Ex director general de Interior dirigía el 'cártel del fuego'

"La Policía Nacional ha practicado más de 20 detenciones y varios registros en Valencia y en otras provincias españolas derivadas de la causa que provocó la detención del ex conseller de Gobernación y Justicia y ex delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, por presuntos favores a la empresa Avialsa, con cuyo presidente coincidió en cacerías, y a la que se le adjudicó contratos para la extinción de incendios. La operación la coordina el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia), encargado de este procedimiento, que continua secreto. 

Según ha podido saber EL MUNDO, en la operación, los agentes de la Udef habrían arrestado a más de 20 personas entre altos cargos y empresarios de varias regiones relacionadas con el cártel del fuego en cuya orbita se situaría Castellano. 

Además, se habría producido el registro de varias dependencias del Departamento de Bomberos de la Generalitat Catalana. En concreto, los agentes están registrando desde media mañana el edificio de los Bomberos de la Región Metropolitana Sur de Barcelona, en Sant Boi de Llobregat, y una oficina de la central de los Bomberos en Bellaterra.

Según esta información, la actuación judicial incluye un registro en la sede de la empresa Inaer, la empresa que suministra los helicópteros de la Generalitat Valenciana. Según su página web, Inaer es la compañía líder en España en servicios de emergencia aérea y mantenimiento de aeronaves, especializada en operaciones de vital importancia como emergencia médica, protección civil, búsqueda y rescate en mar y montaña, vigilancia de costas y pesquera, lucha contra incendios, entrenamiento y mantenimiento de aeronaves. Inaer estaría vinculada a las empresas que supuestamente pactaban los precios de adjudicaciones para influir en los precios.

Según una nota difundida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, el Juzgado de Instrucción 2 de Sagunto ha coordinado hoy un dispositivo policial de ámbito nacional en el marco de las diligencias que se siguen por un presunto amaño de contratos públicos relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales.

La operación policial desarrollada este miércoles por el Grupo 24 de la UDEF, se ha saldado con la detención por orden del juez instructor, de dos personas. Una de ellas es un ex alto cargo de la Generalitat Valenciana, según diversas fuentes, Pedro Hidalgo, ex director general de Interior. 

Hidalgo lleva años retirado de la vida política pero fue uno de los hombres de confianza de Castellano. Según los datos recopilados por esta redacción, Hidalgo permanece a estas horas detenido en los calabozos y la Policía podría agotar los plazos legales para ponerlo a disposición del juzgado. El otro arrestado es un alto cargo de la Generalitat de Cataluña. Aún no han pasado a disposición judicial. También hay cargos del departamento de bomberos custodiados por la Policía.

La Policía, además ha detenido a una veintena de personas y ha practicado 20 registros en empresas y viviendas. Además de la Comunidad Valenciana y Cataluña, la operación (detenciones y registros) se ha desarrollado de forma simultánea en Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha y Extremadura. 

Hasta este momento hay más de 30 personas y 20 empresas investigadas por amañar, supuestamente, concursos públicos de ámbito autonómico, nacional e internacional (Italia y Portugal).

La causa, que sigue secreta, está abierta por organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público.

La caída de Castellano

A finales de mayo de 2015, la Policía detuvo a Castellano, cuando ocupaba el cargo de delegado del Gobierno, en una operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Así mismo, la jornada se saldó con otros nueve arrestados más, entre ellos, el empresario Vicente Huerta, propietario de Avialsa. 

Otro de los arrestados fue el entonces alcalde de Quartell Francisco Huguet (PP), también empleado de Avialsa, por supuestamente haber entregado dinero al exconseller para ir de caza; y un exconcejal del PP en esta localidad, Emilio Máñez.

 Otro detenido fue José Miguel Taroncher, quien recibió adjudicaciones de Castellano en las Consellerias de Sanidad y Gobernación. También se practicaron diferentes registros tanto en el domicilio de Castellano como en la sede de la conselleria o de esta mercantil. Todos ellos quedaron en libertad provisional. 

En ese momento, el juzgado abrió una causa por presuntos delitos de malversación, prevaricación y blanqueo de capitales, entre otros, que estaba declarada secreta. El ministerio público llevaba investigando desde el mes de octubre de 2014 contratos adjudicados a Avialsa por parte de Castellano entre los años 2008 y 2010 para la extinción de incendios forestales por un importe de más de 33 millones de euros.

