíz del caso Nicolás en todo aquello que amenazaba con salpicar al comisario Villarejo.
En varias ocasiones, los responsables de Asuntos Internos, a las órdenes del juez Arturo Zamarriego, se quejaron al instructor de que la Dirección General de la Policía no les facilitaba ni la información necesaria para la causa ni los medios materiales y humanos para continuar las pesquisas.
Interior aceptó, sin embargo, el informe firmado por José Ángel Fuentes Gago, jefe de gabinete del Director Adjunto Operativo, a favor de que Villarejo siguiera compatibilizando su trabajo policial con las empresas privadas donde vendía a sus clientes un equipo profesional “con una dilatada experiencia de más de treinta años en cometidos de investigación policial, desarrollos operativos así como estrategias de solución de crisis”.
Villarejo estaba destinado entonces “en comisión de servicio” en la Dirección Adjunta Operativa (DAO), el mismo departamento que dirigía su viejo amigo Eugenio Pino y que fue el que le absolvió a ojos de sus superiores.
Aunque el entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha preferido no hacer declaraciones, fuentes de su entorno más cercano han explicado a este periódico que no abrió expediente disciplinario a José Manuel Villarejo porque el informe elaborado por el DAO lo desaconsejaba.
Sobre la investigación de Asuntos Internos, alegan que Cosidó no conocía los detalles porque no era de su competencia saber los detalles de una investigación ordenada por un juez. Aseguran que el entonces director de la Policía no tuvo apenas relación con Villarejo ni con sus asuntos, que solo lo saludó en una ocasión, y que no tuvo que ver con la concesión de la medalla ni degradó a los policías que lo investigaban porque cesó en su cargo en abril de 2016 y al inspector Rubén lo enviaron a un puesto de inferior rango en octubre de 2017.
El inspector de la policía que investigó a Villarejo dentro del caso Nicolás concluyó que el comisario dirigía “un grupo de sociedades dedicadas a la investigación que ofrecía servicios jurídicos, de comunicaciones y mediáticos, orientadas todas ellas a la gestión de crisis en asuntos mercantiles, policiales, judiciales en la que además vinculaban estos servicios con fuerzas de seguridad”.
Denunció a sus superiores y trasladó sus informes al juzgado, donde sigue tramitándose la causa. Sus datos apuntaban a una trama delictiva con muchos de los elementos por lo que, dos años después, la Audiencia Nacional ordenó la detención e ingreso en prisión incondicional del comisario.
La investigación judicial ya tiene acreditado que Villarejo se dedicó a través de sus empresas privadas y cuando todavía estaba en el servicio activo de la policía a cobrar “dádivas ilícitas” e incluso a cometer otros delitos por cuenta de sus clientes como el “acceso a documentación restringida, uso de seguimientos o práctica de intervenciones tecnológicas sin cobertura legal”.
El policía de Asuntos Internos que destapó las actuaciones ilegales de Villarejo fue degradado y apartado. En su querella relata que los máximos jefes policiales le citaron a varias reuniones donde le recriminaron por involucrar al comisario Villarejo en la investigación además de censurarle por incluir a este policía en las diligencias de manera gratuita. Cuando les explicó que había sido el pequeño Nicolás quien citó a Villarejo en su declaración, le indicaron que debía haberse entrevistado previamente con el imputado para saber lo que iba a declarar.
“Pero no se puede citar al instructor policial en una investigación judicializada y que parte se encontraba secreta, para que informe delante del posible investigado si efectivamente se le está investigando y por qué”, explica el policía de Asuntos Internos. Este departamento presentó un año después una denuncia similar ante la Fiscalía de Madrid, que la archivó por entender que no se podía abrir una investigación prospectiva en busca de algo.
El comisario Villarejo recibió una medalla con distintivo rojo durante la etapa del ministro Jorge Fernández Díaz al frente de Interior por sus trabajos en Cataluña. Unos años antes, con el Gobierno socialista, Villarejo había recibido otra condecoración semejante. Fernández Díaz defendió a Villarejo cuando ya eran públicas algunas de sus actuaciones polémicas: “Ha prestado relevantes servicios en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Y eso no se puede olvidar en ningún momento”. (José Manuel Romero, Pablo Ordaz, El País, 30/09/18)
Las sospechas de Asuntos Internos surgieron a raíz del caso Nicolás, aquel joven estafador que se hacía pasar por asesor de Vicepresidencia del Gobierno o agente del CNI. El nombre de Villarejo apareció en la documentación que se le incautó al pequeño Nicolás. Asuntos Internos tiró de ese hilo, sacó conclusiones y trasladó a Interior sus sospechas, que ponían el énfasis sobre empresas con las que el comisario hacía actividades incompatibles con su empleo de policía.
