"El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González,
mantiene un importante patrimonio oculto a la Justicia, procedente de
la evasión de fondos públicos, que habría sido desviado presuntamente a
través de un complejo entramado societario a paraísos fiscales.
Según se desprende del escrito remitido por la Fiscalía
Anticorrupción al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco,
-oponiéndose a la excarcelación del exdirigente del Partido Popular
(PP)- González "dispone de una ingente cantidad de fondos públicos que en el momento actual no están controlados".
Los fiscales Carmen García Cerdá y Carlos Iáñez explican que las actuaciones presuntamente delictivas llevadas a cabo en el caso Lezo"han traspasado fronteras" ya que existen indicios de la comisión de distintos delitos a través de las filiales de Inassa -la empresa del Canal de Isabel II que gestiona las sociedades en América Latina- en países como Brasil, Panamá o Colombia.
Anticorrupción explica que Inassa era una empresa pública -que estuvo bajo el paraguas de Edmundo Rodríguez Sobrino, hombre fuerte de González- que fue gestionada por los cabecillas de Lezo "como si de una empresa privada se tratase",
ya que ésta fue utilizada para desviar fondos públicos del Canal de
Isabel II haciendo los investigados un "uso indiscriminado" de la misma.
El Ministerio Público sospecha que esos fondos públicos desviados
presuntamente por Ignacio González y Rodríguez Sobrino están escondidos en Suiza, Luxemburgo y Reino Unido.
Vozpópuli ya publicó el pasado 20 de abril que los investigadores del caso Lezo sospechan que el expresidente González cobró comisiones millonarias a través de sociedades off shore radicadas
en paraísos fiscales. Sin embargo, dichas mercantiles pantalla no
figuraban a nombre del exdirigente del Partido Popular sino de su hombre
de confianza en Latinoamérica.
En aras de acreditar
estos hechos, y de averiguar el paradero de los fondos públicos
desviados, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ya ha cursado
distintas Comisiones Rogatorias a países como Suiza, Panamá, Bélgica y Liechtenstein solicitando auxilio y colaboración judicial. De la investigación se desprende que sólo a través de la operación de compra de la sociedad brasileña Emissao por parte de se desviaron 20 millones de euros de las arcas públicas.
De la misma forma, los fiscales Anticorrupción señalan que la investigación de esta causa de corrupción "ha acreditado que Ignacio González disfrutaba de un nivel de vida incompatible con sus fuentes de renta".
"En la misma línea la capacidad económica de la familia González es
absolutamente incompatible con las inversiones que pretendían realizar",
añaden Iáñez y García Cerdá.
Los miembros del
Ministerio Público explican que, precisamente, una de las líneas de
investigación en este procedimiento judicial es la referida a toda la
actividad desplegada por el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre y
su entorno para el afloramiento de capitales.
La Fiscalía sospecha que los imputados "proyectaban inversiones de
capitales en distintos países, crearon sociedades con personas
interpuestas y utilizaron fondos de inversión a través de los que
pretendían pasear el dinero para luego invertirlo".
Por todos estos motivos, Anticorrupción se opone a la excarcelación de González.
Los fiscales argumentan el alto riesgo de fuga existente y las altas
posibilidades de reiteración delictiva y obstrucción de pruebas si el
exdirigente del PP queda en libertad en estos momentos cuando la investigación está en curso y la Guardia Civil analiza todo el material incautado en los registros practicados los pasados 19 y 20 de abril." (Ángela Martialay, Vox Populi, 10/05/17)
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