Denuncia del ex gerente

La Fiscalía abrió esta investigación a raíz de una denuncia interpuesta por el ex gerente de Avialsa, Francisco Alandí, en la que se aludía a supuestos regalos efectuados por Huerta a Castellano relacionados con cacerías de patos y perdices; y, por otro, a gestiones del exconseller para favorecer al directivo. 

Esta causa dio lugar a la apertura de una investigación también por diferentes actuaciones urbanísticas y otros contratos más allá de Avialsa que se extenderían a todo el territorio nacional y otras empresas del sector. Estas últimas pesquisas son las que han provocado las nuevas detenciones y registros realizados este miércoles, 13 de enero, ha podido saber Europa Press. Junto a esta pieza, el mismo juzgado de Valencia investiga una querella interpuesta por Avialsa contra Francisco Alandí por estafa."          (El Mundo, 13/01/16)

" El juzgado de Instrucción 2 de Sagunto golpeó ayer con fuerza al cártel del fuego al que aparentemente pertenecía y favoreció Serafín Castellano, ex delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y ex conseller de Gobernación de la Generalitat. 

Un grupo de empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales investigadas por pactar precios e influir en las adjudicaciones públicas de España, Portugal e Italia. El presunto fraude, según pudo averiguar ayer este periódico, supera los 100 millones de euros. Es la cantidad en concursos públicos que habría obtenido el cártel pactando precios.

Según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional practicaron ayer más de 20 detenciones en Alicante, Valencia y otras provincias españolas derivadas de la causa que motivó la detención de Castellano, en mayo de 2015, por presuntos favores a la empresa valenciana Avialsa.

 La investigación apunta a su presidente, el empresario valenciano Vicente Huerta, como el presunto cerebro del cártel del fuego. Ayer no fue detenido por la Policía, según apuntaron desde su entorno.

La operación policial desarrollada por el Grupo 24 de la Udef se saldó con dos altos cargos detenidos. Uno de ellos es un ex dirigente de la Generalitat Valenciana, Pedro Hidalgo, ex director general de Interior con Castellano. 

Hidalgo está retirado de la política y la investigación apunta a que aceptó regalos a cambio de favorecer a Huerta y sus aliados. El otro arrestado es un alto cargo de la Generalitat de Cataluña. Aún no han pasado todos los detenidos a disposición judicial y la Policía podría agotar el plazo legal para sentarlos en el juzgado.

Además, según fuentes judiciales, los agentes detuvieron a una veintena de personas y practicaron 20 registros en empresas y viviendas. Además de la Comunidad y Cataluña, la operación -detenciones y registros- se desarrolló de forma simultánea en Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha y Extremadura. Los agentes de la Udef también irrumpieron en el edificio de los Bomberos de la Región Metropolitana Sur de Barcelona, en Sant Boi de Llobregat, y una oficina de la central de los Bomberos en Bellaterra.

Una de las empresas valencianas que la Policía registró fue Inaer -con sede en Mutxamel (Alicante)- la empresa que suministra los helicópteros de la Generalitat Valenciana. Según su página web, Inaer es «compañía líder en España en servicios de emergencia aérea y mantenimiento de aeronaves, especializada en operaciones de vital importancia como emergencia médica, protección civil, búsqueda y rescate en mar y montaña, vigilancia de costas y pesquera, lucha contra incendios, entrenamiento y mantenimiento de aeronaves». Inaer estaría vinculada a las empresas que supuestamente pactaban los precios de adjudicaciones para influir en los precios.

Hasta este momento hay más de 30 personas y 20 empresas investigadas -término que sustituye al de imputado tras la entrada en vigor de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal- por amañar, supuestamente, concursos públicos de ámbito autonómico, nacional e internacional -Italia y Portugal-.

La causa, que sigue secreta, está abierta por organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público.

Monopolio

La trama de Serafín Castellano es mucho más que un rifle o una batida de perdices. Los regalos que habría recibido el también ex secretario general del PPCV con Alberto Fabra son sólo la mirilla por la que se asomó la Policía para seguir tirando del hilo en un caso que, con toda probabilidad, acabará en la Audiencia Nacional por las conexiones internacionales y entre comunidades autónomas.

Los integrantes de la trama se habrían repartido todos los concursos públicos de España, Italia o Portugal pactando precios bajos para compartir más tarde el sobrante. Lo conseguían sobornando a multitud de cargos públicos del país, funcionarios del Ministerio de Fomento incluidos.