Esas sociedades de Villarejo, cuya existencia fue adelantada por EL PAÍS, son las mismas que ahora investiga la Audiencia Nacional y con las que perpetró todo tipo de ilegalidades, por lo que finamente fue detenido y encarcelado el pasado 3 de noviembre de 2017 acusado de cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.
Falta de colaboración
La Dirección General de la Policía, a cuyo frente estaba Ignacio Cosidó, hoy portavoz del PP en el Senado, no solo archivó en 2015 aquella denuncia de Asuntos Internos, sino que obstaculizó la investigación judicial abierta a raíz del caso Nicolás en todo aquello que amenazaba con salpicar al comisario Villarejo.
En varias ocasiones, los responsables de Asuntos Internos, a las órdenes del juez Arturo Zamarriego, se quejaron al instructor de que la Dirección General de la Policía no les facilitaba ni la información necesaria para la causa ni los medios materiales y humanos para continuar las pesquisas.
Interior aceptó, sin embargo, el informe firmado por José Ángel Fuentes Gago, jefe de gabinete del Director Adjunto Operativo, a favor de que Villarejo siguiera compatibilizando su trabajo policial con las empresas privadas donde vendía a sus clientes un equipo profesional “con una dilatada experiencia de más de treinta años en cometidos de investigación policial, desarrollos operativos así como estrategias de solución de crisis”.
Villarejo estaba destinado entonces “en comisión de servicio” en la Dirección Adjunta Operativa (DAO), el mismo departamento que dirigía su viejo amigo Eugenio Pino y que fue el que le absolvió a ojos de sus superiores.
Aunque el entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha preferido no hacer declaraciones, fuentes de su entorno más cercano han explicado a este periódico que no abrió expediente disciplinario a José Manuel Villarejo porque el informe elaborado por el DAO lo desaconsejaba.
Sobre la investigación de Asuntos Internos, alegan que Cosidó no conocía los detalles porque no era de su competencia saber los detalles de una investigación ordenada por un juez. Aseguran que el entonces director de la Policía no tuvo apenas relación con Villarejo ni con sus asuntos, que solo lo saludó en una ocasión, y que no tuvo que ver con la concesión de la medalla ni degradó a los policías que lo investigaban porque cesó en su cargo en abril de 2016 y al inspector Rubén lo enviaron a un puesto de inferior rango en octubre de 2017.
La trama delictiva
El inspector de la policía que investigó a Villarejo dentro del caso Nicolás concluyó que el comisario dirigía “un grupo de sociedades dedicadas a la investigación que ofrecía servicios jurídicos, de comunicaciones y mediáticos, orientadas todas ellas a la gestión de crisis en asuntos mercantiles, policiales, judiciales en la que además vinculaban estos servicios con fuerzas de seguridad”.
Denunció a sus superiores y trasladó sus informes al juzgado, donde sigue tramitándose la causa. Sus datos apuntaban a una trama delictiva con muchos de los elementos por lo que, dos años después, la Audiencia Nacional ordenó la detención e ingreso en prisión incondicional del comisario.
La investigación judicial ya tiene acreditado que Villarejo se dedicó a través de sus empresas privadas y cuando todavía estaba en el servicio activo de la policía a cobrar “dádivas ilícitas” e incluso a cometer otros delitos por cuenta de sus clientes como el “acceso a documentación restringida, uso de seguimientos o práctica de intervenciones tecnológicas sin cobertura legal”.
El policía de Asuntos Internos que destapó las actuaciones ilegales de Villarejo fue degradado y apartado. En su querella relata que los máximos jefes policiales le citaron a varias reuniones donde le recriminaron por involucrar al comisario Villarejo en la investigación además de censurarle por incluir a este policía en las diligencias de manera gratuita. Cuando les explicó que había sido el pequeño Nicolás quien citó a Villarejo en su declaración, le indicaron que debía haberse entrevistado previamente con el imputado para saber lo que iba a declarar.
“Pero no se puede citar al instructor policial en una investigación judicializada y que parte se encontraba secreta, para que informe delante del posible investigado si efectivamente se le está investigando y por qué”, explica el policía de Asuntos Internos. Este departamento presentó un año después una denuncia similar ante la Fiscalía de Madrid, que la archivó por entender que no se podía abrir una investigación prospectiva en busca de algo.
El comisario Villarejo recibió una medalla con distintivo rojo durante la etapa del ministro Jorge Fernández Díaz al frente de Interior por sus trabajos en Cataluña. Unos años antes, con el Gobierno socialista, Villarejo había recibido otra condecoración semejante. Fernández Díaz defendió a Villarejo cuando ya eran públicas algunas de sus actuaciones polémicas: “Ha prestado relevantes servicios en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Y eso no se puede olvidar en ningún momento”. (José Manuel Romero, Pablo Ordaz, El País, 30/09/18)
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