"Un juez de Irún (Guipúzcoa) ha citado a declarar como
imputados a un notario y a nueve religiosos, entre ellos los
representantes legales de los Dominicos, los Trinitarios y los
Salesianos en España, acusados de estafar a una anciana moribunda, a la
que supuestamente engañaron para que les cediera su caserío.
En
un auto, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Irún ha
citado a declarar a los religiosos, tras admitir a trámite la querella
presentada por los familiares de la anciana, fallecida en septiembre de
2011 a los 94 años, al entender que "presenta los caracteres de un delito de estafa".
La querella la han presentado los descendientes de la
fallecida, que residen en el caserío de Irún que la mujer cedió a la
Iglesia, después de que un apoderado de las congregaciones titulares de
la vivienda presentara, en marzo de 2014, una denuncia por usurpación
contra ellos con el propósito de desalojarlos de la misma.
La
denuncia sostiene que la mujer, que casi no sabía leer ni escribir,
cedió a las congregaciones religiosas querelladas la titularidad del
caserío en el que residía -valorado en cerca de un millón de euros- a
cambio de una pensión mensual que ella creyó erróneamente que sería de
900.000 pesetas (5.409 euros), pero que en realidad era de apenas 900
euros.
Poco después de la firma del contrato -que preveía que la
anciana recibiría sustento y asistencia médica y religiosa en su
domicilio-, la mujer se arrepintió del trato y envió un burofax a las
entidades religiosas en las que afirmaba sentirse "engañada" y expresaba
su deseo de recuperar su casa, documento que se incluye en la querella.
Sin embargo, las tres congregaciones religiosas, en otro
burofax que también aportan los querellantes, rechazaron la pretensión
de la anciana recordándole que había suscrito el contrato de forma
"libre" y a cambio de "contrapartidas onerosas".
Según mantienen los querellantes, fue el notario de
Hondarribia R.L. -también imputado- quien, consciente del valor de la
propiedad de la anciana, de su avanzada edad y su débil estado de salud,
así como de sus convicciones católicas, decidió "desposeer a la señora
M. de su patrimonio a precio de saldo a través de entidades religiosas".
La querella sostiene que el notario contactó con la Orden de
Predicadores (Dominicos), con la Congregación o Instituto de Hermanas
Trinitarias y con el Asilo de la Santísima Trinidad para ejecutar un
"minucioso plan" con el fin de quedarse con la propiedad de la anciana.
Según la querella, formalizada por un abogado de Barcelona,
la mujer empezó a recibir visitas cada vez más frecuentes del padre de
la parroquia a la que acudía, conocido como "padre Antonio", quien de
esa forma se ganó su confianza y logró que la anciana otorgara un
testamento.
En él
establecía varios legados y nombraba herederos universales a la orden de
los Padres Salesianos Don Bosco, los Padres Dominicos y el colegio
Hogar de la Santísima Trinidad de Vigo.
Posteriormente, la anciana firmó un contrato de cesión de
"nuda propiedad" de su vivienda -una finca de 7.315 metros cuadrados
situada en el barrio Semisarga de Hondarribia- a dichas órdenes
religiosas, a cambio de 900 euros de pensión mensuales, cantidad que los
querellantes sostienen era "ridícula para su estatus social y para el
mantenimiento que exigía el propio patrimonio del que era
usufructuaria".
El juez ha citado como imputados en relación con estos
hechos, no solo a los religiosos que participaron directamente en los
hechos, sino a los representantes legales de las órdenes de los
Salesianos, Dominicos y Trinitarios, gracias a la reforma del Código
Penal de 2010 que permite imputar a entidades jurídicas.
Para mañana, está previsto que declaren como imputados por
exhorto, a través de un juzgado de instrucción de Madrid, los
representantes de las comunidades Salesianas, Trinitarias y Dominicos en
España, entre otros religiosos y un letrado de la orden de los
Dominicos." (El Economista, 12/01/2015)
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