Entre los cargos agasajados, además de Castellano, también figura Hidalgo. Según la información de la que dispone EL MUNDO, el ex alto cargo al que la Policía detuvo ayer habría recibido un Volkswagen Touareg para el use y disfrute de su hijo. Otro alto cargo de Fomento, Salvador Alepuz, quien ya fue detenido, habría recibido un Golf.

Según estas fuentes, la Policía sospecha que la trama actuaba como un monopolio, sus integrantes se concertaban entre sí como en un reino de taifas y nadie se presentaba a un concurso en territorio del otro. Huerta habría dirigido la rama de Valencia y Cataluña, e informó del reparto a Castellano en una de las cacerías celebradas en Castilla La Mancha que también se investigan. Los altos cargos implicados están vinculados al PP, CIU o PSOE.

 En Cataluña, por ejemplo, se investigan sobornos que podrían afectar a los primeros gobiernos de Jordi Pujol. Con la operación de ayer la Policía completa la segunda fase del caso.

El origen

La Fiscalía especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada abrió diligencias de investigación penal en octubre de 2014. Las declaraciones de Antonio Alandí -el ex gerente de Avialsa que denunció la red ante el delegado de Anticorrupción en Valencia, el fiscal Vicente Torres-, han permitido constatar cómo determinadas empresas del sector de extinción de incendios forestales crearon esta red. No se pisaban el negocio el uno al otro. Un chollo teniendo en cuenta que el fuego es un negocio, que ardan los bosques es una oportunidad de crecimiento para estas empresas.

En la causa se incluyen multitud de correos electrónicos, a los que ha tenido acceso este periódico, en los que los empresarios bajo sospecha acuerdan cómo repartirse el negocio. Incluso redactaban actas de las reuniones que celebraban. También presentaban ofertas cebo para controlar los precios e influir en la adjudicación final.

Lealtad y regalos

Serafín Castellano habría disfrutado durante años de un buen ritmo de vida a costa de las empresas a las que regaba con millones de euros en contratos públicos. El método: obsequios y lealtad a cambio de adjudicaciones. Los concursos públicos se cocinaban en restaurantes como El Cañar, muy frecuentado por políticos valencianos, y los pliegos administrativos parecían hechos a la medida de los amigos contratistas del ex delegado del Gobierno.

Ese mismo esquema pudo repetirse en el resto de España y otros países. Según fuentes próximas al caso, la cantidad presuntamente malversada supera los 100 millones de euros y la Policía también investiga si los empresarios movieron hasta 600.000 euros en dinero negro desde Italia.

Sólo por el contrato que Serafín Castellano adjudicó a Inaer, una de las empresas que ayer registró la Policía, la Generalitat pagará más de 32 millones de euros por el servicio de helicópteros medicalizados o de extinción de incendios. Castellano adjudicó este contrato en 2013 y finaliza este año.

Hay al menos ocho comunidades autónomas implicadas. Se trata de Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cataluña y Aragón.

El ex gerente de Avialsa que denunció los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción aportó a los investigadores abundante documentación sobre la ausencia de competencia entre empresas cuya autenticidad ya habría acreditado la Policía para llevar a cabo esta segunda fase del caso. 

Entre esa documentación destacan otros correos electrónicos que apuntan a pactos de no competencia entre empresas del sector que desde hace años llevan actuando en el mercado de manera concertada y repartiéndose el mercado por áreas de influencia. 

Entre las mercantiles salpicadas por la trama, además de Avialsa, está Faasa Aviación, Cegisa, Santiago Cid Grupo Inaer, T.A. Extremeños, Santiago Cid o Trabajos Aéreos Espejo. Todas estas empresas pertenecen a la Asociación AECA-Asociación Española de Compañías Aéreas y están dedicadas al sector de la aviación. 

«Amigos todos. Tras la reunión ayer en Madrid referente al concurso en Portugal, paso a resumir lo que pensamos que debe hacerse. Contactar con Ribeiro para ofrecerle entrar con nosotros [...] Recopilar toda la información de aviones y empresas para presentarla al concurso con o sin Ribeiro [...] 

Los detalles de nuestra oferta dependerán de que tengamos enemigos [Ribeiro] o no, y pueden ser comentados entre nosotros a última hora antes de presentar», es sólo una parte de un correo electrónico que muestra cómo actuaba la red.

Esta práctica, la de concertar precios ofertados en concursos públicos, suele ser castigada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero al apuntar la investigación a otros delitos como el cohecho o el blanqueo de capitales se instruye por la vía penal en virtud del artículo 262 del Código Penal."             (El Mundo, 14/01/16)